El Gobierno avanza en una deslegitimación del sistema democrático español que traerá consecuencias graves y duraderas. La estrategia es clara: todas aquellas instituciones que no se someten a sus aspiraciones de control son presentadas por el PSOE y por su bloque de poder como enemigos de la democracia y como prueba fehaciente de que el sistema de derechos y libertades que nos protege desde 1978 está quebrado. El presidente Sánchez está acelerando un ambiente preconstituyente en el que los partidos de derecha y centroderecha, los jueces no sujetos a la obediencia del PSOE y los medios de comunicación críticos son señalados como agentes ilegítimos e incluso golpistas.
La institución clave cuya legitimidad el Gobierno está destrozando sin escrúpulo es el Tribunal Constitucional (TC). El movimiento es extraordinariamente peligroso, pues se trata del árbitro supremo entre los poderes del Estado y del garante final de los derechos fundamentales de los ciudadanos y sobre todo de las minorías. El Ejecutivo quiere someterlo para lograr de forma inmediata un vuelco político en su composición, y en ese empeño ha impulsado un arrollamiento autoritario que ha llevado al país a una situación de máxima tensión institucional.
El TC se reunió para decidir si aceptaba la suspensión cautelarísima, reclamada por el PP, del pleno que ya discurría en el Congreso, mientras el PSOE y varios ministros advertían a los magistrados que, de hacerlo, cometerían -en palabras de María Jesús Montero- un «atropello a la democracia». El socialista Felipe Sicilia llegó a asegurar que la derecha pone en peligro la democracia y vinculó al PP con el 23-F y con el levantamiento de Franco en 1936.
Finalmente el TC optó por aplazar su decisión al lunes y permitir la continuación de la sesión en la Cámara Baja, que por la tarde aprobó la reforma urgente y notoriamente inconstitucional de las leyes orgánicas del Poder Judicial y del TC, así como la supresión del delito de sedición y el abaratamiento de las penas por malversación, destinados a beneficiar a los líderes del 1-O. La tramitación se cerrará el jueves en el Senado, si el TC no lo impide.
El tenso pleno de este jueves recuerda a las sesiones del 6 y 7 de septiembre de 2017 en las que el Parlament aprobó las leyes de desconexión de Cataluña respecto al marco constitucional. En el Congreso se aprueban ahora en seis días, sin los informes preceptivos, sin apenas debate y con los letrados de la Cámara en contra, reformas legislativas que afectan al núcleo básico de la convivencia. Ello bajo el argumento genuinamente iliberal de que los jueces no pueden cuestionar lo que decide una mayoría política desde sus escaños. El procés revive de la mano del PSOE, que, despreciando a la Justicia y entronizando la voluntad del pueblo por encima de los tribunales y de la Constitución, emula el discurso clave del independentismo, mientras genera en él la expectativa de un referéndum.
Ante una crisis institucional histórica deben invocarse la resistencia y el coraje democráticos y, por encima de todo, el imperio de la ley.
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