jueves, 6 de abril de 2017

MARIANO de ALBA ¿Qué decidió realmente el Consejo Permanente de la OEA?

PUBLICADO EN PRODAVINCI.COM

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Fotografía de la OEA
Con presencia (en principio) de 21 países miembros, el Consejo Permanente de la OEA celebró una reunión de urgencia para considerar la situación en Venezuela. Luego de otro accidentado inicio de sesión, 17 países adoptaron una resolución que reconoce una “alteración inconstitucional del orden democrático” en Venezuela. Aunque no se cumplió estrictamente el procedimiento que prevé la Carta Democrática para determinar una “alteración grave del orden constitucional”, ese grupo de 17 países reconocieron formalmente la gravedad de la situación y buscarán tomar medidas concretas para tratar de ayudar en la resolución de la crisis venezolana.
La discusión luego de la toma de posesión por parte de Boliviasobre la presidencia temporal del Consejo Permanente
A partir del lunes 3 de abril le correspondía a Bolivia asumir la presidencia del Consejo Permanente. Luego del acto formal de posesión de ese cargo temporal, el primer acto del Estado dirigido por Evo Morales fue suspender la convocatoria de la sesión del Consejo convocado por 20 países para discutir la situación en Venezuela.
No obstante, reconociendo que la sesión ya había sido planificada por Belice durante su presidencia temporal del Consejo y que además contaba con el apoyo de 20 delegaciones, esos países decidieron seguir adelante con la sesión, designando a Honduras para que ejerciera de forma interina la presidencia.
Luego de varios minutos y mientras intervenía la canciller argentina Susana Malcorra, se presentaron en la sala las representaciones de Bolivia, Nicaragua y Venezuela, denunciando que se trataba de una sesión “ilegal” y “nula”.
Sin embargo, lo cierto es que la sesión ya había sido convocada el viernes 31 de marzo, cuando Belice todavía ejercía la presidencia temporal. Adicionalmente, la misma era apoyada por 20 países. Por ende, Bolivia no tenía ninguna norma que le permitiera suspender la sesión sin antes iniciarla y someter a consideración del Consejo esa propuesta, lo que en su caso hubiese requerido la aprobación de dos tercios del Consejo Permanente (24 Estados).
Por ende, la sesión siguió adelante luego de sobrepasar nuevamente comentarios alejados de las formas diplomáticas y que demostraron un discurso alejado del derecho internacional por parte del representante venezolano. Al concluir esas intervenciones fuera de tono, Bolivia, Nicaragua y Venezuela se retiraron de la sesión.
El mecanismo para adoptar la resolución del Consejo Permanente
Luego de superada la primera parte de la sesión, los países comenzaron a discutir el proyecto de resolución propuesto por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Paraguay y Perú el viernes 31 de marzo.
Por un lado, la representante de Canadá solicitó que se difiriera la votación de la resolución hasta la sesión ordinaria del miércoles 5 de abril, para así tratar de conseguir un mayor número de apoyo de otros países e incluir en el texto las recomendaciones, comentarios o preocupaciones de otros Estados.
Por su parte, México propuso adoptar la resolución sin proceder a una votación, ya que desde su punto de vista no había ninguna oposición al texto. No obstante, no se encontraban presentes en la sesión muchos países que se oponían a la resolución, empezando por Bolivia, Nicaragua y Venezuela.
Tal era la confusión, que se otorgó un breve receso en donde se vio discutiendo a los representantes de México y Canadá en los pasillos de la sede de la organización. Al término de la pausa, se impuso la propuesta mexicana, pero El Salvador, República Dominicana, Bahamas y Belice se abstuvieron de apoyar la resolución.
Resulta extraño que los países hayan optado por aprobar la resolución de esta manera, ya que ésta reconoce una “alteración inconstitucional del orden democrático” en Venezuela. Un documento emitido por la Secretaria de Asuntos Jurídicos de la OEA emitido en mayo de 2016 es claro en establecer que la determinación de una “alteración grave” es una calificación que “el Consejo decide por mayoría de los miembros de la OEA (18 votos)”. Esto significa que necesariamente debió realizarse una votación para contabilizar que esos 18 votos existían – inclusive si había países ausentes de la sesión o que se abstuvieron de realizar tal determinación.
Es de presumir que este era el entendimiento de al menos la delegación de Canadá y por esto solicitó “diferir la votación para el día miércoles y así poder presentar una resolución más sólida y con el apoyo de un número mayor de Estados”. Asimismo, El Salvador pidió una “votación nominal”, aunque su solicitud no fue atendida.
El hecho que la resolución no fuera sometida a votación y no esté absolutamente claro cuántos Estados estaban presentes en el Consejo presenta la duda razonable de si en verdad existieron 18 Estados que apoyaron la resolución, tal y como lo prevé indirectamente la Carta Democrática Interamericana y el documento de la Secretaría de Asuntos Jurídicos. Durante la sesión, únicamente 14 Estados se pronunciaron activamente para apoyar el documento.
Esto es importante no sólo a los efectos de la legitimidad de la resolución, sino porque únicamente si se cumplió con esa mayoría de 18 países es que puede entenderse que la resolución emana del Consejo Permanente de la OEA y no de un grupo selecto de países.
¿Qué dice la Resolución?
En resumen, la declaración:
—Reafirma que la separación e independencia entre los poderes públicos es uno de los elementos esenciales de la democracia.
—Expresa su profunda preocupación por la “alteración inconstitucional del orden democrático” en Venezuela y el “apoyo continuo al diálogo y la negociación” para que se dé una restauración pacífica del “orden democrático”.
—Declara que las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia constituyen una “violación del orden constitucional” y que a pesar de la revisión de algunos elementos de tales decisiones, es “esencial” que se asegure la “plena restauración del orden democrático”.
En consecuencia, resolvió:
 1. “Urgir al gobierno” a garantizar la separación de poderes y restaurar la plena autoridad de la Asamblea Nacional.
2. “Mantenerse dispuesto” a apoyar medidas que permitan el retorno al orden democrático.
3. “Seguir ocupándose de la situación de Venezuela” para emprender, si fuere necesario, gestiones diplomáticas adicionales para fomentar la normalización de la institucionalidad democrática, “incluyendo la convocatoria de un reunión de nivel ministerial”.
Las intervenciones de varios países
Las intervenciones particulares de los países giraron en torno a tres grandes temas y permiten adelantar cuál podría ser el papel de la región durante los próximos meses.
En primer lugar, Costa Rica propuso darle impulso a la consagración de un gran acuerdo nacional entre el gobierno y la oposición venezolana, para resolver concretamente como la crisis humanitaria, el calendario electoral y la liberación de los presos políticos.
Por otro lado, en un tono parecido estuvieron países como Colombia, Guatemala y Estados Unidos, quienes apelaron al diálogo, pero recordando que tenía que llevarse a cabo en forma franca.
Finalmente, Perú apeló también a un diálogo constructivo, pero pidiendo acciones concretas y en ese sentido solicitó “recurrir al artículo 20 de la Carta Democrática para constituir un grupo de acompañamiento”. Colombia, por otro lado, reconocía que está opción era compatible con las gestiones diplomáticas que prevé la Carta “la cual hoy ha sido activada”. Barbados, finalmente, concluyó diciendo que “sigue estudiando para definir un curso de acción”.
Las implicaciones para Venezuela
En primer lugar, queda claro que al menos un grupo importante de países de la región han decidido reconocer la existencia de una “alteración inconstitucional del orden democrático”, reconociendo así de manera formal que en Venezuela no hay democracia.
En consecuencia, ahora queda por ver cuáles son las gestiones diplomáticas que de manera colectiva este grupo de países decidirá tomar para ayudar al restablecimiento de la democracia en Venezuela. Perú ya asomó la posibilidad de conformar un “grupo de acompañamiento”, el cual podría ser similar al dirigido desde 2002 por el ex-Secretario General de la OEA César Gaviria. No obstante, el problema que tiene esta opción es que será muy difícil que sea ejecutada en la práctica a menos que el gobierno venezolano cambie de posición en su tratamiento a la OEA, y permita que ésta participe activamente en la resolución de la crisis.
Por esta razón, es probable que de decidirse “gestiones diplomáticas” éstas también tengan que ser realizadas de forma bilateral, es decir, con cada gobierno interesado tratando de presionar a Nicolás Maduro y su gobierno por sus propios canales de comunicación.
En segundo lugar, la resolución confirma que una mayoría de los países de la región están muy preocupados por la situación y dispuestos a tomar acciones concretas para ejercer presión sobre el gobierno. Queda por ver si éste decide escuchar y atender las preocupaciones legítimas de los demás países o si por el contrario opta por aislarse aún más de la comunidad internacional. Aunque no puede descartarse que el gobierno de Venezuela decida retirarse de la OEA. Lo sucedido durante los últimos días efectivamente revela que la presión internacional es relevante y es considerada importante por el régimen.
En tercer lugar, también hay que destacar que es posible que en el corto o mediano plazo se reúnan los cancilleres de la región en una Asamblea General de la organización para ver si logran reafirmar la resolución emitida, aunque efectivamente el altercado generado durante la sesión por Bolivia y Venezuela podría influenciar para que al menos se deje pasar un tiempo prudencial para calmar los ánimos.
Por último, hay que destacar que ahora empieza una fase en donde los países y la OEA no deberán poner tanto énfasis en la diplomacia mediática sino en efectivamente tratar de concretar un esfuerzo tras bastidores que permita generar acuerdos concretos en la comunidad internacional sobre qué medidas tomar para ayudar a solventar la crisis y especialmente cómo lograr que el gobierno venezolano respete y cumpla lo acordado.
Nota final: Sorprendentemente, varios minutos luego del cierre de la sesión, se informó informalmente que en las actas de la sesión figuraban 23 Estados registrados como participantes durante la sesión. Hasta el momento, esa información no ha sido publicada en la página web oficial de la OEA.

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