El fin de la ilusión podría ser el titular de una nota necrológica que abarque a aquellos que creyeron de buena fe que Alberto Fernández representaba la “moderación” frente a Cristina y sus huestes. El “volvimos mejores” o cuántas más sandeces se vertieron desde la campaña hasta el comienzo de la pandemia y continúa hoy.
A la eterna cuarentena o como se quiera llamar, signada por el fracaso que en un país, ya no digo serio, sólo un país, hubiera implicado la renuncia del ministro de salud y de su equipo, incluyendo a la payasa Filomena, casi más seria que el resto de la comparsa.
La sumatoria de exabruptos expresados por el presidente, expuesto a desplantes de su hacedora Cristina, casi a diario, que lo hacen retroceder en chancletas, desdecirse de lo que sostuvo horas antes, nos muestran el grado de mediocridad que nos gobierna, siendo la vicepresidente la más previsible y sincera: hace lo que dice que va a hacer.
A las respuestas de los gobierno de Chile, Suecia, España (ésta en el caso de Barcelona) y el gobierno autonómico vasco en relación a las equívocas comparaciones efectuadas por el presidente en cuanto a los resultados obtenidos en su lucha contra el Covid 19, se le sumó el gobierno de Finlandia que reafirmó que en dicho país “no se fijan los precios en los servicios de telecomunicaciones”, como había expresado Fernández para dar algún sustento al Decreto que fija precios a internet, TV por cable, telefonía celular, dándoles status de servicio público.
Un verdadero desatino, en un sector que, si bien ya está sujeto a regulaciones, posee núcleos de concentración (a los cuales tanto el kirchnerismo con el macrismo ayudaron a “concentrar”), está en una franca competencia de precios y servicios, algo que en pocos sectores sucede. El decreto intervencionista, tan afín a los gobiernos que avanzan sobre lo privado, es una muestra, además, de una gran torpeza e ignorancia. En un país donde la inflación, el desastre económico, que se acentuará con los efectos de la paralización productiva, la desocupación, el cierre de pequeñas y medianas empresas, producir estas intromisiones; es darle un mazazo a las inversiones proyectadas de las empresas de tecnología, casi las únicas que han invertido en los últimos desastrosos años. Para coronar lo antedicho, Fernández anunció que se estatizará la Hidrovía, cuya licitación debía realizarse en 2021. Un tiro en el pie del propio Fernández, cada día más Nac& Pop, como su mentora.
La aprobada Ley de Reforma Judicial que crea más de 1500 cargos a nivel nacional, en la virtual sesión del Senado del miércoles pasado, nos brinda la forma en cómo juegan los partícipes de la gran mesa de la política nacional. Descontando que el oficialismo tenía el núcleo de senadores necesarios para aprobar el proyecto, la oposición se desayunó, minutos antes de la votación, que el dictamen que había sido presentado casi a los empujones, era modificado y su aumentaban los cargos judiciales, fiscalías y defensorías a crear en todo el territorio nacional. Lamentable fue ver al senador Martín Lousteau pucherear quejoso ante la amañada acción del oficialismo, teniendo como respuesta de la senadora Kirchner “total van a votar en contra”, suficiente para que la oposición se tragara la tramoya, y votaran como si nada hubiera pasado, ante la tramposa maniobra, violatoria del proceso parlamentario en un tema tan trascendental como la modificación del sistema judicial argentino.
En un país, repito, no en la Argentina, algo así hubiera bastado para un escándalo con mayúsculas, e inclusive retirarse del recinto y realizar ipso facto las denuncias obligadas.
Nada de esto sucedió, y la nave va Diputados, donde seguramente la media sanción permanecerá un largo tiempo, para realizarle algunas modificaciones y negociar con algunos de los gobernadores “díscolos” las “ventajas” que implicaría para sus distritos y su seguridad que los diputados den quorum (en la jerga votar con el trasero) o votar afirmativamente una reforma que apunta directamente a liquidar y dar impunidad a todas las causas que pesan sobre Cristina Kirchner y tantos funcionarios de su gobierno, víctimas del lowfare, según ellos; más allá de bolsos voladores, secretarios, jardineros multimillonarios y funcionarios enriquecidos hasta lo impensado.
De todo el arco opositor, algunos han implorado cuidar al presidente Fernández, como si la oposición debiera funcionar como guardia pretoriana ante los embates del kirchnerismo y su jefa; sólo Patricia Bullrich expresó con claridad que el presidente debería ejercer como tal y retirar el proyecto del Congreso, negando cualquier posibilidad de diálogo sobre un proyecto viciado desde un inicio, con abogados defensores de la ex presidente, integrando el “Consejo de sabios” para redactar el proyecto. Un cambio en la administración de Justicia en un país, sólo puede ser considerado en un marco de consenso y no en la imposición de una mayoría transitoria, aunque esta sueñe con la eternidad.
En la democracia, lo natural es el disenso y no el consenso, cumpliendo sus roles oficialismo y oposición. El acuerdo es básico y necesario en cuestiones que hacen a la política de Estado de un país, pero claro, es la Argentina.
Así estamos, mientras se anuncia la suba del 41% de impuesto a las ganancias, distorsivo y letal para cualquier iniciativa, e inclusive se elevaría la alícuota del monotributo, una nueva manera de castigar a los sectores medios y medios bajos, como si no fuera suficiente con el devastador escenario de la pandemia.
Mientras se liberaron presos, 4600 desde abril, la delincuencia azota las calles y hogares del país, con sus víctimas a diario. Dirán los abolicionistas del derecho penal “zaffaroniano” que es la natural consecuencia de la “crisis económica” y no una política de estado ideológica que privilegia al delincuente y condena a las víctimas. La “vulneración del sentido común”, al decir de Antonio Gramsci, se alza soberana en nuestra atribulada realidad, donde la ciudadanía es la única capaz de revertirla y contar con algunos sectores dirigentes, que no son la mayoría.
Si en algo coincidimos con los despropósitos expresados por Eduardo Duhalde es en el estado de anarquía que se respira en el país, con una delincuencia cómoda y desbandada, con “mapuches” o supuestos mapuches usurpando tierras en el sur, en Parques Nacionales, sin que el Estado actúe conforme a la Ley. Tal vez pareciera que en todo lo mencionado la política oficial es dejar hacer. Con la reforma judicial en camino a ser aprobada, allí sí estará concretado el golpe de estado a la institucionalidad republicana y todo el país y sus habitantes estaremos en libertad condicional, no en un supuesto y “psicótico” levantamiento militar como sostuvo el ex presidente y mentor de Néstor Kirchner.
Por último deseo repudiar las infames declaraciones del periodista Silvestre sobre la cobardía de nuestros combatientes en Malvinas. Muchos de nuestros oficiales, suboficiales y soldados dieron muestra de un coraje reconocido por los propios ingleses, regando con su sangre en el combate, la tierra, el mar y los cielos. Mas allá de la disparatada decisión del entonces gobierno militar de enfrentar a la potencia británica apoyada por la OTAN, respondiendo a situaciones de política interna que no invalidan la Causa Malvinas, como voluntario que me ofrecí para ser incorporado a la edad de 25 años, le pediría al periodista en cuestión que se limpie la boca y la consciencia antes de denigrar a todos aquellos que, muertos o vivos, jugaron su vida en el conflicto, cumpliendo con el deber, más allá, de como expresa Pérez Reverte en una de sus novelas: “ya no importa de qué tela esté hecha la bandera”, cuando el país está en guerra.
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