JCL Octubre 2015
En el acto realizado en la Habana el día 24 de septiembre,
con ocasión de la firma de los acuerdos que suscribieron el gobierno colombiano
y las FARC, el Presidente Santos definió a la guerrilla y al Estado como “adversarios que ahora marchan juntos hacia
la paz. Y el día 30 afirmó, en declaraciones
concedidas a Stephen Adler de la agencia Reuter que “no se puede castigar a los
guerrilleros responsables de los crímenes
de guerra tan severamente, como algunos pretenden, si el país quiere
un acuerdo de paz para poner fin a un conflicto que ha causado 250.000 muertes”.
En esas declaraciones el primer mandatario colombiano justifica
“sacrificar algo de justicia, como un
precio razonable, porque la
alternativa es seguir con 30 años más de guerra”. Dijo además que sólo un pequeño
sector de la sociedad se opone a los acuerdos, y que está absolutamente
convencido del compromiso de las FARC con la paz.
Estos pronunciamientos han encontrado el más amplio respaldo
de los gobiernos, y de los poderes internacionales. El Presidente Obama, en
medio de expresiones de optimismo, comprometió el apoyo de Estados Unidos a la etapa
del posconflicto. El Secretario de
Estado John Kerry anunció la necesidad de ir más allá del combate contra la
criminalidad y el narcotráfico. Y junto a Santos, en Nueva York, declaró el 2
de octubre a favor de la sustitución de los cultivos de coca, y planteó la
necesidad de llevar adelante planes que permitan la reconstrucción del tejido
social. En esa misma oportunidad el mandatario colombiano aseguro que “los guerrilleros que hoy protegen carteles y cultivos de coca cambiarán
de bando”.
El Secretario General de Naciones Unidas manifestó su complacencia por el encuentro de la Habana
entre Santos y Timochenko, y agradeció personalmente a Raúl Castro el aporte
dado a las negociaciones. La OEA, ALBA,UNASUR, CELAC, UNION EUROPEA, así como
las cancillerías de prácticamente todos los países han apoyado sin reservas las
iniciativas llevadas adelante. El Papa Francisco durante la misa celebrada en
la plaza de la revolución cubana, llamó a no permitir otro fracaso y confesó a
los periodistas que le acompañaron en su gira por la isla que ha intervenido activamente
estimulando el desarrollo de los complejos debates.
Sin embargo, a pesar de los importantes factores que concurren
a apoyar los términos pactados para desmontar la confrontación armada, sectores
significativos de la sociedad colombiana han condenado lo que consideran la
rendición del Estado ante el chantaje armado de un grupo criminal que hasta el
último momento continuó ejecutando sus abominables actos terroristas, y no
parece dispuesto a arrepentirse de ellos.
La Defensoría del Pueblo contabilizó de mayo a junio de este
año, mientras se realizaban las reuniones en la capital cubana, la comisión de 64
actos criminales materializados en ataques a infraestructura eléctrica y a oleoductos que dejaron sin agua y sin luz a
cientos de miles de personas, causaron graves daños al medio ambiente y ocasionaron millonarias pérdidas económicas y
de infraestructura. En esas acciones fueron asesinados 9 policías, se interceptaron y atacaron con explosivos
a vehículos particulares, ambulancias y transportes colectivos que circulaban
en las carreteras, se interceptaron camiones cargados con crudo, se derramó su contenido
en las vías por donde circulaban estos transportes, y se continuó el reclutamiento
forzado de adolescentes.
Los críticos del proceso de paz indican, entre otros cuestionamientos, que ninguno de los
lideres de las FARC ha admitido su condición de victimarios. Iván Márquez uno
de sus principales cabecillas sobre quien pesan una sentencia de 40 años de cárcel,
117 órdenes de captura por secuestros, rebelión,
homicidio agravado y desapariciones forzadas ha señalado que no hay víctimas de
las FARC sino “victimas del conflicto”.
Márquez, por cierto,
aparece ante los ojos del Departamento de Estado como peligroso capo de la droga, a quien se le atribuye
ser el encargado de supervisar la carga de aviones que transportan cientos de
toneladas de cocaína a Estados Unidos, a cambio de dinero y armas de guerra
como parte de pago.
Recientemente Timochenko declaró a Piedad Córdova en
entrevista realizada a través de TELESUR, que no pide perdón por sus delitos, y
confesó con toda naturalidad ante las cámaras de televisión que se preparaba un
plan para matar a Santos el 4 de noviembre de 2011 “pero que Alfonso Cano ordenó suspender el atentado por los acuerdos
de paz”. En ese mismo programa, el
comandante de las FARC pone en evidencia las secretas y turbias relaciones de Santos
y Chávez en su trato con las guerrillas refugiadas y protegidas detrás de la
frontera venezolana. Dice que la primera
de tres reuniones que tuvo con Chávez ocurrió en Miraflores, luego
de la muerte de Alfonso Cano. Timochenko, entonces recién designado jefe del grupo
armado, acudió a esa cita propuesta por
Santos, para coordinar el traslado a sitio seguro del guerrillero Mauricio
Jaramillo.
“Santos le pide a
Chávez que hable conmigo, tras la muerte de Alfonso Cano, buscando garantías para movilizar a Mauricio Jaramillo
de un lugar cercado por el ejército”, reveló Timochenko
en el programa de TELESUR moderado por Piedad Córdoba. De esa manera, el hoy
máximo jefe de la guerrilla reconoce públicamente lo que Uribe denunció en la
OEA al final de su mandato, la existencia de campamentos terroristas en suelo
venezolano. Campamentos en los que, con la protección de nuestro ejército y el
visto bueno del gobierno colombiano, se garantizó la seguridad de los narco subversivos mientras
se cocinaba la salida al conflicto armado. Entre tanto la FARC continuó, y continúa
utilizando nuestro territorio para el tráfico de drogas y otras acciones
delictivas en abierta violación de nuestra soberanía.
Mientras el gobierno de Colombia, sus aliados
internacionales y la FARC manifiestan su confianza en el camino emprendido, importantes sectores
políticos y sociales advierten sobre la terrible consecuencia que traería la
decisión de pagar con impunidad la desmovilización de la guerrilla. Este es sin
duda el punto más conflictivo que
enturbia el horizonte.
Uno de los aspectos más cuestionados es la llamada “justicia
transicional”. Según el ex magistrado de
la Corte Constitucional Nilson Pinilla “no
se pueden crear tribunales de juzgamiento después de ocurridos los hechos
materia de investigación, porque violarían acuerdos internacionales y principios
fundamentales del Derecho”. Y sobre la designación de estos tribunales, se advierte
que sus integrantes serán escogidos mediante
acuerdo del gobierno y las FARC. Es decir, los criminales tendrán la potestad
de participar en la escogencia de sus jueces.
Además, el anuncio de la “amnistía más amplia posible por
delitos políticos y conexos” planteada en el documento dado a conocer luego de
la reunión Santos Timochenko, deja
abierta la posibilidad de considerar delitos conexos perdonables el narcotráfico,
el secuestro y la extorsión, por ser éstas las actividades utilizadas como
medios para financiar la guerrilla.
Otro de los temas controversiales es el relacionado con las
sentencias a ser aplicadas por los tribunales especiales. El documento de la
Habana menciona penas entre 5 a 8 años para quienes reconozcan los crímenes
cometidos. El Procurador Alejandro Ordóñez en desacuerdo con tal propuesta ha declarado
que “las penas deben ser proporcionales
al crimen y a las condiciones personales de los responsables”, y ha señalado
que el texto suscrito es ambiguo en lo que se
refiere a la restricción efectiva de la libertad, por lo que graves delitos
pueden terminar sancionados simplemente con la prohibición de salida del país,
o la realización de trabajos comunitarios.
Por su parte la Fiscal de la Corte Penal Internacional Fatou
Bensouda advirtió a las autoridades colombianas, que las penas que se apliquen “no pueden ser simbólicas o inexistentes”.
En lo que algunos analistas han considerado “un campanazo”
al proceso de paz, la fiscal Bensouda ha informado a las instituciones
neogranadinas que “una condena que fuera
severa o manifiestamente inadecuada a la luz de la gravedad de los hechos
cometidos y de la forma de participación de la persona acusada, viciaría el
carácter genuino del procedimiento nacional, aún en el caso de que todas las
fases anteriores del procedimiento hubiesen sido consideradas genuinas”. En
estos casos, advierte, la Corte Penal Internacional se activaría “si no se aplica la justicia en un país
frente a graves violaciones del derecho internacional”.
Vistos los hechos,
pareciera que en el delicado y complejo proceso que comienza a transitar
Colombia lejos de promoverse consensos, por el contrario se profundizan graves desencuentros entre las instituciones y
partidos que actúan en la vida democrática. Mientras que a nivel internacional
no serán pocas las voces dispuestas a oponerse al perdón que se pretende
otorgar a los líderes de la FARC.
Con suficientes
razones los críticos de Juan Manuel Santos le acusan de haber detenido la
derrota progresiva que la narco guerrilla venía sufriendo bajo los dos períodos
de gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Las victorias logradas por el ejército a
partir de 2002 y hasta el 2010, acompañadas
por el amplio respaldo de la opinión pública, devolvieron la seguridad a la
ciudadanía, redujeron la violencia, y colocaron a la defensiva a todas las organizaciones alzadas en armas. Sin duda, a partir de entonces el Estado derrotaba
a la insurrección y le conducía a una
rendición inevitable. La exitosa política de seguridad democrática convirtió a Álvaro
Uribe en el líder de mayor respaldo popular de Colombia en las últimas décadas. Gracias a él comienza
a cambiar positivamente la violenta historia del país, y sobre esa plataforma su Delfín Juan
Manuel Santos logró la Presidencia de la República.
Hoy, las encuestas de opinión ponen de manifiesto algunos
elementos que reflejan los sentimientos de la ciudadanía en relación con los términos
en los que deberá concretarse la
anhelada paz y la desmovilización de las guerrillas. Son datos sobre los cuales
gravitará el rechazo o el respaldo a las medidas que finalmente se decidan
implementar. El 24 de septiembre fueron dados a conocer los resultados de la
medición realizadas por la empresa DATEXCO contratada por el diario ELTIEMPO,
en la que el 63,2 por ciento es contrario a que los involucrados en delitos de
lesa humanidad, reciban penas tan sólo de 5 a 8 años a cambio de verdad y
reparación, mientras el 69 por ciento no cree que los acuerdos suscritos
garanticen la justicia ni la reparación de las víctimas.
Esos indicadores
señalan claramente que la opinión pública no aprueba cambiar impunidad por paz.
Por lo tanto, está por verse de que manera el gobierno de Juan Manuel Santos
será capaz de lograr un consenso suficientemente amplio en los sectores
democráticos del país que le de piso estable a los acuerdos. O si, por el
contrario impondrá los pactos de la Habana, suscritos bajo el amparo de la
dictadura castrista y la complacencia del señor Obama. Pactos que implican la
rendición del Estado y la victoria
política de los responsables fundamentales
de la tragedia colombiana.
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