Para observar la corrupción tropical del socialismo científico, la famosa Ciencia de la Historia de la que presumían Marx, Lenin, Althusser y otros, el libro más divertido es el de David Placer Los brujos de Chávez[133], al que ha añadido otro dedicado a los de Maduro, que como hombre fabricado en Cuba y sobradamente versado en santería, amplió su horizonte mistérico yendo con su esposa a la India y entrando en el culto a Sai Baba, gurú del caníbal Idi Amín Dada, donde los Maduro enlazan la sutil armonía del cosmos con los fructuosos negocios de su hijo Nicolasito.
Pero el libro que mejor y de forma más completa —y resumiendo el trabajo de dos décadas en ABC, junto a la heroica Ludmila Vinogradoff— explica la corrupción del régimen chavista quizá sea el de Emili J. Blasco Bumerán Chávez[134]. Ahí está, con todo detalle, la participación de Chávez en el tráfico de cocaína con las FARC colombianas, a las que, recordemos, en las conversaciones de La Habana con Santos representó como abogado Enrique Santiago, jefe del PCE y número dos de Podemos, excluida la adjunta al uno.
Además del «drogaducto» y de la estrechísima relación que siempre ha existido entre las narcoguerrillas comunistas colombianas (FARC y ELN) y el régimen de Chávez —hasta ascender a narcopadrino con permiso de Fidel, que siempre lo tuvo y mantuvo embrujado—, Blasco nos pone en la pista de la primera colaboración de los futuros creadores de Podemos con lo más despótico del chavismo, que fue la corrupción de la Ley a través de las citadas leyes habilitantes, y la de la Justicia, obligada a elegir entre la plata y el plomo.
Se trata de una colaboración de 1998 y 1999, formalmente anterior a la Fundación CEPS, creada en 2001 y dirigida desde Valencia por Roberto Viciano y Rubén Martínez Dalmau, profesores de Derecho Constitucional, con Fabiola Meco como vicepresidenta y tesorera.
Los sucesores fueron Alberto Montero, profesor de Economía Aplicada en la Universidad de Málaga, e Íñigo Errejón, al que Montero aplicó la economía milagrosa de la beca black: casi 2.000 euros al mes por no ir a Málaga y no trabajar, generosidad correspondida luego por Errejón con un puesto electoral. Al cabo, estamos entre camaradas anticapitalistas, cuya lucha definía así la web de la CEPS:
Entendemos que el Sistema capitalista ha demostrado ser incapaz de asegurar una vida digna a la mayor parte de la población del planeta y hoy pone en riesgo la propia supervivencia del género humano.
Ante tal peligro, estos estudiosos anticapitalistas de bolsillo lleno compartían chuscos de pan duro y algún traguito de agua sucia. Bueno, y millones de euros. La cifra más baja, dada por El País una temporada en que Iglesias anduvo travieso, es de 3,7 millones; la más creíble, por la declaración de Rafael Isea, informante de la DEA (Drug Enforcement Administration) y antes ministro de Finanzas del régimen chavista, es de 8,7 millones. Añádase el beneficio por el tipo de cambio de moneda permitido a los amigos del régimen y quedarán sueldos suculentos.
Pero insisto en que lo importante no es lo que cobraran, sino lo que hacían para que les pagaran. Y fue precisamente el grupo de Valencia el que más se significó, en dos sentidos: el teórico, con la doctrina del Nuevo Constitucionalismo —que en el fondo remite a la ya citada de Hitler en 1933, explicada por Carl Schmitt en su famoso artículo de 1934, donde dice que la voluntad del Führer es fuente de Derecho— y asesorando los cambios legislativos para destruir la democracia venezolana e imponer una dictadura comunista; y también en el sentido práctico, como parte del Gobierno en la sombra de Chávez.
El Nuevo Constitucionalismo se expandió tras la caída del Muro en una América que había aceptado en general la democracia como forma de cambiar gobiernos, sin golpes ni guerrillas, y la división de poderes como garantía de libertad y prosperidad. En este paisaje, el comunismo sobraba. En España no se le prestó atención, pero en
América sí. Viciano y demás asesoraron a Chávez en la reforma de la Constitución de 1999. Y en las muy similares de Ecuador (2008) y Bolivia (2009). Blasco cita una frase de uno de los ensayos de Viciano y Martínez Dalmau, que parece redactada a la medida mesiánica de Chávez, defendiendo «la voluntad de permanencia de la voluntad del constituyente, que busca ser resguardada contra el olvido o abandono por parte de los poderes constituidos una vez que la Constitución comience un período de normalidad».
El chileno Javier Couso, en el ensayo «Las democracias radicales y el Nuevo Constitucionalismo latinoamericano»[135], critica esa «obsesión de blindar la voluntad constituyente contra la natural evolución» del país. Yo creo que se trata de mantener una perpetua excepcionalidad, lo propio del comunismo y de toda revolución que aprovecha la ocasión de instalarse en el poder y busca convertir esa llegada accidental en permanente. Otro libro que critica esa teoría hitlero-trotskista (así bautizó Stalin uno de sus inventados complots, así llamaron a los del POUM en la España de Negrín) es el de Javier Lousteau El nuevo constitucionalismo latinoamericano[136]. Lousteau incluso viajó a Valencia para pelearse con Viciano, pero lo convencieron de que tomara notas y se dejara de peleas. El balance del viaje, según Blasco, le pareció reconfortante: apenas los siguen dos docenas de profesores y la mayor parte no sabe qué es el Nuevo Constitucionalismo.
Me sorprende la ingenuidad de estos estudiosos liberales, incluso tan meritorios como los de Argentina y Chile. Sobre la popularidad en los departamentos universitarios, ¿qué mejor anuncio para profesores aburridos que ver al chavismo en el poder, o a Iglesias y Errejón en el Congreso? ¿Para qué cien departamentos de Políticas? Abimael Guzmán solo necesitó el de Filosofía en Ayacucho para crear Sendero Luminoso y empezar a matar en 1980, cuando volvía la democracia al Perú. Causó 70.000 muertos, que la Comisión de la Verdad y Reconciliación disimula como «el conflicto interno de Perú». La universidad actual logra que cualquier criminal insurrección comunista mute en «conflicto armado», más fácil de archivar.
Pero vayamos a los hechos, que explican por qué Pablo Iglesias se empeñó en entrar en el CNI apenas llegar al Gobierno, deseo que
Sánchez concedió de forma presuntamente ilegal, que la oposición recurrió y vaga por los tribunales. Según cuenta Blasco, la CEPS la formaban más de trescientos miembros, que, si abrazaron la disparatada teoría de que el capitalismo mata a toda la especie humana, no serán hoy liberales. Sobre todo tenían la capacidad técnica, hace tantos años, de trabajar desde Valencia en conexión con Caracas. Fue el formato que utilizaron para robar las elecciones a Capriles, con una red clandestina que dirigía Jorge Rodríguez en Venezuela, en permanente contacto con Cuba. Desde allí consiguieron manipular los resultados hasta darle en el escrutinio a Maduro la victoria que le habían negado las urnas.
Si en España se llega, cosa no descartable, a la insurrección contra el régimen constitucional desde la dark net de Podemos, hay que tener en cuenta esa experiencia en manejar información de Estado y actuar como Gobierno en la sombra. Blasco lo cuenta así:
(...) datos desmenuzados del Banco Central de Venezuela que no llegaban al entorno del Presidente eran enviados, en cambio, a la ciudad española de Valencia, donde además se preparaban las minutas de viaje oficiales, como las visitas que se hacían Chávez y el presidente iraní Mahmud Ahmadineyad. No solo se intervenía desde una sala situacional instalada en Valencia, sino que muchas cuestiones de asesoría política, jurídica, económica, electoral y estratégica eran abordadas en primera instancia por miembros del CEPS destacados en Caracas, que contaban con el apoyo de compañeros desde España.[137]
Por eso, insisto, Iglesias quiso entrar en el CNI.
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