JULIO CÉSAR MORENO LEÓN Expediente Venezuela

Las sanciones por violación a los derechos humanos que Estados Unidos ha impuesto a los militares Antonio Benavides Torres, Gustavo González López, Justo Noguera Pietri, Manuel Pérez Urdaneta, Manuel Bernal Martínez, Miguel Vivas y a la Fiscal del Ministerio Público Katherin Harrington corresponden al derecho que todo país tiene en ejercicio de su soberanía a permitir o negar la visa y la entrada en su territorio a cualquier ciudadano extranjero.

 Es claro además que los gobiernos pueden y deben controlar el origen y la naturaleza de los depósitos, cuentas bancarias y movimientos financieros, con base a sus leyes y a los tratados internacionales. Haciendo uso de esas leyes la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) perteneciente al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, incluyó el 2012 en la lista negra de personas vinculadas al narcotráfico internacional -cancelando sus visas y congelando sus cuentas- al diputado del Parlamento Latinoamericano Amílcar Figueroa (PSUV), a Cliver Alcalá Cordones, Freddy Bernal, Ramón Madriz, Ramón Rodríguez Chacín, Henry Rangel Silva y Hugo Carvajal. 

En respuesta a estas medidas, el régimen chavista ha ratificado o designado en altas responsabilidades públicas a los sindicados en la comisión de esos graves delitos. El general Hugo Carvajal, detenido en Aruba por solicitud de la DEA en enero de 2014, fue liberado, luego de oscuras negociaciones que concluyeron con la contradictoria decisión de la corona holandesa que reconoció el fuero diplomático de Carvajal, le expulsó de la isla y le declaró  “persona no grata”, permitiéndole evadir a la justicia norteamericana y regresar a Venezuela. El diputado Freddy Bernal fue designado comisionado para la reforma del sistema policial, mientras que a Rangel  Silva y a Rodríguez Chacín se les eligió gobernadores de Trujillo y Guárico respectivamente. 

Al general Gustavo González López le nombran ministro de Interior y Justicia, y junto a sus compañeros de negra lista se le rinde homenaje público en cadena nacional transmitida desde el Palacio de Miraflores. De esa forma, Maduro responde a las medidas de la administración Obama desconociendo su legalidad y denunciándolas como injerencias que afectan nuestra soberanía y abren camino a la intervención militar. Por su parte, los gobiernos de UNASUR, Cuba, Nicaragua, Rusia, China, y otros cómplices, protestan la “agresión imperialista y callan en actitud vergonzosa ante la violación de derechos humanos, la persecución y la arbitraria prisión de líderes opositores.

Hasta ahora, esa exitosa estrategia confrontacional de naturaleza político ideológica ha permitido al chavismo vender la idea de un  gobierno revolucionario  acosado por los Estados Unidos y, al igual que en la Cuba comunista, atribuir sus rotundos fracasos a la intensa conspiración del Departamento de Estado y a la cruel guerra económica. Sin embargo tal repertorio argumental se agota ante nuevas situaciones que  desnudan ante el mundo la espantosa realidad venezolana,  y retratan la verdadera naturaleza delincuencial de sus mandatarios.

La congelación de las cuentas chavistas pone en evidencia la corrupción campante en nuestra administración pública, y descalifica el supuesto temple revolucionario de quienes colocaron sus dólares en los bancos del imperio enemigo. Surge además la inevitable pregunta sobre el origen de esos fondos pertencientes a burócratas de modestos sueldos, en un país de un rígido control de cambios que impide convertir lícitamente sus salarios en la impura y costosa divisa gringa.

La medida contra la fiscal del Ministerio Público y los siete oficiales sancionados por violación a los  derechos humanos, fue tan sólo un  abreboca tras el cual se van registrando hechos de mayor gravedad que  descolocan peligrosamente al gobierno de Nicolás Maduro.

En el Banco de Madrid, propiedad  de la Banca Privada de Andorra, PDVSA comparte honores con las mafias rusa y china movilizando de manera ilegal más de 4200 millones de dólares, y como consecuencia de la intervención de esas entidades bancarias la estatal petrolera pierde 2000 millones de dólares que fueron depositados irregularmente. Así mismo, la Unidad Anti Lavado del Tesoro de Estados Unidos detecta empresas fantasmas y pagos de escandalosas comisiones para cubrir operaciones que han circulado por bancos norteamericanos, inoculándole lo que algunos llaman “un ente radioactivo” capaz de contaminar al resto del sistema bancario internacional. De acuerdo con lo señalado por las autoridades norteamericanas muchas de estos tóxicos lavados realizados por Venezuela involucran a Irán a Hezbolá y a otros grupos terroristas.  Por otra parte, al magnate Diego Salazar Carreño, poseedor de cuantiosa fortuna construida al amparo de su primo Rafael Ramírez, le bloquean 200 millones en el Banco de Andorra.

La medida contra Salazar Carreño ocurre dentro de la llamada “Operación Clotilde”, laboriosa tarea de investigación y seguimiento al lavado de activos realizada por la guardia civil española. Y en la lista de millonarias cuentas tramposas en Andorra y Madrid, aparecen además el ex director del SEBIN Carlos Aguilera; Javier Alvarado, ex vice ministro de Desarrollo Energético; el empresario Omar Farías; Nervis Villalobos ex vice ministro de Energía Eléctrica; Alcides Rondón ex vice ministro de Seguridad Ciudadana; Norman Danilo Puerta ex comisario del CICPC; Javier Alvarado ex presidente de la Electricidad de Caracas; Rafael Giménez y Yomar Farías. Este primer sacudón contra la mafiosa lavadora socialista es apenas el comienzo de una ofensiva de mayor calibre.

Las diligencias adelantadas por Estados Unidos impiden a la banca mundial esconder la procedencia de platas cuyo rastro siguen tenazmente los sabuesos del imperio, y como consecuencia de ello aumentará la lista de involucrados en esos delitos tipificados por la legislación penal de todos los países.

Es de recordar que contra el blanqueo de dinero existen convenios suscritos en la  ONU, OEA, Unión Europeo, Consejo de Europa, Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Estos acuerdos obligan a los gobiernos a impedir el ocultamiento de fortunas que provengan de la corrupción, del narcotráfico, del terrorismo o  de cualquier negocio ilegal.  Por esa razón no será fácil para el actual régimen escudarse en trajinadas proclamas anti imperialistas cuando sus altos funcionarios aparecen “con las manos en la masa”, lavando activos y traficando con recursos de PDVSA y de otras empresas estatales.

El gobierno de Nicolás Maduro en medio de una grave crisis económica y social enfrenta ahora su más difícil trance. El expediente Venezuela apenas comienza a conocerse.