Sus gobiernos tuvieron muchas luces pero también
sombras alargadas. Los crímenes de los GAL, una
corrupción que todo lo invadía, la politización del
Poder Judicial... y la posterior travesía en el desierto
de un PSOE que alumbró a un hijo díscolo: Zapatero
Con las manos entrelazadas de Felipe González y Alfonso Guerra en el balcón de la suite 110 del hotel Palace de Madrid el 28 de octubre de 1982, el PSOE inició un camino que marcaría el devenir de España. González, abogado andaluz de 40 años, se convirtió en el primer presidente socialista desde la II República y encadenó cuatro legislaturas (1982-1996; las tres primeras con mayoría absoluta) en las que en buena medida se cumplió la frase profética de su número dos: «A España no la va a reconocer ni la madre que la parió». Fue una época de muchas luces, de una extraordinaria modernización, pero también de alargadas sombras. Hoy, 40 años después, el PSOE hace un balance público complaciente, pasando por alto un puñado de errores que el país todavía paga.
CORRUPCIÓN INCESANTE
Uno de los fenómenos que el imaginario popular vincula más claramente con aquella época es la corrupción. «Fueron años de impunidad», resume Álvaro Soto Carmona, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Madrid. Soto, especialista en los vaivenes del socialismo, ha entrevistado a varios de los protagonistas de aquella época, como al propio González, para escribir Transición y cambio en España, 1975-1996 (Alianza Ensayo, 2005), entre otras obras. Confiesa su «felipismo», pero no dulcifica su visión sobre aquella etapa. «Felipe», dice el historiador, «subordinó totalmente el partido al culto a su personalidad». Y se escudó en supuestos inventos de la derecha cada vez que un caso de corrupción salpicaba a su Gobierno. Fueron muchos y sonados. Se puede decir que todo arrancó con el célebre caso Juan Guerra, en torno al hermano del vicepresidente. Siguieron el caso Filesa (financiación ilegal del partido), el caso Ibercorp (sobre Mariano Rubio, gobernador del Banco de España), el estrambótico caso Roldán (robo y fuga del director de la Guardia Civil), las escuchas del CESID...
«Hubo mucho dejar hacer. Y González no fue capaz de pararlo, no tomó ninguna medida», apunta Soto. «La corrupción fue la gota malaya. La desconfianza de la ciudadanía hacia el Gobierno era absoluta. Se creó un ambiente, un hedor que lo impregnaba todo, que se hizo irrespirable. ¡Si es que hasta el Boletín Oficial del Estado estaba corrupto!».
LA INMORALIDAD: LOS GAL
En el declive electoral del PSOE tuvieron mucho que ver la corrupción y una prensa entregada a destaparla. Una prensa que, primero con Diario 16 y después con EL MUNDO a la cabeza, desveló el punto más negro de la etapa socialista: los Grupos Armados de Liberación (GAL).
Exponente de la peor de las cloacas, el terrorismo parapolicial se desplegó con una facilidad asombrosa en los primeros años de González en la Moncloa (1983-1987). Con el propósito de acabar con ETA de manera expeditiva -y de terminar con su santuario francés-, algunos de los más altos cargos del Ministerio del Interior decidieron crear, financiar y patrocinar a los GAL. Asesinaron a 27 personas, empezando por los etarras José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala: secuestrados, torturados, asesinados y enterrados con cal viva en octubre de 1983.
¿Qué supusieron los GAL? «Un desastre. Era un grupo tan chapucero que el 40% de sus víctimas no eran miembros de ETA», explica el historiador Gaizka Fernández Soldevilla, autor de El terrorismo en España (Cátedra, 2021). «Además de inútil, el terrorismo parapolicial fue inmoral. Se trató de un grave crimen que quebró el ordenamiento jurídico, denigró al Estado de derecho, manchó toda la etapa socialista y alimentó el relato legitimador de la izquierda abertzale, ese supuesto conflicto entre dos bandos. También sirvió de excusa a parte del nacionalismo moderado para situarse en una ambigua equidistancia entre 'todas las violencias'». Un relato pesadamente vigente hoy.
Fueron condenados el ministro José Barrionuevo y su secretario de Estado, Rafael Vera; mercenarios y agentes de la ley como el inspector de la Policía Nacional José Amedo o el comandante de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo; los gobernadores civiles de Vizcaya y Guipúzcoa... El presidente González -que tuvo que declarar como testigo por el secuestro del vendedor de mobiliario de oficina Segundo Marey- no solo no hizo autocrítica sino que acudió a abrazar a Barrionuevo y a Vera en su ingreso en la cárcel.
LA POLITIZACIÓN JUDICIAL
«Montesquieu ha muerto» es una frase que siempre se le ha atribuido al entonces poderoso Alfonso Guerra, aunque él la achaca a un equívoco. Fuera o no cierta, la sentencia encaja a la perfección con la reforma del poder judicial que lideró el vicepresidente, que el PSOE impuso gracias a su mayoría absoluta -con el posterior aval del Tribunal Constitucional- y que España arrastra hasta el día de hoy.
Cuando González llegó al Gobierno, la ley establecía que 12 de los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial eran nombrados por los propios jueces y magistrados, y los ocho restantes por el Congreso y el Senado. A partir de 1985 los 20 vocales los eligen las dos Cámaras. El poder legislativo invadió el judicial.
«Aquello fue la semilla de lo que estamos viviendo ahora», indica Elisa de la Nuez, secretaria general de la Fundación Hay Derecho y abogada del Estado en excedencia: «El poder político o legislativo controla al poder judicial, rompiendo el principio de separación de poderes. En ese momento se argumentaba que tenía cierta lógica dada la composición del poder judicial, aún tradicional y franquista. Pero algo que podía tener un sentido coyuntural se ha convertido en estructural, cuando ya el cuerpo judicial no tiene nada que ver con el de entonces».
«Sin embargo», continúa De la Nuez, «ahora se justifica abiertamente diciendo que el poder judicial debe estar vinculado con la inclinación política mayoritaria del pueblo, cuando eso es propio de estados autoritarios e iliberales. En realidad, la vinculación del poder judicial con el pueblo estriba en que jueces profesionales interpretan y aplican las leyes aprobadas democráticamente. La consecuencia de aquel cambio es evidente: sin una justicia verdaderamente independiente se erosiona el funcionamiento de la democracia».
LAS AUTONOMÍAS
La hipertrofia del sistema autonómico se desarrolló en los años de gobierno felipista. Cuando en 1982 el PSOE alcanza el Gobierno, el mapa autonómico está definido. La UCD y los socialistas han pactado una España autonómica que va proclamando sus estatutos y que, con el de Andalucía (1981), abandonará el autonomismo de primera y de segunda, de modo que las denominadas nacionalidades históricas no tendrán más autonomía -salvo la fiscal del País Vasco y Navarra- que las regiones rasas. Los años 80 y 90 son los años clave del desarrollo de un sistema cuasifederal que no satisfará a los nacionalismos y derivará años después en el Plan Ibarretxe y el Estatut.
De la consolidación del Estado de las autonomías se transitó al cuestionamiento de España como nación. Isidro Sepúlveda, profesor de Historia de la UNED, dedicó a este asunto un capítulo del libro colectivo Historia de la época socialista (1982-1996) (Sílex, 2013). «Desde el principio del proceso de negociación del traspaso de competencias, se manifestó una mecánica perversa: los presidentes autonómicos se legitimaban y se legitiman ante su electorado respecto al monto de competencias recibidas, no en función de cómo gestionan esas competencias. Los años del PSOE de González permitieron ese discurso de legitimación. Al mismo tiempo, la multiplicación de puestos de alta dirección autonómica, la concentración de poder económico y la vertebración de redes de respaldo y reconocimiento social hicieron que se produjeran prácticas muy similares a las características del caciquismo decimonónico».
A juicio del historiador, el ciudadano obtuvo beneficios múltiples del desarrollo del sistema autonómico, pero, como se demostró con la crisis económica de 2008, el sistema «evidencia síntomas de ser dispendioso, favorecer el clientelismo y resultar poco eficiente».
EL HIJO DÍSCOLO
Cuando José María Aznar llegó al Gobierno en 1996 acusaba a González, que gobernaba en minoría con el respaldo de CiU, de vender a España a los nacionalistas, y en su campaña se oía aquello de «Pujol, enano, habla castellano». Una vez ganadas las elecciones, en minoría, pactó rápidamente con el líder de Convergència y hasta le sirvió en bandeja de plata la cabeza del líder del PP catalán, Alejo Vidal-Quadras. El PSOE empezó entonces una travesía en el desierto que solo se interrumpiría en 2004, cuando tras los atentados terroristas del 11-M José Luis Rodríguez Zapatero ganó las elecciones por sorpresa.
«Zapatero era un militante desconocido en el PSOE, que había ganado las primarias socialistas en buena medida por la desconfianza que generaba José Bono, y aupado por los outsiders del partido», dice Álvaro Soto Carmona. «Él fue quien cambia al PSOE con una ruptura clave: mientras que González veía en el centro la gobernabilidad de España, Zapatero la ve en la extrema izquierda [IU]. Rompe el sistema del 77; rompe los consensos constitucionales. Se alía con los grupos que no apoyaron la Constitución. A partir de Zapatero ya no son posibles los acuerdos entre las dos grandes fuerzas políticas, el PSOE y el PP, en temas tan importantes como la llamada memoria histórica. Con él llega el Plan Ibarretxe al Congreso; el Estatut...». Y luego todo lo demás.
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