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Debido a sus semejanzas, el acoso judicial
del ciudadano Diosdado Cabello a tres medios de comunicación me ha llevado a
recordar el proceso ordenado por Chávez contra Oswaldo Álvarez Paz por unas
declaraciones que ofreció en el programa de televisión Aló, Ciudadano,
una voluntad de opinar con responsabilidad, por la que todavía paga insólitas
consecuencias. Tal vez la memoria de una operación tan aberrante nos conduzca
a reflexionar con la debida seriedad sobre la amenaza que hoy se cierne contra
los editores de El Nacional, Tal Cual y La
Patilla.
Oswaldo Álvarez Paz no pudo votar en las
elecciones parlamentarias porque su cédula de identidad tenía “observaciones”,
pero también por otro detalle que la computadora suministraba sin apelación: “Derechos
políticos suspendidos”. Tampoco pudo renovar su pasaporte porque, también de
acuerdo con el fatídico ordenador del régimen, tenía “graves problemas
migratorios”. Así como se quedó sin participar como elector en diciembre, hoy
le está vedada la posibilidad de ver a siete nietos que viven en el exterior.
Encerrado en el mapa del contorno sin razón evidente y, a la vez, expulsado
del ejercicio de sus derechos ciudadanos, lo único que puede hacer sin
licencia de los verdugos, según confiesa mientras se aferra al consuelo de su
buen humor, es visitar a su amada “república” del Zulia. ¿Cuáles son los
motivos de esta persecución? ¿Por qué esta sevicia inaudita?
En el referido programa de televisión
(marzo de 2010), se refirió a un documento que reclamaba la atención de la
opinión pública. El juez cuarto de la Audiencia Nacional de España había
suscrito un expediente basado en evidencias de peso sobre casos de
narcotráfico llevados a cabo por elementos de ETA y las FARC, con la
complicidad del gobierno venezolano. Como conocía los detalles del documento,
pero también por su experiencia en la legislación relacionada con la
persecución del narcotráfico (había presidido, en el extinto Congreso
Nacional, la comisión que redactó la Ley sobre Uso Ilegal de Sustancias
Estupefacientes y Psicotrópicas, pionera en la materia; y formó parte de la
Comisión Andina Antidrogas, en cuyos trabajos acompañó al heroico ministro de
Colombia Rodrigo Lara Bonilla, víctima del Cartel de Medellín) exigió una
inmediata averiguación para la cual pedía el compromiso del presidente de la
República. Se tiene que averiguar este asunto “caiga quien caiga”, aun la
cabeza más alta, sentenció el entrevistado. La respuesta del jefe del Estado
no se hizo esperar, a través de Aló, Presidente: “Me llamó
narcotraficante. Ese señor no puede seguir en libertad”.
Oswaldo Álvarez Paz fue acusado de
conspiración, de instigación a delinquir, de instigación al odio y de difusión
de información falsa. Pese a lo peregrino de los cargos, pasó dos meses de
reclusión en el Helicoide y después afrontó en libertad su proceso, no en
balde los colegios de abogados y numerosas instituciones y personalidades del
país y del exterior protestaron ante la enormidad del proceso. La Fiscalía
prefirió desistir de acusarlo por conspirador, debido a la imposibilidad de
probar semejante invención que lo pudo conducir a una pena de dieciséis años
de presidio, y finalmente el tribunal resolvió, seguramente por órdenes
superiores, pero también por el empeño ejemplar de sus abogados, condenarlo
solo a dos años de prisión en libertad y a prohibir su salida del país sin
autorización judicial. Ya cumplió la condena pero, de aló en aló, continúan
mutiladas sus prerrogativas políticas mientras permanece su encierro en el
territorio nacional. Falta la “orden superior” que le permita ciudadanía
cabal.
La memoria de este escandaloso proceso se
busca para llamar la atención sobre los casos pendientes contra tres medios de
comunicación en los cuales también se pueden atravesar las “órdenes superiores”,
según se dijo al principio. Pero también, no faltaba más, como reconocimiento
a la probidad de un hombre público sin tacha, de un político de especial
relevancia, de un hombre útil y decente que acompaña las luchas de la sociedad
por el retorno de la democracia
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