diciembre 3, 2019
El totalitarismo Siglo XXI se ha logrado imponer por las armas y la corrupción, pero la oposición tiene una alícuota de responsabilidad por no alinearse en momentos requeridos. Hemos sido constantes defensores de la unidad y del liderazgo político, con sus más y sus menos. Sin embargo, aunque no somos dueño de la verdad, a veces es conveniente expresar algunos desacuerdos con la esperanza de que se produzcan rectificaciones, si es que son necesarias, o al menos que se aplique una dosis de prudencia a la hora de tomar decisiones.
El desentono de la oposición, con algunas interrupciones que nos dieron esperanzas, no es nuevo. Tomemos como ejemplos un suceso del cual ayer se cumplieron diecisiete años, como fue el paro cívico, y la reciente destitución de Humberto Calderón Berti como embajador en Colombia.
El paro petrolero iniciado el 4-5 de abril del 2002 desencadenó un paro cívico al sumarse días después la CTV y Fedecámaras, con el desenlace de la renuncia de Chávez y su posterior regreso, consecuencia de errores de los protagonistas y también a la falta de sintonía de políticos de oposición. El paro cívico que arrancó tal día como ayer, hace diecisiete años, fue consecuencia del incumplimiento de la promesa de Hugo Chávez de rectificar su política económica y de no volver a violar la Constitución, ni perseguir a sus oponentes, lo cual ofreció cuando pidió perdón el 14 de abril de ese año. Este paro fue convocado por la CTV, Fedecámaras y la Coordinadora Democrática en la que estaban representados todos los partidos de oposición. Al mismo se sumaron los petroleros por decisión individual, sin ser convocados por las organizaciones Gente del Petróleo y Unapetrol, creadas en junio de ese año.
Gradualmente, la mayor parte del liderazgo político marcó distancia y tildaron el paro de petrolero. Lo que muchos olvidan o quieren olvidar es que ese paro cívico obligó al gobierno a firmar un acuerdo que contemplaba designar árbitro electoral confiable, desarme de la población civil, compromiso con la libertad de expresión, adhesión a la Carta Democrática Interamericana, no utilizar cuerpos de seguridad para reprimir arbitrariamente y en forma desproporcionada. Este Acuerdo fue suscrito por representantes del gobierno y de la oposición, por el Secretario General de la OEA, Centro Carter y PNUD. Desde luego el gobierno no cumplió y una oposición no sincronizada no protestó con firmeza, ni acudió a las instancias internacionales firmantes para reclamar el incumplimiento.
Diecisiete años después, cuando el régimen está en su momento más débil y cuando contamos con un joven valioso que ha despertado muchas esperanzas, nos cayó un balde de agua fría con la destitución torpe de Humberto Calderón Berti, quien era nuestro embajador en Colombia, designado por la Asamblea Nacional y por el presidente (e) Juan Guaidó. En su carta en respuesta a su destitución, Calderón Berti destaca que el presidente (e) Guaidó y su equipo se distanciaron de él desde que la auditoría ordenada detectó “manejo impropio de unos recursos”, por lo cual acatando las leyes colombianas, Calderón la pasó a la Fiscalía General de ese país.
Así mismo, Calderón señaló que la injerencia de la Asamblea Nacional y particularmente de dirigentes políticos en el manejo gerencial de la empresa Monómeros Colombo Venezolanos es inconveniente e impropia y ha sido una pésima señal. En su carta Calderón reconoce que en programa de televisión hizo una referencia “somera” al diálogo en Oslo, del cual “dudó sobre sus posibilidades y resultados reales”, punto sobre el cual se puede o no estar de acuerdo, pero que no correspondía juzgar a un embajador y que solo requería de un llamado de atención y no su destitución. Su señalamiento posterior de responsabilizar a Leopoldo López por los fracasos de la oposición, sea o no cierto, no venía al caso.
A raíz de estas declaraciones que Calderón tenía que dar para informar de su actuación y alertar al país sobre conductas inapropiadas, le han llovido aplausos, críticas y hasta calumnias. El presidente (e) Guaidó, a quien siempre hemos apoyado, cometió un grave error al destituir al embajador, quien venía cumpliendo una excelente ¿Fue una pifia del presidente (e)? ¿Tomó esa decisión presionado por otros actores políticos? En todo caso él es el responsable, pero seguimos confiando en su coincidencia con el sentir generalizado de rechazo a la corrupción y al clientelismo político. Los partidos políticos deben rectificar y tocar al mismo son. Se lo deben a los ciudadanos asesinados, torturados, encarcelados y exiliados. Unámonos alrededor de los principios y valores necesarios para construir una nueva Venezuela. El régimen es quien no investiga a sus corruptos, salvo cuando tienen luchas internas de poder.
Como había) en botica:Primero Justicia, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo enviaron una buena señal al separar e investigar a varios diputados señalados de corrupción gracias a Armando.info.
El distinguido venezolano e incansable luchador Gustavo Coronel propone crear un Plan de Educación Ciudadana, es decir una fábrica de ciudadanos activos que prediquen y practiquen los principios y valores de la democracia
¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!
eddiearamirez@hotmail.com 3/12/19. Noticiero Digital, Runrunes y Digaloahi digital
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