DELINCUENTES SIN COARTADA
La
crisis venezolana parece llegar a un desenlace final. Los diversos sectores de
la sociedad han tomado conciencia de la magnitud del conflicto que sufrimos. Y
por primera vez la dirigencia opositora aparece unida en el propósito de salir
de lo que ahora, sin ambages, llaman dictadura.
Esa
realidad se ha evidenciado en las potentes movilizaciones populares ocurridas
en Caracas y en el resto del país que exigen la salida del régimen, la restitución
de la democracia, el restablecimiento del estado de derecho y la recuperación moral,
económica, política y social de la
nación.
El
gobierno, vista la precaria situación en que se encuentra, lanza ahora el
anzuelo de unas posibles elecciones regionales con el fin de paralizar la calle
y distraer los esfuerzos y objetivos de los partidos políticos, divorciándolos
del verdadero clamor ciudadano.
Aceptar
esa propuesta significaría transarse por
la obtención de victorias parciales en las regiones, y esperar hasta el año que
viene para competir en la elección presidencial.
Seguramente
la dirigencia opositora rechazará esa maniobra gubernamental, ya que el nivel
de deslegitimación y descomposición del régimen va más allá del tema de las elecciones
regionales suspendidas en abierta violación de la Constitución.
Las
gentes rechazan esa y cualquier otra tramposa oferta que posponga la
sustitución del gobierno. Saben los
ciudadanos que si este sistema continúa, Venezuela será una ruina impuesta por Cuba
y por delincuentes que capturaron para su provecho las instituciones del Estado
y los instrumentos de represión civil y militar con el fin de mantenerse a toda
costa en el poder.
Perdida
la calle, derrotados en las elecciones del Parlamento y en el debate público,
el gobierno se queda sin discurso. Es el caso del criminal que no puede
sostener su coartada ante el cúmulo de evidencias que el mismo construye en su
intento de seguir incurriendo en el delito. Ya no hay la excusa del anti
imperialismo, o de las conspiraciones de la “derecha vende patria” para
justificar imperdonables tropelías.
Salvo
Bolivia, y con menos entusiasmo Ecuador y Nicaragua, la mayoría de países que
integran la OEA reconocen la crisis venezolana, señalan al gobierno como
responsable de ella y exigen salida electoral, libertad de presos políticos y
plena restitución de la democracia. Una prueba reciente es la actitud del hasta
hace poco complaciente Presidente de Uruguay quien está “altamente ofendido” por declaraciones de
Maduro, en las que éste le acusa de coordinar acciones contra Venezuela a
través de la Embajada de Estados Unidos en Montevideo.
En
ese contexto, la firme posición de Luis Almagro y la ya inocultable dinámica de
una represión cada día mayor en medio de la espantosa crisis humanitaria, han
hecho cambiar la tradicional e inservible diplomacia de formalidades, por la
diplomacia de los principios y de las claras definiciones a las puertas de un
caos capaz de afectar a toda la región.
El
Secretario General de la OEA acaba de dejar constancia nuevamente de la
situación en que se encuentra el gobierno venezolano, negado a cumplir con los
principios que sustentan la Carta Democrática Interamericana auspiciada por Chávez y suscrita por su
gobierno en 2001.
Fortalecido
moral y políticamente, Almagro afirma el día 7, cuando se refiere al asesinato
del joven Jairo Ortiz: “Este crimen debe
llamar a la democracia del país, a hacer justicia, a superar la cobardía de la
ignominia de sus asesinos”.
De
manera enfática emplaza a cesar la represión contra las manifestaciones
pacíficas, y denuncia a “un
autoritarismo que se escuda en las fuerzas armadas que, lejos de actuar como
las fuerzas del orden actúan como las fuerzas de la represión y el terror”.
Dice
además: “Es un autoritarismo que en sus
escalada de odio y vergüenza contagia también de ese odio y vergüenza a las
fuerzas armadas. Este régimen autodenominado cívico – militar es no sólo el
responsable de la pérdida de la Democracia y de la crítica situación
alimentaria en Venezuela, es también responsable de incitar al odio, mediante
la represión”.
Por
su parte el almirante Kurt Tidd jefe del Comando Sur ha señalado que la crisis
humanitaria en Venezuela exige una “respuesta regional”. Con lo que el gobierno
norteamericano (en labios de un militar metido en los más altos rangos de
acción y decisión), pudiera estarnos anunciando no sólo la suspensión de Venezuela del organismo
regional, sino también la aplicación de medidas más directas que permitan la
sustitución del actual gobierno, y luego el
restablecimiento de la democracia mediante elecciones generales, tal y
como lo ha propuesto el Secretario General de la OEA.
Las
declaraciones de Almagro y las del Jefe del Comando Sur, tienen como
destinatario importante a los militares venezolanos en su condición de único
sostén de un gobierno totalmente descalificado ante el mundo por violar
derechos humanos, reprimir a la ciudadanía y exhibir una espantosa corrupción
que ha conducido al país a la ruina y a la crisis humanitaria. A esos militares
que sufren al igual que el resto de los ciudadanos estos tiempos de
descomposición social y crispación colectiva, y que además saben que al
obedecer órdenes contrarias a la ley y a los derechos humanos se convierten en
responsables de crímenes contra la población civil, en un posible escenario de caos
e incontrolable violencia.
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