martes, 30 de septiembre de 2014

“La espada de Damocles está colgando sobre las cabezas de todos los que han actuado en contra de los Derechos Humanos de los venezolanos”.

Investigaciones contra Venezuela dan un paso más en la CPI


La Fiscalía de la  Penal Internacional (CPI) ha decidido reabrir el ‘Caso Venezuela’, a través de la reanudación de una investigación preliminar sobre las violaciones a Derechos Humanos registradas en el país durante los últimos 15 años. Una medida que podría iniciar, de ser aprobada, una investigación firme contra importantes representantes oficialistas. El corresponsal en Madrid de Informe21, José A. Puglisi, ha estado con  Cárdenas, presidente de la Plataforma Democrática de Venezuela en Madrid (PDVM), para ahondar en la importancia de esta medida internacional.
La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) es la única instancia jurisdiccional que ha iniciado una investigación preliminar para sancionar, de manera imparcial, las violaciones de Derechos Humanos registrados en Venezuela durante los últimos 15 años. Una medida que, de llegar a ser aprobada, implicaría una investigación firme contra algunas importantes figuras del oficialismo que tienen relación con los acontecimientos del 12 de febrero, como: Nicolás Maduro, presidente de Venezuela; Diosdado , presidente de la Asamblea Nacional; Miguel Rodríguez, ministro de Interior; y Carmen Meléndez, ministra de Defensa; así como los gobernadores José Vielma Mora (Táchira), Francisco Arias Cárdenas (Zulia), Tareck el Aissaimi (Aragua), Francisco Ameliach (Carabobo) y Ramón Alexis Ramírez (Mérida)
La reapertura del ‘Caso Venezuela’ es la respuesta de la CPI ante las denuncias presentadas por los 300 parlamentarios latinoamericanos y españoles que, junto a otros grupos como la Plataforma Democrática de Venezuela en Madrid (PDVM), han solicitado que se enjuicie a quienes han promovido o realizado violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos de un sector determinado del país.
Williams Cárdenas, presidente de la Plataforma Democrática de Venezuela en Madrid, ha indicado en  a Informe21 que “existe una larga lista de crímenes, homicidios, lesiones, torturas, desapariciones, persecuciones, detenciones ilegales y desplazamientos que se han producido en el marco de una actuación ilegítima del poder político, de sus Fuerzas Armadas y de grupos paramilitares o irregulares que son armados, dirigidos y financiados por el poder político”. Un listado que está resumido en el ‘Caso Venezuela’ y del que tiene constancia la Corte Penal Internacional desde hace 12 años.
Una nueva oportunidad
Las denuncias al gobierno de Venezuela como autor de violaciones de Derechos Humanos radican al año 2002. No obstante, en 2006 el exfiscal Luis Moreno Ocampo ordenó archivar las numerosas denuncias presentadas con motivo de los crímenes ocurridos el año 2002, entre ellas la que había sido remitida por el magistrado español de la  Nacional Fernando Andreu Merelles (2004).
Ocampo comunicó, en 2006, que desestimaba las denuncias por considerar que los hechos no alcanzaban la calificación de crímenes de lesa humanidad tipificada en el Estatuto de Roma, o escapaban a la competencia de esta por razones de temporalidad. Una parálisis del proceso que ha cesado con el anuncio de la reapertura del ‘Caso Venezuela’ por parte de la fiscal Fatou Bensouda.
Si bien la noticia ha sido recibida con alegría por algunos sectores venezolanos, Cárdenas destaca, con moderación, la magnitud de la medida. “Aunque en esta materia debemos ser extremadamente prudentes, no deja de ser importante saber que miembros del actual gobierno de Venezuela están siendo sometidos a una investigación imparcial por los hechos ocurridos recientemente”, apunta el presidente de la PDVM, quien precisa que “con fecha 30 de junio y 15 de agosto de este año, hemos recibido sendas comunicaciones de la Fiscalía de la CPI, en la que se establece concretamente que la investigación preliminar está en marcha y que oportunamente conoceremos sus resultados”.
Por la complejidad de la investigación, los resultados podrían tardar aproximadamente unos dos años. Sin embargo, Cárdenas afirma que existen indicios suficientes para demostrar que los crímenes en Venezuela pueden ser categorizados como de Lesa Humanidad, lo que dará más agilidad al proceso. “En esta ocasión, las pruebas son mucho más numerosas e indubitables. La evidencia del colapso de la administración de justicia, que debe dar paso a la actuación de la CPI, queda clara cuando vemos casos como el de los estudiantes detenidos por protestar o de líderes encausados por manifestarse o pensar diferente. Es la utilización parcializada de la justicia, la que inhabilita a estos órganos para impartir justicia”, explica en exclusiva.
En el supuesto caso de que la investigación sea archivada, una vez más, bastaría un mínimo indicio de nuevas violaciones a Derechos Humanos para reabrir el expediente. En este sentido, el presidente de la PDVM apunta que, “la espada de Damocles está colgando sobre las cabezas de todos los que han actuado en contra de los Derechos Humanos de los venezolanos”.
@JosePuglisi para Informe21

Compartir

No hay comentarios: