Con fecha 10 de este mes, los arzobispos y obispos de la Iglesia Católica de Venezuela han hecho pública una “carta fraterna” dirigida a nuestro pueblo y a todos los pueblos de América y del mundo.
Es como un santo memorándum donde se recoge la sarta de desgracias que ha causado y sigue causando la dictadura delincuencial que ha asaltado en el poder y se atrinchera en el Palacio de Miraflores. Y a esa dictadura que pretende repartirse el país como un botín, la Iglesia le advierte que su “compromiso” es con el pueblo venezolano, “al que pertenecemos y del cual somos pastores”.
Al referirse al último atropello cometido el día 5 de enero contra la Asamblea Nacional, la Carta reafirma lo expresado en su Exhortación del 12 de julio del año pasado:
“Ante la realidad de un gobierno ilegítimo y fallido, Venezuela clama a gritos un cambio de rumbo, una vuelta a la Constitución. Ese cambio exige la salida de quien ejerce el poder de forma ilegítima y la elección en el menor tiempo posible de un nuevo Presidente de la República. Para que sea realmente libre y responda a la voluntad del pueblo soberano, dicha elección postula algunas condiciones indispensables tales como: un nuevo Consejo Electoral imparcial, la actualización del Registro Electoral, el voto de los venezolanos en el exterior y una supervisión de organismos internacionales…igualmente el cese de la Asamblea Nacional Constituyente”. Y como la dictadura y sus corifeos han tratado de sembrar cizaña al afirmar que, sobre la crisis que golpea a la nación, una cosa se dice en Roma en el Vaticano y otra aquí en Caracas, la Carta precisa que la denuncia se hace “en comunión con el Santo Padre Francisco”, quien en varias oportunidades ha repetido que “en la voz de los obispos venezolanos está la voz del Papa”.
En el documento eclesiástico se formulan severos señalamientos, en general, sobre la situación política nacional, como el carácter “totalitario e inhumano” del régimen que persigue y tortura a los disidentes políticos, la represión violenta y los asesinatos, la presencia de grupos irregulares bajo la mirada complaciente “de las autoridades civiles y militares”, la manipulación para “comprar” conciencias, y las falsas promesas que no se cumplen. En relación a la situación económica y social, mencionan la destrucción del aparato productivo, “la explotación irracional de recursos mineros que destruye amplias extensiones del territorio venezolano, el narcotráfico y la trata de personas”, la especulación, la desnutrición infantil, el agravado empobrecimiento, la enorme diáspora de millones de venezolanos que se han visto forzados a salir del país en busca de una mejor calidad de vida, y la corrupción que se ha enseñoreado de manera “intolerable”. En suma, dice la Iglesia, “se trata de una crisis social, económica y política que se ha convertido en una ‘emergencia humanitaria’ moralmente inaceptable”.
En la Carta se emplaza a la Fuerza Armada Nacional al cumplimiento de las funciones que le corresponden como institución organizada por el Estado para garantizar la soberanía de la Nación. Transcribo textualmente el párrafo al respecto: “Exigimos a los miembros de la Fuerza Armada guiarse por la sana conciencia de su deber, sin servir a parcialidades políticas, respetando la dignidad y los derechos de toda la población, como juraron ante Dios y la Patria”. Ya dos días antes, el 8 de enero, en un comunicado de la Presidencia de la Conferencia Episcopal Venezolana, a esos miembros de la Fuerza Armada se les clamaba y reclamaba vehementemente: “¡En el nombre de Dios, pónganse del lado verdadero de la Constitución y del Pueblo al que pertenecen y juraron defender!”.
La Iglesia sabe, al igual que todos los venezolanos, que el régimen dictatorial existe porque lo sustenta la Fuerza Armada. Dijo alguien que el cambio político se puede hacer “con el ejército o sin el ejército, pero no contra el ejército”. Esa verdad la hemos comprobado en Venezuela en estos 21 años pasados bajo las manos de hierro del chavismo/madurismo.
El país espera. La noche, aunque sea larga, no impide el amanecer.
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