Responsabilidad de militares y de civiles Eddie A. Ramírez r
Por lo general se achaca a los militares la mayor cuota de responsabilidad por los atropellos del régimen a la Constitución e incluso algunos llegan a plantear la conveniencia de que desaparezca la Fuerza Armada. Otros achacan la culpa al Tribunal Supremo de Justicia y al Consejo Nacional Electoral, pero a nadie se le ocurre solicitar que, cuando cambie el gobierno, estos dos organismos deben desaparecer. La responsabilidad es individual y no importa cuán desprestigiadas estén algunas instituciones, siempre hay la posibilidad de enderezarlas.
Los militares no pueden ser quienes decidan cuándo la Constitución ha sido violada. Ello sería muy peligroso. Lo vital es que ellos acaten la Constitución. Esta no contempla que la Fuerza Armada sea socialista o chavista. Los oficiales superiores que prediquen esta aberración deberán ser dados de baja.
Hay un grupo de militares que ha violado los derechos humanos al reprimir manifestaciones, en donde han sido asesinados y torturados numerosos ciudadanos. En estos hechos están implicados elementos de la Guardia Nacional, tanto oficiales como guardias. El 11 de abril del 2002 fueron señalados cuatro guardias nacionales por varios asesinatos, el 1 de marzo del 2004 un pelotón de guardias permitió que paramilitares rojos asesinaran a José Manuel Vilas en San Antonio de los Altos, el 4 de marzo del 2004 un oficial asesinó a Evangelina Carrizo en Machiques, el 19 de febrero 2014 asesinaron a golpes a José Alejandro Márquez en Caracas y el 22 a Geraldine Moreno, en Valencia.
Entre los atropellos que tuvieron amplia cobertura en los medios de comunicación podemos señalar los casos de Estrella Castellano, el 30 de setiembre del 2002, Elba de Diamante el 17 de enero del 2003, Elinor Montes el 27 de febrero del 2004, los violentos desalojos de los campos residenciales petroleros y particularmente el de Los Semerucos el 25 de setiembre del 2003. El 27 de febrero del 2004 y días subsiguientes guardias nacionales arremetieron con inusitada violencia, lanzando lacrimógenas delante, en medio de detrás de los manifestantes y disparando perdigones a quemarropa. En el 2014 también la Guardia cometió desafueros en contra de los estudiantes y el 24 de febrero 2014 fue brutalmente golpeada Marvinia Jiménez en Valencia. Desde luego que hubo muchas otras violaciones a los derechos humanos.
A la par que señalamos estos casos bochornosos, cuyos autores deben ser enjuiciados, es justo mencionar que numerosos oficiales de la Guardia Nacional han mostrado su desacuerdo con el régimen, padeciendo prisión y exilio. Sin duda que en la Guardia Nacional hay muchos corruptos, pero es un cuerpo necesario que, previa depuración, tendrá que persistir. Hasta ahora, con contadas excepciones, efectivos del Ejército no han participado en la represión, pero el régimen parece dispuesto a utilizarlos para sobrevivir a cualquier costo. Ojalá todos recuerden que las violaciones a los derechos humanos no prescriben y que no es excusa la obediencia debida.
Desde un punto de vista institucional los integrantes del Tribunal Supremo de Justicia, de otros tribunales y de la Fiscalía son quienes tienen mayor responsabilidad en las violaciones a la Constitución por parte del Ejecutivo. La alcahuetería con la que han respaldado las actuaciones del régimen y la saña con la que han procedido en contra de los ciudadanos no afectos al régimen no tiene precedentes. Hemos tenido otras dictaduras, pero las mismas procedieron descaradamente solo apoyándose en la fuerza. Es inaudito que profesionales del derecho, muchos de ellos profesores universitarios se hayan prestado a tantos atropellos. También hay que incluir a las cuatro Rectoras del CNE.
Hay individualidades que han sido nefastas para el país y que deben citarse. José Vicente Rangel es una de las celestinas del régimen. Diosdado tiene una perversidad que desdice de su nombre. Sus mentiras son tan burdas que darían risa en otras circunstancias. La más reciente fue la de presentar un testigo chimbo para inventar involucrar a Coromoto Rodríguez en las acciones de unos jóvenes en contra de policías que arbitrariamente impedían una marcha. A Jorge Rodríguez el resentimiento le impide actuar con honestidad intelectual. Jaua no supera su etapa de tirapiedra y Bernal sigue con su mentalidad represora. Isturiz se vendió por un plato de lentejas. Padrino López es responsable de la profundización de la politización en la Fuerza Armada y el general Gustavo González López además de embustero es un pobre títere, como muchos otros civiles y militares.
Militares y civiles, con nombre y apellido, son los responsables de la situación actual. Las instituciones no lo son. Bienvenidos al ala democrática quienes ya no comulgan con el régimen, aunque hayan tenido sus pecadillos-
Como (había) en botica: Impecable el comunicado de la MUD: ¨ Revocatorio, libertad de los presos y exiliados políticos, atención a las víctimas de la crisis humanitaria, respeto a la Asamblea Nacional y a la Constitución: ¡ese es el “diálogo” genuino que interesa al pueblo venezolano!¨. Un principio básico es que ¨el enemigo de mi enemigo es mi amigo¨ y viceversa. Lula y Dilma son evidentes amigos del régimen. ¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!
eddiearamirez@hotmail.com 31-5-16 Noticiero Digital, Rununes, Digaloahi digital, elresplandordelsur.com
Por lo general se achaca a los militares la mayor cuota de responsabilidad por los atropellos del régimen a la Constitución e incluso algunos llegan a plantear la conveniencia de que desaparezca la Fuerza Armada. Otros achacan la culpa al Tribunal Supremo de Justicia y al Consejo Nacional Electoral, pero a nadie se le ocurre solicitar que, cuando cambie el gobierno, estos dos organismos deben desaparecer. La responsabilidad es individual y no importa cuán desprestigiadas estén algunas instituciones, siempre hay la posibilidad de enderezarlas.
Los militares no pueden ser quienes decidan cuándo la Constitución ha sido violada. Ello sería muy peligroso. Lo vital es que ellos acaten la Constitución. Esta no contempla que la Fuerza Armada sea socialista o chavista. Los oficiales superiores que prediquen esta aberración deberán ser dados de baja.
Hay un grupo de militares que ha violado los derechos humanos al reprimir manifestaciones, en donde han sido asesinados y torturados numerosos ciudadanos. En estos hechos están implicados elementos de la Guardia Nacional, tanto oficiales como guardias. El 11 de abril del 2002 fueron señalados cuatro guardias nacionales por varios asesinatos, el 1 de marzo del 2004 un pelotón de guardias permitió que paramilitares rojos asesinaran a José Manuel Vilas en San Antonio de los Altos, el 4 de marzo del 2004 un oficial asesinó a Evangelina Carrizo en Machiques, el 19 de febrero 2014 asesinaron a golpes a José Alejandro Márquez en Caracas y el 22 a Geraldine Moreno, en Valencia.
Entre los atropellos que tuvieron amplia cobertura en los medios de comunicación podemos señalar los casos de Estrella Castellano, el 30 de setiembre del 2002, Elba de Diamante el 17 de enero del 2003, Elinor Montes el 27 de febrero del 2004, los violentos desalojos de los campos residenciales petroleros y particularmente el de Los Semerucos el 25 de setiembre del 2003. El 27 de febrero del 2004 y días subsiguientes guardias nacionales arremetieron con inusitada violencia, lanzando lacrimógenas delante, en medio de detrás de los manifestantes y disparando perdigones a quemarropa. En el 2014 también la Guardia cometió desafueros en contra de los estudiantes y el 24 de febrero 2014 fue brutalmente golpeada Marvinia Jiménez en Valencia. Desde luego que hubo muchas otras violaciones a los derechos humanos.
A la par que señalamos estos casos bochornosos, cuyos autores deben ser enjuiciados, es justo mencionar que numerosos oficiales de la Guardia Nacional han mostrado su desacuerdo con el régimen, padeciendo prisión y exilio. Sin duda que en la Guardia Nacional hay muchos corruptos, pero es un cuerpo necesario que, previa depuración, tendrá que persistir. Hasta ahora, con contadas excepciones, efectivos del Ejército no han participado en la represión, pero el régimen parece dispuesto a utilizarlos para sobrevivir a cualquier costo. Ojalá todos recuerden que las violaciones a los derechos humanos no prescriben y que no es excusa la obediencia debida.
Desde un punto de vista institucional los integrantes del Tribunal Supremo de Justicia, de otros tribunales y de la Fiscalía son quienes tienen mayor responsabilidad en las violaciones a la Constitución por parte del Ejecutivo. La alcahuetería con la que han respaldado las actuaciones del régimen y la saña con la que han procedido en contra de los ciudadanos no afectos al régimen no tiene precedentes. Hemos tenido otras dictaduras, pero las mismas procedieron descaradamente solo apoyándose en la fuerza. Es inaudito que profesionales del derecho, muchos de ellos profesores universitarios se hayan prestado a tantos atropellos. También hay que incluir a las cuatro Rectoras del CNE.
Hay individualidades que han sido nefastas para el país y que deben citarse. José Vicente Rangel es una de las celestinas del régimen. Diosdado tiene una perversidad que desdice de su nombre. Sus mentiras son tan burdas que darían risa en otras circunstancias. La más reciente fue la de presentar un testigo chimbo para inventar involucrar a Coromoto Rodríguez en las acciones de unos jóvenes en contra de policías que arbitrariamente impedían una marcha. A Jorge Rodríguez el resentimiento le impide actuar con honestidad intelectual. Jaua no supera su etapa de tirapiedra y Bernal sigue con su mentalidad represora. Isturiz se vendió por un plato de lentejas. Padrino López es responsable de la profundización de la politización en la Fuerza Armada y el general Gustavo González López además de embustero es un pobre títere, como muchos otros civiles y militares.
Militares y civiles, con nombre y apellido, son los responsables de la situación actual. Las instituciones no lo son. Bienvenidos al ala democrática quienes ya no comulgan con el régimen, aunque hayan tenido sus pecadillos-
Como (había) en botica: Impecable el comunicado de la MUD: ¨ Revocatorio, libertad de los presos y exiliados políticos, atención a las víctimas de la crisis humanitaria, respeto a la Asamblea Nacional y a la Constitución: ¡ese es el “diálogo” genuino que interesa al pueblo venezolano!¨. Un principio básico es que ¨el enemigo de mi enemigo es mi amigo¨ y viceversa. Lula y Dilma son evidentes amigos del régimen. ¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!
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