Carta abierta al Gobierno Venezolano
En una decisión histórica con considerables implicaciones continentales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), la máxima corte de justicia del Hemisferio, sentenció el 1ro de Septiembre de 2011 que el Estado de Venezuela no puede negar los derechos políticos de sus ciudadanos sin un proceso judicial justo y la sentencia firme de un tribunal penal. Aplaudimos esta importante decisión y le insistimos al gobierno venezolano que inmediatamente acate la sentencia, tal como es requerido por la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos.
El derecho a participar en el gobierno es un pilar inmutable de la democracia. Para garantizar elecciones libres y justas, todo ciudadano mayor de edad debe de tener el derecho de votar y de ser electo a un cargo público sin importar su ideología política o afiliación de partido. Si este tan esencial principio democrático puede ser revocado a la discreción de funcionarios de un gobierno, entonces puede ser usado como una herramienta para combatir disidentes u oposición, cometiendo un fraude a las instituciones democráticas de la nación.
En este caso específico, Leopoldo López v. La República Bolivariana de Venezuela, la Corte-IDH sentenció que el Estado de Venezuela violó el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En consecuencia los derechos del conocido político de oposición Leopoldo López y de otros 800 ciudadanos fueron vulnerados pues quedaron inhabilitados de participar en procesos electorales sin el debido proceso judicial y sin oportunidad de presentarse a un juicio. Los Artículos 42 y 65 de la Constitución Venezolana claramente establecen que no se le pueden restringir los derechos políticos a un ciudadano a menos que haya sido encontrado culpable de un crimen por un juez.
La sentencia de la Corte-IDH sienta un importante precedente que tiene consecuencias más allá de Venezuela y en última instancia debería llevar a la restauración inmediata de los derechos políticos de cientos de personas en América Latina que han sido inhabilitadas políticamente. En el caso de Venezuela, la Corte-IDH fue clara en su prescripción de la acción requerida que tiene que tomar el Estado para restaurar la Justicia. Apelamos al gobierno de Venezuela a que respete la sentencia de la máxima Corte del continente y a que se le devuelvan los derechos políticos a los inhabilitados sin juicio, para demostrarle a la comunidad internacional que la democracia esté viva y sana en Venezuela.
Sinceramente,
Lech Walesa, Premio Nobel de la Paz y ex Presidente de Polonia.
Fernando Henrique Cardozo, ex Presidente de Brasil.
Ricardo Lagos, ex Presidente de Chile.
Vaclav Havel, ex Presidente de la Republica Checa.
Julio María Sanguinetti, ex Presidente de la República del Uruguay.
Kerry Kennedy, Presidente del Centro para la Justicia y Derechos Humanos de la Fundación Robert F. Kennedy y Directora de Amnesty USA.
StanislawChouchkievitch, ex Presidente de Bielorrusia.
Dr. Claudio Grossman, Presidente del Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura, Rector de la Escuela de Derecho de la Universidad George Washington, y Ex-Comisionado de la CIDH.
Enrique Krauze, escritor y ensayista mexicano.
HrantBagratian, ex Primer Ministro de Armenia.
Carlos Alberto Montaner, periodista y analista político.
JanRuml, ex ministro del Interior y ex senador de la Rep. Checa.
Jorge Castañeda, ex-Secretario de Relaciones Exteriores de México.
Moisés Naím, miembro del Fondo Carnegie para la Paz Internacional.
Sergio Bitar, Senador de la República de Chile. Ministro de Minería, de Educación y de Obras Públicas durante los gobiernos de Allende, Lagos y Bachelet, respectivamente.
Wendy W. Luers, Presidenta de la Fundación por una Sociedad Civil y cofundadora del Proyecto sobre la Justicia en tiempos de transición.
Jaime Mario Trobo,Diputado de la República del Uruguay.
Tabaré Viera, Senador de la República del Uruguay.
Dra. Adriana Peña, Intendente del Departamento de Llavalleja en la República del Uruguay.
Luis Ayala, Secretario General de la Internacional Socialista.
Senador Iñaki Anasagasti, Presidente de la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado del Reino de España.
Arístides Royo, ex Presidente Panamá.
Emil Constantinescu, ex-Presidente de Rumania.
Vladimir Bukosvky, líder disidente y ex preso político de la Unión Soviética. Candidato inhabilitado para las elecciones presidenciales de Rusia de 2008.
Senador Paco Moncayo, ex-Alcalde de la ciudad de Quito, Ecuador.
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