lunes, 3 de julio de 2017

EJILDO LUJÁN N. NO ME DEFIENDAS, COMPADRE.


" Es insoportable el espíritu militar en el mando civil."
                                                                                                                            Simón Bolívar

La crisis humanitaria en materia de escasez de alimentos y de medicinas que afecta a los venezolanos, es minimizada e ignorada por las autoridades, fundamentalmente por razones políticas. También porque su predominante propósito gira alrededor de mantenerse en el poder; nunca en servirle a sus ciudadanos.

Fuera del país, adicionalmente, lo que para los gobernantes de otras naciones resulta inaceptable y hasta incomprensible, es que sus representaciones diplomáticas les digan que esa crisis es verdadera. Y, además,  que sucede en un país petrolero; en uno de los productores  que, proporcionalmente, recibió uno de los ingresos per cápita más altos entre los explotadores comerciales de crudo, en razón del poco volumen de habitantes y la mayor cantidad de dólares percibidos durante los años de la última bonanza.

Venezuela, con una población de tan sólo 33 millones de habitantes, registró un ingreso de más de un billón de dólares en menos de 18 años. Y su balance al día de hoy son obras inconclusas, escándalos nacionales e  internacionales por corrupción, deudas fuera del país que se estiman en 180.000 millones de dólares, aproximadamente, y otras obligaciones nacionales en similares proporciones, cuyas obligaciones desestima o supedita a su capacidad para inducir a arreglos con los acreedores, bien bajo la figura  de la amenaza, de la extorsión y de la eventual expropiación o despojo, por lo demás, relativamente funcional  en un país en donde el derecho de propiedad siempre ha danzando en la cuerda floja.

A todo eso, hay que añadir la paralización y pérdida en ciertos casos de la producción de alimentos en más de un 70%; del proceso manufacturero en general en más del 65%; de la contracción del comercio y los servicios sobre el 60%, mientras que su población es hoy víctima de los embates de un proceso empobrecedor generado por la hiperinflación que pareciera haber llegado al país para quedarse y expandirse; gracias, en parte, a que la moneda oficial, el Bolívar, ha sido devaluada en más de 44.000% durante la comandita gubernamental y presidencial de menos de dos décadas.

Todas ellas se tratan de realidades que emergen mientras que el Estado sigue creciendo a expensas del empobrecimiento de su ciudadanía, a la vez que hace gala de su accionar monopólico en la totalidad de los más importantes servicios públicos. Servicios que  hoy aparecen convertidos en la carta de presentación de una gestión administrativa deficiente, incompetente y que menosprecia al ser humano en su más pura esencia social, como es en el respeto a sus derechos consagrados en la vigente Constitución del país.

Desde luego, todo ello no sería ya tan escandalosamente grave si, adicionalmente, Venezuela no luciera hoy como un país centroamericano, lleno de pandillas que se codean y tutean libremente con las autoridades encargadas de hacer que se imparta justicia. A ese hecho, se le atribuye que la nación haya perdido más de 200.000 vidas durante el período 1999-2016, producto del accionar del hampa y del reinado de la impunidad. Como de una violencia sin límites y peligrosamente convertida en un aliado nada oculto al servicio de grupos armados que, de un lugar a otro del territorio nacional, van  en plan de asociados a instituciones uniformadas responsables de “dispersar” ciudadanos en proceso de protesta.

Es por eso por lo que para la ciudadanía venezolana, ya no se hace necesario esforzarse en distinguir, por su comportamiento y accionar, entre un servidor público que le agrede y le maltrata, con respecto al otro que, armado o no, goza de impunidad para desconocer derechos humanos y el derecho de propiedad de una vivienda o de una unidad productiva o comercial.

Se trata de hechos y situaciones que, además, se dan en el medio de un inacabable festival propagandístico gubernamental dirigido a posicionar una supuesta vocación por la paz, por el amor y por la voluntad de dialogar, a la vez que habla de disposición a construir entendimiento. Aunque no guarda reparo alguno en dirigirse a una población que rechaza la violencia, pero a la que insiste en convertirla en su víctima las 24 horas de cada día, porque es así como le hace entender en qué consiste eso de ser Gobierno.

Sí. Del mismo Gobierno que viola o desconoce la Constitución sin que suceda nada, salvo la permanente activación de su monopolio en el uso de las armas, para enfrentar a una población que reclama libertad, democracia y el ejercicio de sus derechos políticos, sociales, económicos. Y que, además, deja entrever su satisfacción por haber sido eficiente en el uso de sus múltiples recursos  durante casi cien días de protesta, indistintamente de que semejante procedimiento se haya traducido en la muerte de casi un centenar de ciudadanos, la mayoría de ellos menores de 20 años; de miles de detenidos y una inolvidable violación de derechos humanos.

Sí. Del mismo Gobierno cuyo andamiaje jurídico reposa en la figura y el desempeño de Jueces del máximo tribunal de justicia que fueron investidos como tal, sin cumplir con los requisitos indispensables para su nombramiento según la Asamblea Nacional. Es decir, al otro Poder Público que  declaró en desacato sin que existiera la citada figura jurídica, sólo para alterar el resultado numérico de un proceso electoral  favorable al sentir democrático de la nación, sin importar, de paso,  el desconocimiento con dicho procedimiento de la autoridad del ente rector del Poder Electoral.

Sí. Del mismo Gobierno que insiste en ir de un lugar a otro para tratar de convencer al país y al mundo de su apego e identidad con la importancia del hecho comicial, pero que en este caso, en especial, ignora proclamaciones electorales, juramentaciones parlamentarias, legitimidad electoral de 4 parlamentarios de un Estado del país. Sin importar, de igual manera, las repercusiones e implicaciones que reviste política y constitucionalmente el hecho de la manifiesta voluntad participativa de 14 millones de venezolanos en elecciones libres, validando la vigencia del poder originario del pueblo.

Y del mismo Gobierno que, sencillamente, mientras apuesta frenéticamente por la celebración de una Asamblea Constituyente Comunal, con el fin de sepultar literalmente a la vigente y de engendrar a otra sin consultar a la ciudadanía, en la jugada, opta por sumarse a la pretensión de enjuiciar a un funcionario que insiste en desempeñarse con base en lo que establece la Constitución, la Fiscal General de la República.

Razones abundan para el asombro internacional, sin duda alguna. Y se da en otros casos como el que se proyectó a nivel nacional  y en el resto del mundo, cuando un funcionario uniformado perteneciente a la Guardia Nacional, al mando de la unidad militar destacada dentro de los predios del parlamento para custodiarlos y defenderlos junto a todos los Diputados que la integran conjuntamente con  el personal administrativo que opera en el mismo, se permitió desconocer a la institución de la Asamblea Nacional.

Y lo hizo al ser increpado por el Presidente de la Asamblea, máxima autoridad de la misma, ante la agresión física de que fueron objeto dos Diputadas por efectivos de la Guardia Nacional, supuestamente responsables de defenderlas y de protegerlas. Ese funcionario, entonces, desconociendo el reclamo y en tono elevado de voz, le respondió, que él, como Comandante de esa unidad, la dirigía "como le daba la gana" y conmina al Presidente de la Asamblea para que se retire, a la vez que lo irrespeta físicamente, dándole un empujón desde la espalda, hasta  sacarlo del recinto

La ciudadanía venezolana y la representación democrática internacional quedaron  asombradas ante lo que vieron y el comportamiento del representante de otra institución pública del país. Porque eso no es propio de los países en los que los poderes públicos guardan distancia legal y valoración ética. Tampoco es compatible  con el ejercicio de las responsabilidades públicas, ni se puede entender en qué consiste realmente la importancia de las conductas institucionales, especialmente en un ambiente de reconocido predominio de la autoridad civil, y en la que la militar es simplemente un soporte de resguardo y protección. Nada más.  

¿Se han producido decisiones correctivas, luego del cuestionable evento institucional del servidor uniformado?.

La gravedad de lo acontecido, sin duda alguna, es hoy un componente de y para el asombro interno y externo. Pero también para analizar y tratar de entender hasta dónde llega la delicada situación política e institucional de un país en el que las fuerzas políticas encontradas se resisten a entenderse, aceptarse y comprenderse.

Si bien hoy pudiera añadirse  como condimento público a lo que se registró en Cancún, y a lo que influyó para que sucediera lo que es tema permanente en América Latina, al no haber habido un resultado satisfactorio en la necesaria búsqueda de soluciones entre el Gobierno y la oposición venezolana,  no menos cierto es que, por haberse dado en México, debería valorarse a partir de lo que sucedió también en Colombia. Allí, luego de lo que, finalmente, pudieron materializar el Gobierno y la comandancia del grupo guerrillero de las Farc, como fue la entrega de las armas y la conversión de este último en expresión de un movimiento político civilizado, se convierte en bienvenido el mensaje del  respetado artista del cine Mexicano, Mario Moreno “Cantinflas”.

El, en una de sus excelentes películas, y ante una situación similar a la del Presidente de la Asamblea Nacional, el Dr Julio Borges, exclamó " NO ME DEFIENDAS, COMPADRE ". Quizás transmitiendo un premonitorio mensaje sobre lo importante que siempre será en las diferencias políticas, que el liderazgo se atreva a dar pasos como los de Colombia, y no degradantes espectáculos institucionales como los de la Asamblea Nacional de Venezuela, cuyo efecto, inevitablemente, siempre será el enrarecimiento de las diferencias.

Egildo Luján Nava
Coordinador Nacional de Independientes Por el Progreso (IPP)

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