Con la muerte del comandante del ELN Andrés Vanegas Londoño, alias Uriel, queda de nuevo en evidencia la directa vinculación de la narco-guerrilla colombiana con los partidos de izquierda totalitaria que integran el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla.
Uriel, dado de baja en octubre pasado en las selvas del Departamento del Chocó, era la figura más visible del frente armado que opera en la zona noroccidental de Colombia.
De acuerdo con las distintas informaciones suministradas al país tanto por el presidente Duque como por el entonces Ministro de la Defensa Carlos Holmes Trujillo y el general Luis Fernando Navarro, Comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, la llamada operación “ODIN”, que dio de baja a Vanegas Londoño, ha sido el más duro golpe sufrido por esa guerrilla en los últimos años al ser liquidado un personaje considerado como “objetivo de alto valor para el gobierno”. Según el general Navarro, el largo y paciente operativo destinado a ubicar a “Uriel” comprendió más de un año de investigaciones que permitieron encontrar el campamento del jefe guerrillero, quien fue fulminado por los certeros disparos de un francotirador.
Luego del fracaso de los cuestionados acuerdos concertados en La Habana entre el gobierno de Ernesto Santos y las FARC, los disidentes de este grupo y el ELN han tratado de ocupar un mayor protagonismo en el escenario del terrorismo y la narco-subversión. Y en ese escenario, el comandante Uriel logró destacar gracias a las criminales acciones subversivas en las que participó, y gracias igualmente a su capacidad para implementar el reclutamiento de jóvenes campesinos, y a su amplia proyección mediática a través de las redes sociales.
Esa proyección mediática constituyó uno de los temas de mayor preocupación para el gobierno colombiano, al punto que el ministro Holmes Trujillo llegó a decir que “Uriel buscaba desestabilizar, deslegitimar la institucionalidad mediante actos de violencia, vandalismo y terrorismo el cual llevaba a cabo utilizando además de armas e instrumentos letales, las redes sociales como plataforma mediática y propagandística”.
«Alias Uriel’ usaba los crímenes más dolorosos, más aberrantes, para hacerse propaganda sin vergüenza alguna», decía el Ministro. Y es que el desaparecido comandante se ufanaba en autodenominarse como “la voz editorial de la guerrilla”.
El 17 de enero de 2019 un miembro del Frente Domingo Laín del ELN realizó el primer acto de terrorismo suicida en la historia de Colombia, cuando penetró en la Escuela de Cadetes de Policía “General Santander” conduciendo un coche bomba que detonó dejando el trágico balance de veintitrés muertos y ochenta y siete heridos. Como consecuencia de este atentado el presidente Iván Duque dio por finalizado el diálogo que adelantaba con el grupo subversivo y ordenó la captura de sus dirigentes, incluyendo a quienes formaban parte de la mesa de negociación que se realizaba en La Habana.
En septiembre de 2020 el ELN participó activamente en manifestaciones realizadas en Bogotá con saldo de más de catorce fallecidos y el incendio de setenta centros de atención policial. En todos estos trágicos eventos un canal de YouTube, WatshApp, y Twitter fueron medios utilizados por “Uriel” para promover y justificar esos estallidos de violencia como “actos lícitos dentro del derecho de guerra”.
Haciendo uso de habilidades comunicacionales que le convirtieron en hombre noticia de la izquierda terrorista, accedía con facilidad a programas de radio y televisión y a las páginas de la prensa nacional, polemizando continuamente sobre la guerra del ELN contra las instituciones. A través de su canal de YouTube pronunciaba conferencias dirigidas a eventos como el Séptimo Encuentro de Estudios Sociales de América Latina y el Caribe, realizado en noviembre de 2019 en Brasil, y a las llamadas Conferencias de Resistencia y Paz. Con pretendidas ínfulas académicas presentaba en esas conferencias el proyecto político del ELN como la herencia de las revoluciones rusa y china, del marxismo-leninismo, de Cristo, Simón Bolívar, el Che Guevara y el sacerdote Camilo Torres Restrepo, entro otros personajes históricos.
De acuerdo con evaluaciones realizadas por órganos de seguridad y analistas del fenómeno Uriel, esta ofensiva mediática acompañada de violentas acciones terroristas contribuían a desestabilizar y a deslegitimar la institucionalidad, tal y como señaló el ministro Holmes Trujillo cuando informó sobre la eliminación física del guerrillero y la toma del campamento en las selvas del Chocó.
Sin embargo a pesar de todas las pesquisas efectuadas durante varios años en relación con las actividades delictivas de Uriel, lo encontrado en su guarida resultó una verdadera sorpresa para el gobierno del presidente Duque y para las fuerzas de seguridad que rastreaban afanosamente al peligroso subversivo. Así lo reseña la revista Semana en febrero de este año al entregar a sus lectores una primicia informativa que desveló el verdadero alcance de la narco-subversión que opera en el noroeste de Colombia. Los guerrilleros, según la prestigiosa revista, instalaron en aquella intrincada y lejana región un gigantesco panel solar, potentes antenas de internet, y “un verdadero arsenal de equipos informáticos”, con siete computadoras portátiles, veinte teléfonos celulares, tres tabletas, cámaras fotográficas y radios de telecomunicación, once discos duros, veinticuatro memorias USB, y dos millones de archivos que delatan los alcances delictivos del llamado Ejército de Liberación Nacional en América Latina, Estados Unidos, Canadá y Europa.
Entre los archivos, ya judicializados y en cadena de custodia, se encontraron conversaciones grabadas por el propio Ariel en las que informa a sus camaradas sobre los planes que adelantaba en 2016 para asesinar a los hijos de Álvaro Uribe, así como la intención de realizar secuestros en Chile y Argentina con el fin de conseguir financiamiento y producir “impacto político”. Igualmente en esos archivos se registran numerosos audios y correos escritos en los que el líder guerrillero hace alusión a sus relaciones con “Unión por la Esperanza”, el grupo político del expresidente Correa, y con su candidato presidencial Andrés Arauz. En uno de los correos Uriel reporta a sus superiores una importante contribución otorgada en la forma de aporte-préstamo millonario a ese partido, y en otra comunicación solicita información a “Felipe y Guillermo”, sus contactos en Ecuador, sobre la entrega de ochenta mil dólares que fueron enviados por el ELN a la candidatura de Arauz.
A pesar de las virulentas reacciones del expresidente Rafael Correa, de su candidato Andrés Arauz, de Evo Morales y de otros voceros de la izquierda comunista internacional, quienes calificaron las denuncias como “intervención en los asuntos internos de Ecuador”, y a pesar de sus desmentidos en relación con lo contenido en las computadoras, lo cierto es que el procesamiento judicial de estos hechos marcará las relaciones entre los dos países fronterizos, después de la segunda vuelta electoral presidencial a realizarse el once de abril.
En medio de esta tensa situación, el Fiscal General de Colombia Francisco Barboza viajó con carácter de urgencia a Ecuador para entregar a su homóloga en ese país Diana Salazar un “informe investigador de campo”, suscrito por funcionarios de la Policía judicial, contentivo de cincuenta folios en los que se analiza la información encontrada en un disco duro que fue certificado por dos efectivos de la policía Judicial adscritos a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol. También le fue entregada a la fiscalía ecuatoriana un “Informe de Investigador de Laboratorio” fechado el 19 de febrero de 2021 firmado por un perito de informática forense, que contiene 13 archivos, además de una memoria USB con 55 archivos, guardados en 2 carpetas. Los dos fiscales generales ratificaron en documento conjunto la decisión de trabajar para combatir el flagelo del narcotráfico que actúa en la frontera común.
Al contrario de lo ocurrido con la llamada “Operación Fénix” ejecutada por el ejército de Colombia en territorio ecuatoriano el primero de mayo de 2018, esta vez fueron legalizadas por los tribunales competentes tanto la incautación de todos los dispositivos electrónicos encontrados en el operativo militar, como la extracción de la información que se encontraba en los dispositivos electrónicos incautados en la bautizada “Operación ODIN”. De esa manera el voluminoso conjunto de pruebas deberían conducir necesariamente a la apertura de juicios penales contra los políticos y demás favorecidos por la actividad delictiva del narcoterrorismo en Colombia y en Ecuador.
Recordemos que en el caso de la “Operación Fénix”, en la que murieron el jefe de la guerrilla Raul Reyes junto a 22 de sus compañeros, las computadoras incautadas contenían las pruebas de complicidad entre la FARC y los gobiernos de Ecuador Y Venezuela, y la existencia de una poderosa red narco-subversiva, vinculada a la izquierda totalitaria internacional que recibía recursos para sus actividades clandestinas o de fachada legal. Sin embargo a pesar de que tres técnicos de Interpol confirmaron la veracidad de los datos establecidos en decenas de miles de documentos, imágenes satelitales, y diferentes tipos de archivos conseguidos mediante infiltración, la Corte Suprema de Justicia de Colombia las desechó por considerarlas pruebas ilegales, no garantizadas en la cadena de custodia y no autorizada por el gobierno de Ecuador, país en el que ocurrieron los acontecimientos.
Seguramente el gobierno del presidente Duque, consciente de aquellos antecedentes, se ha esmerado esta vez en proceder con escrupuloso apego a los procedimientos policiales de investigación, y a la cobertura legal necesaria por parte de los tribunales competentes.
Todo parece indicar que las informaciones hasta ahora dadas a conocer en los medios de comunicación social, constituyen tan sólo una pequeña parte del amplio registro delictivo incautado a la banda narco-subversiva. Estos registros demuestran cómo esa agrupación criminal se ha fortalecido luego del fraccionamiento de las FARC, y como adquiere creciente importancia en el renacer de la actividad terrorista vinculada directamente a la ofensiva política del socialismo del siglo XXI.
Por esa razón si las elecciones presidenciales de abril las gana el candidato democrático Guillermo Lasso, los gobiernos de Colombia y Ecuador podrán desentrañar y denunciar de manera conjunta las complicidades existentes entre el expresidente Correa, su candidato, el Foro de Sao Paulo y la narco-guerrilla. Si ocurre lo contrario Colombia seguirá siendo víctima de las acciones y amenazas que desde sus fronteras desestabilizan con criminal violencia su vida democrática.
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