viernes, 4 de noviembre de 2016

LEOPOLDO LÓPEZ GIL Detenidos, presos y secuestrados EL NACIONAL


La historia de la disidencia ha sido escrita con páginas de dolor,  con las garras del autoritarismo. El despotismo no tiene brújula política y corre igual por el canal izquierdo que por el hombrillo de la derecha. Los dos leen el mismo libreto. Se inicia con detenciones arbitrarias basadas en falsos positivos en contra de la libertad de las personas. La tramoya continúa, y convierte la mentira en legalidad aparente con la complicidad de jueces y funcionarios del Estado opresor. Toda la trama desemboca, como una cloaca, en las prisiones del régimen en las que sus directores ejercen el rol de violadores de los derechos humanos.
Nicolás Maduro, ahora se ha convertido en marchante del terror. Su leve insinuación de cambio de seres humanos por situaciones, simplemente por proponer el ya conocido trueque humano que por años han practicado los cubanos.
No sorprende que este régimen nuestro, lerdo aprendiz de las clases de terror impartidas por los hermanos Castro, se haya iniciado utilizando esa estrategia y en un hipnótico intento para convencer el teatral diálogo con testimonio de los medios internacionales. Teatro que ilusiona como un cuento de los hermanos Grimm a los ingenuos venezolanos que ven en estas conversaciones las llaves para la libertad de cientos de presos políticos, y que, dolorosamente, se satisfacen, le abren una rendija a unos cuantos, ilusionando las ingenuas y atormentadas almas de las madres, hijas y esposas de estos prisioneros de conciencia liberando unos pocos detenidos, como si de abrirle la puerta de la jaula a un pájaro cautivo significara en su intensidad la palabra Libertad.
Siguen secuestrados y torturados quienes osaron indicar los caminos de una patria libre, o informar cómo entregan la nación los negociadores de la corrupción. Los presos políticos seguirán tras las rejas, guardados en los calabozos como los cazadores guardan los cartuchos en sus cajas.
Nuestra Constitución está llena de artículos que obligan al gobernante al respeto de los derechos humanos para todos los ciudadanos, incluidos los privados de libertad. Derechos como el resguardo de la confidencialidad, la correspondencia, la ubicación, la prohibición de las torturas en fin los derechos que nos obliga el tratado de la carta fundamental de las Naciones Unidas, que convenientemente se predica como logro de la mejor constitución pero se irrespeta como el mejor forajido.
El tratamiento de los presos comunes es ya tan absurdo, que no nos alarmamos al conocer las dolorosas y terribles historias del infierno en el imperio de los pranes, que narran la degradación absoluta de los seres humanos convertidos en caníbales a causa del hambre o degradados a condición de roedores o batracios sometidos a la más deleznable de las servidumbres.
No obstante, cuando se presentan los informes que describen estos terribles acontecimientos ocurridos en las prisiones, ni la AN, ni el Ministerio de Justicia, ni los magistrados del TSJ parecen perturbarse. Más bien lo que hay es silencio sepulcral y complicidad sin que surja una sola protesta ante los espeluznantes relatos de los hechos. Todo lo contrario, se tapa con mentiras y falsos testimonios como es y ha sido el discurso de altos oficiales de la Cancillería ante la comunidad de naciones. Mentiras van y vienen.
No se oyen voces de protesta desde que la profunda y estudiosa advertencia del lamentablemente fallecido Elio Gómez Grillo se levantó y a pesar de su condición de socialista fue ignorado por el régimen. Solo el ministro de justicia socialdemócrata, Luis Beltrán Guerra le apoyó en la profesionalización de la administración penitenciaria y ya desapareció este loable intento por mejorar esa espantosa realidad.
Ahora la prisión de políticos, cosa que aun niega el gobierno llamando a sus afectados  políticos presos, inventado causas como la de violadores de derechos y de leyes, sin derecho al debido proceso o, inventado falsos positivos, con cargos inexactos como ya lo han admitido fiscales estelares del equipo inquisidor, o castigando a los jueces que difieran del castigo acordado como la juez Afiuni, se ha transformado en un procedimiento tan común que ni siquiera las fuerzas opositoras, la conferencia episcopal ni la defensoría del pueblo se ocupan o preocupan por darle seguimiento.
Es conocido por las  organizaciones internacionales de protección a los derechos humanos que en nuestro país han sido detenidas más de 6.000 personas en los últimos años  por manifestarse en protestas contra el gobierno. Sabemos de detenciones arbitrarias y desapariciones como el reciente caso de Braulio Jatar. Toleramos amenazas como las de Maduro contra todo un partido político como es Voluntad Popular.
La letra de la Constitución autoriza a los ciudadanos de la República a asociarse con garantías de su libertad, manifestar y protestar, revocar los mandatarios que incumplen y  tener un presidente con una única nacionalidad por nacimiento. 
Las detenciones y prisiones fuera de la ley y la negación a los derechos de los prisioneros han hecho que el proceso actual no sea mas que un secuestro a personas y que debe ser no el objeto de unas conversaciones dilatorias, sino la exigencia ciudadana respaldada por todos aquellos que demostrando buena voluntad y preocupación se ofrecen a mediar en esta hora menguada de Venezuela.

No hay comentarios: