La hiperinflación es una especie de enfermedad política que tiene un severo y negativo impacto económico y que surge en condiciones extremas como una guerra o el el caso venezolano, por una gestión político-económica forajida, al margen de las reglas básicas que mueven un sistema económico en Estado de Derecho.
Un Estado de Derecho limita el poder coercitivo de un Estado, protegiendo así a individuos y sus bienes de acciones arbitrarias de ese Estado así como de terceros. En este marco, los individuos podrán planificar sus actividades económicas de acuerdo a las reglas de juego, lo que permite a los individuos maximizar su función de utilidad y permitir crear riqueza y alcanzar el “desarrollo.
En ese marco jurídico, el medio de pago -el papel moneda- es al mismo tiempo un valor y un activo. Y su emisión está regida por una regla: mantener la relación de paridad y poder de compra de ese pasivo emitido por el mismo Banco Central y adquiridos por los individuos en una relación de propiedad.
Es decir, el objetivo central de un Banco Central es evitar que el dinero pierda su valor a través de la (hiper)inflación. Para lograrlo, ese agente dispone de un conjunto de instrumentos y mecanismos de política monetaria que en condiciones de libre mercado, precios y propiedad, eliminan las condiciones de hiperinflación. Un fallo deliberado a esas obligaciones puede representarle al Directorio de ese Banco Central castigos políticos y administrativos, como por ejemplo, lo que sucedió en Nueva Zelanda.
Desarrollemos algunos detalles. Nos referimos al respeto a la propiedad privada, la cual, sin reglas de mercado ni espontaneidad en formación de precios, es puesta bajo riesgo por una política fiscal insostenible en el largo plazo tanto en términos precisos de solvencia fiscal como en su contraparte monetaria, por el incremento insostenible del dinero en circulación emitido por el gobierno sin contraparte de valor transable, es dcir, una masiva impresión monetaria de alta potencia inflacionaria.
A partir de acá, no hay dudas que la hiperinflación es un fenómeno político en esencia. No existe eso de inflación salarial ni de costos; los precios de los bienes crecen precisamente por la inflación. La emisión masiva de moneda local se ejecuta bajo un marco de irresponsabilidad fiscal, cuyo colapso se produce esencialmente por dos razones; a saber, por expansión insolvente del gasto público y la otra, por caída sostenida del ingresos fiscales, o una combinación de ambos fenómenos.
Todo ello ocurre bajo el marco de un proceso político dirigido a la confiscación de los activos bajo el derrumbe del marco jurídico que ya no protegen los derechos de propiedad sobre esos activos.
En el fondo destacamos que la impresión de dinero por razones fiscales, es decir, la mano monetaria que lava la mano fiscal dejando atrás un colosal desequilibrio monetario causada por explosión del circulante emitido para que el gobierno “pague” el gasto público.
Este es el caso más frecuente en la mayoría de hiperinflaciones en los últimas décadas, desde la conocida República de Weimar en Alemania, generadas por costosos procesos políticos fiscalmente insostenibles, Nuestro caso, el de la “revolución bolivariana socialista” puesta en el mercado por un gobierno decidido a expropiar sin compensación -fenómeno ocurrido entre 2000 y 2005, antes de la explosión de los precios del petróleo-, tierras confiscadas incluidos sus activo en ganado y siembras. Y posteriormente utilizando la renta petrolera con el boom de precios del petróleo para adquirir unilateralmente, nacionalizar, expropiar con compensación en pago con bolívares por activos privados nacionales, y con liquidez internacional, en caso de activos extranjeros, petróleo, cemento, acero, telecomunicaciones, electricidad, etc.
Este fenómeno impondría en el mediano plazo un severo peso fiscal que haría insostenible la política fiscal. Eso lo escribimos por acá y lo expresamos en los medios en su oportunidad, por ello no hay sorpresas en la comprensión que la estampida hiperinflacionaria llegaría empujada por ese proceso de estatización, nacionalización.
En cualquier caso la suma de esos dos procesos llegó a postrar la solvencia financiera y económica del Estado causando el colapso de los indicadores de riesgo que explican la caída de la capacidad de generar liquidez internacional, por la caída de la producción de petróleo y descapitalización de la industria petrolera, lo cual al impactar el ingreso fiscal coloca los mecanismos de impresión del Banco Central a disposición del gobierno para el pago de las obligaciones fiscales internas, distorsionadas por la presencia de un control de cambio que rija por la fuerza del acto político el mercado de la moneda de reserva, dólares. Estamos hacia finales del 2012 donde la explosión del dólar paralelo fue el heraldo que Venezuela entraba en área de inflación extrema.
Lo que es visible en el mercado es una caída sin retorno, dos déficits gemelos, el fiscal (déficit) y de balanza de pagos (sin liquidez internacional) en caída sostenida de reservas internacionales y en conjunto una violenta devaluación del bolívar que indica la presencia de una especie de Armagedón fiscal que impacta y viole ostensiblemente el poder adquisitivo del bolívar. El gobierno pensó que sus devaluaciones disfrazadas no tendría el impacto en los precios, una visión inocente de la inflación, ignorando que esta es esencialmente monetaria, es decir, política.
El desastre institucional alcanza los extremos de no publicar los índices de precios, además de los masajes a la data de precios, que el Estado está en obligación de producir. La combinación de ambos fenómenos administrativos se expresan en desconfianza en las institución que imprime la moneda y que voltea la demanda hacia la moneda que le sirve de reserva, el dólar, pero esta vez adquirido libremente en el mercado paralelo, El concepto reservas acá lo usamos igualmente como el valor real de los saldos monetarios nominales / reales emitidos por el Banco Central, y utilizados como contraparte para la emisión de la moneda local, un paso más allá del señoreaje, o si se prefiere llevar el extremo el señoreaje con el propósito de obtener por esa via los bolívares que no recibe por venta de valuta al Banco Central de parte de PDVSA al administrador de las reservas internacionales, el BCV.
Al final, ese complejo proceso de generar hiperinflación es comprensible, como todo lo que ocurre con la economía al impedirse el funcionamiento del Estado de Derecho. El único mercado libre, el del dólar paralelo, en nuestro caso, se depreciara velozmente recogiendo en la sombra el impacto sobre los precios que causa la masiva monetización del déficit fiscal. Aplicando de manera directa la teoría económica del mecanismo de paridad de poder de compra nos permite, bajo el insoslayable método socrático, su mayéutica, que la hiperinflación al no poder ser medida por el gobierno, por razones políticas y administrativas por él violadas, al no producir los indicadores de precios, y al masajeo de la data dirigida a burlar al ciudadano de las causas de soberbia irresponsabilidad en emitir un dinero que es por sí y el mismo derruido en una vorágine hiperinflacionaria.
En esas condiciones, solo resta el dólar -mal llamado negro-, como el proxy de la hiperinflación. Sin embargo, asesores y adláteres del gobierno, en el mercado de la opinión pública especializada se han esforzado en coincidir con el Presidente de la Republica y el Presidente del BCV en que el proceso inflacionario se mantiene en el marco sustentable de la inflación y no de la hiperinflación. En otras palabras, es mejor una inflación que una hiperinflación, mal de muchos, consuelo de tontos. Así dándole al dólar paralelo la analogía de un precio de sombra, el dólar paralelo representaría el precio del dólar, una vez eliminada la restricción del mercado cambiario; es decir, un típico problema de maximización, nadie vende por el dólar SIMADI, si puede en la “sombra” venderlo por el paralelo.
Matemáticamente es más complejo, puede ser un simple problema de programación lineal, y en típico problema de maximización, con una restricción –control de cambio- el precio de sombra equivaldría al precio de esa restricción, en otras palabras el precio en el marco de un entorno hiperinflacionario no lo define el precio fijo y justo, tampoco el SIMADI sino el dólar paralelo, y esta velocidad hiperinflacionaria es la que destruye el poder de compra del bolívar.
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