(Caracas 19/10/2011).- Líderes mundiales de reconocida trayectoria expresaron su apoyo al precandidato presidencial Leopoldo López e instaron al Gobierno Nacional a acatar el fallo emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que estableció que el Estado de Venezuela no puede negar los derechos políticos de sus ciudadanos sin un proceso judicial justo y la sentencia firme de un tribunal penal “Le insistimos al Gobierno venezolano que inmediatamente acate la sentencia, tal como es requerido por la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos”.
La carta abierta está firmada por personalidades como Lech Walesa, Premio Nobel de la Paz y ex presidente de Polonia; Fernando Henrique Cardozo, ex presidente de Brasil, Ricardo Lagos, ex presidente de Chile; Vaclav Havel, ex presidente de la República Checa; el doctor Claudio Grossman, presidente del Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura, rector de la Escuela de Derecho de la Universidad George Washington y ex-comisionado de la CIDH; Enrique Krauze, escritor y ensayista mexicano, Kerry Kennedy, presidente del Centro para la Justicia y Derechos Humanos de la Fundación Robert F. Kennedy y directora de Amnesty USA; Luis Ayala, secretario general de la Internacional Socialista y Carlos Alberto Montaner, periodista y analista político.
Se suman a este apoyo Stanislaw Chouchkievitch, ex presidente de Bielorrusia; Hrant Bagratian, ex Primer Ministro de Armenia, Jan Ruml, ex ministro del Interior y ex senador de la República Checa; Jorge Castañeda, ex-Secretario de Relaciones Exteriores de México; Moisés Naím, miembro del Fondo Carnegie para la Paz Internacional y Sergio Bitar, Senador de la República de Chile.
Claramente los firmantes expresan que el derecho a participar en el gobierno es un pilar inmutable de la democracia para garantizar elecciones libres y justas. Su mayor preocupación es que si no se cumple el principio de que todo ciudadano mayor de edad debe de tener el derecho de votar y de ser electo a un cargo público sin importar su ideología política o afiliación de partido, se comete un fraude al sistema.
“Si este tan esencial principio democrático puede ser revocado a la discreción de funcionarios de un gobierno, entonces puede ser usado como una herramienta para combatir disidentes u oposición, cometiendo un fraude a las instituciones democráticas de la nación”, subrayan.
Los reconocidos especialistas explican que en el caso específico de Leopoldo López, la Corte-IDH sentenció que el Estado de Venezuela violó el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En consecuencia los derechos del principal dirigente de Voluntad Popular y de otros 800 ciudadanos fueron vulnerados pues quedaron inhabilitados de participar en procesos electorales sin el debido proceso judicial y sin oportunidad de presentarse a un juicio.
Refieren además que los Artículos 42 y 65 de la Constitución venezolana claramente establecen que no se le pueden restringir los derechos políticos a un ciudadano a menos que haya sido encontrado culpable de un crimen por un juez.
“La sentencia de la Corte-IDH sienta un importante precedente que tiene consecuencias más allá de Venezuela y en última instancia debería llevar a la restauración inmediata de los derechos políticos de cientos de personas en América Latina que han sido inhabilitadas políticamente”, aseguran en su carta abierta dirigida al Gobierno Venezolano.
Enfatizan que el caso de López, la Corte-IDH fue clara en su prescripción de la acción requerida que tiene que tomar el Estado para restaurar la Justicia. “Apelamos al gobierno de Venezuela a que respete la sentencia de la máxima Corte del continente y a que se le devuelvan los derechos políticos a los inhabilitados sin juicio, para demostrarle a la comunidad internacional que la democracia está viva y sana en Venezuela”.
En este importante documento también se suman las rúbricas de Julio María Sanguinetti, ex presidente de Uruguay; Wendy W. Luers, presidenta de la Fundación por una Sociedad Civil y cofundadora del Proyecto sobre la Justicia en tiempos de transición; Jaime Mario Trobo, diputado de la República del Uruguay; Tabaré Viera, Senador de la República del Uruguay; Adriana Peña, gobernadora del Departamento de Llavalleja de la República del Uruguay; Iñaki Anasagasti, presidente de la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado del Reino de España; Emil Constantinescu, ex-presidente de Rumania; Vladimir Bukosvky, líder disidente, ex preso político de la Unión Soviética y candidato inhabilitado para las elecciones presidenciales de Rusia de 2008 y el Senador Paco Moncayo, ex-Alcalde de la ciudad de Quito, Ecuador.
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