El pasado
19 de agosto la frontera entre el estado Táchira (Venezuela) y el departamento
del Norte de Santander (Colombia) fue cerrada durante 3 días por decreto del
presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Para “controlar” la situación de
“orden público”.
Era la
respuesta de Maduro a la emboscada, ese mismo día, a los Tenientes de Ejercito
Daniel Veloz Santaella y Alexis Rodríguez Arias, y el Cabo primero Miguel
Núñez Martínez por un motorizado. Cuando realizaban una comisión de
inteligencia en el área urbana, barrio Simón Bolívar de San Antonio del
Táchira.
Según
información disponible en las redes, “el hecho obedeció al incidente que
ocurrió 2 días antes, cuando los Tenientes Veloz Santaella y Rodríguez
Arias y otros efectivos del Ejército detuvieron en las inmediaciones de la
alcabala dePeracal, [San Antonio del Táchira],”…” una
camioneta tripulada por dos efectivos de la Guardia Nacional de Venezuela con
un cargamento de drogas, dinero en efectivo cercano a Bsf. 47 millones y $3
millones. De acuerdo a la versión de los funcionarios de la Guardia Nacional
(GN), el cargamento y el dinero pertenecían al Comandante del Regional de la GN
del estado Táchira”.
Por lo
que la emboscada a los tenientes sería la respuesta de la Organización que
perdía el alijo en el operativo del Ejercito. Esta frontera colombo-venezolana
sirve para el contrabando de gasolina que sale en góndolas equipadas; el
contrabando de alimentos; y el tráfico de drogas. Es una región controlada, en
exclusividad, por la Guardia Nacional.
Posteriormente,
Maduro decreta el 21 de agosto un estado de excepción por un lapso de 60 días
en los municipios fronterizos del estado Táchira con Colombia (Bolívar,
Ureña, Junín, Capacho Libertad y Capacho Independencia). ”Como parte de las
medidas para restablecer el orden, la paz, la tranquilidad, la justicia y una
frontera verdaderamente humana..” .
En la
frontera entre el Táchira y Norte de Santander se manejan grandes negocios, en
disputa por organizaciones amparadas por el Estado venezolano.
Moisés
Naím define el Estado mafioso como
“países donde impera la corrupción o donde el crimen organizado controla
importantes actividades económicas y hasta regiones completas. Se trata de
países en los que el Estado controla y usa grupos criminales para promover y
defender sus intereses nacionales y los interesesparticulares de una élite de
gobernantes”. Y, Fernando Mires señala en su artículo Venezuela
anómica, que el concepto Estado mafioso “calza
perfectamente con las características del Estado venezolano a partir de la era
Cabello/Maduro”.
Por lo
que el patrón de comportamiento del Estado venezolano es más de una
organización criminal que ha tomado el control de sus redes criminales.
Colocándolas a “su servicio y, más concretamente, al servicio de los
intereses económicos de los gobernantes, sus familiares y socios”. [Moisés Naím]
En el
2012, Eladio Aponte, ex magistrado del Tribunal Supremo de Justicia de
Venezuela, entregó a funcionarios de la DEA amplias evidencias que confirmarían
que altos funcionarios del Estado venezolano son los principales jefes de
importantes bandas criminales transnacionales. Y, este año (enero) el capitán
de Corbeta, Leamsy Salazar, acogido al programa de protección de testigos de la
DEA, acusó a Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, de ser el
jefe del “Cartel de los Soles”.
El
diario The Wall Street
Journal, el pasado mes de mayo, publicó que Fiscales estadunidenses
adelantan una investigación por el tráfico de drogas y lavado de dinero contra
Diosdado Cabello, Hugo Carvajal, Néstor Reverol, José David Cabello y Luis
Motta Domínguez.
Hasta
ahora los testigos de la DEA-Fiscalía para procesar a los venezolanos por el
tráfico de drogas pertenecen al lado del tránsito del alijo por Venezuela hacia
el exterior.
Sin
embargo, el pasado 28 de julio el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, “autorizó
la extradición a Estados Unidos de Gersaín Viáfara Mina, alias Eliseo, a quien
las autoridades de ese país -Corte del Distrito Sur de Nueva York-consideran
un testigo clave en el narcotráfico que se realiza desde
Venezuela, y cuyas declaraciones podrían evidenciar la supuesta relación de
altos mandos militares venezolanos con este ilícito”. [El Tiempo]
Un mes
más tarde, el 24 de Agosto, Santos autorizó otra extradición a Estados Unidos.
La del “empresario Óscar Hernando Giraldo Gómez, quien es acusado
de llevar drogas ilícitas” al país del norte “a través de
rutas que presuntamente militares de Venezuela habrían facilitado en su país
para realizar dicha operación ilegal”, según información publicada
por El Tiempo.
De acuerdo al titular de El Tiempo, “Giraldo Gómez es considerado el testigo
estrella que destapará el Cartel de los Soles”.
Estas
extradiciones serían recibidas por Cabello/Maduro como un ataque a su
permanencia en el poder en Venezuela. Porque los nuevos testigos aportarían a
la Fiscalía estadunidense elementos de prueba del lado del origen de la droga.
Lo que comprometería más la relación del gobierno de Maduro con la
Administración de Obama. Dejando poco espacio a las dudas de que Venezuela es
un narco-Estado. Y, los países y los organismos multilaterales de la Región se
quedarían sin argumentos para seguir sosteniéndolos.
Por ello,
la respuesta por parte del Estado mafioso es la expulsión de 1.113 colombianos
del territorio venezolano como una medida de retaliación. Sin importarle la
violación de sus derechos humanos. Grupos familiares han sido separados,
quedando en Venezuela niños sin sus padres.
Para
entender esta violenta reacción, basta con recordar 2 casos emblemáticos
anteriores de posible extradición a Estados Unidos. En los cuales las
respuestas por parte del Estado venezolano fueron contundentes.
Walid
Makled, quien fue extraditado desde Colombia a Venezuela en vez de Estado
Unidos. Según informes de la firma privada de inteligencia Stratford,
divulgados por WikiLeaks, militares venezolanos ejercieron fuerte presiones
sobre Chávez para que este evitara a toda costa que Makled fuera a parar a
manos de la justicia estadounidense. La decisión del presidente Santos fue
rechazar la solicitud de Estados Unidos en favor de Venezuela. Se produjo en
momentos que Santos se esforzaba para mejorar las relaciones con Chávez gravemente
deterioradas y que perjudicaron el activo comercio bilateral.
El otro
caso fue Hugo Carvajal, quien fue arrestado en Aruba y era solicitado por la
justicia de Estados Unidos por varios procesos judiciales llevados en paralelo
por distintas Cortes Federales. La repuesta de Cabello/Maduro fue elevar la
presión militar y económica a la Isla, según declaraciones de Peter Blanken -fiscal
general para el momento- al The Wall Street Journal. Después, Carvajal fue
liberado y enviado a Venezuela.
El cierre
de la frontera por parte de Maduro, responde a una lucha entre bandas por
controlar el negocio de tráfico de combustible, alimentos y droga. Y, la
expulsión de los hermanos colombianos del territorio venezolano es la respuesta
de Maduro a Juan Manuel Santos, por las extradiciones de narco-colombianos a
Estados Unidos.
La nación
colombiana tiene el reto de contener al Estado mafioso. Como hizo en los años
1980-90. Cuando los carteles de la droga quisieron ponerla de rodilla.
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