La Constitución Bolivariana fue enmendada el año 2009 para contradecir a Bolívar

La Constitución Bolivariana:

Una aberración democrática!

William Cárdenas Rubio

Profesor de Derecho Constitucional

Entre los años 1961 y 1998 Venezuela disfrutó del período de libertad y paz más extenso de su historia republicana, con el mayor “estándar” democrático, bajo la vigencia de la Constitución de 1961.

Si aceptamos que la democracia es el menos malo de los sistemas políticos, que nos permite cambiar a los gerentes públicos sin necesidad de una guerra, tenemos que reconocer que durante aquellos años la condición de “No reelección inmediata” de los presidentes de la República contenida en aquella Carta Magna, facilitó la alternancia de los hombres al frente del poder y de los partidos políticos que representaban.

De los seis presidentes que nos gobernaron sólo 2 sucumbieron a la tentación de volver a serlo, y de ellos sólo uno cubrió cabalmente 2 períodos constitucionales. La limitación de tener que esperar 10 años para volver a optar al cargo colocaba bastante lejos tal pretensión y la hacía muy remota.

Pero con la llegada de Hugo Chávez y de su llamada “Revolución Bolivariana” todo cambió,  en detrimento de la calidad de nuestro sistema democrático.

Para lograr tan negativo efecto se recurrió a una Asamblea Constituyente, sin carácter originario pues emanó del poder constituido, aunque se lo atribuyó, que dictó la Constitución Bolivariana del 17 de noviembre de 1999,  hecha como “traje a la medida” del “líder”, para llevarse por delante más de 30 años de vida democrática que habían sido ejemplo para muchos otros pueblos de América Latina.

La nueva Constitución Bolivariana abrió el camino a la tiranía, pues las instituciones democráticas se colocaron al servicio de un sólo hombre, bajo el señuelo repetido hasta la saciedad de que “Con Chávez manda el pueblo”.

Lo cierto es que los avances que hasta entonces habíamos conocido y que  desde el punto de vista de la  técnica jurídica constitucional garantizaban la alternancia política e impedían la reelección inmediata, se trastocaron mediante la manipulación legislativa, en la que participaron algunos venezolanos y otros tantos asesores externos, entre ellos los profesores españoles de la fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS).

Uno de los aspectos en los que se manifestó de manera mas elocuente el deterioro de nuestra calidad democrática en la nueva Constitución del 99,  fue el del aumento del período constitucional del cargo de presidente de la República de 5 a 6 años y el permitir la reelección inmediata.

Esto se tradujo en un aumento del 133% de las opciones de permanencia continua   para un sólo hombre en el poder, que pasaba de los 5 años previstos en la Constitución de 1961, a la posibilidad estar al frente de la nación por un período de 12 años consecutivos, contemplada en la Constitución Bolivariana.

Posteriormente al “Líder Supremo” el “traje” le quedó pequeño y sosteniendo el argumento de que el llamado “Proceso” requería de mayor tiempo para la ejecución de sus diferentes etapas,  en febrero de 2009, mediante referéndum, modificó la Constitución para aprobar la reelección inmediata e indefinida de su mandato, extensiva a todos los cargos de elección popular.

Es decir, la Constitución Bolivariana fue enmendada el año 2009 para contradecir a Bolívar, quien sostuvo “Nada es tan peligroso como dejar permanecer a un sólo ciudadano en el poder. El pueblo se acostumbra a obedecer y él a mandarlos, de donde se originan la usurpación y la tiranía”.

No fue esta la única modificación sustancial a los preceptos democráticos contenidos en la Constitución de 1961. En lo referente a la sustitución de las faltas absolutas del jefe de Estado en ejercicio de su cargo, la Constitución de 1961 preveía un orden jerárquico para su sucesión, bien hasta tanto se llamaba a nuevas elecciones o si terminaba la parte del período constitucional que faltaba por cumplir, si la falta absoluta se producía con mas de la mitad del período cumplido.

Ese orden jerárquico incluía las figuras de hombres electos por sufragio universal como el Presidente del Congreso, el Vicepresidente del Congreso, o en su defecto el Presidente de la Corte Suprema de Justicia.

Hoy con la Constitución del 1999 este orden no existe, el llamado a sustituir las faltas temporales y absolutas del presidente en el ejercicio de su cargo es el Vicepresidente, un funcionario elegido a dedo por el jefe de Estado.

Tampoco se respeta lo establecido en la Constitución para la hipótesis de que la falta absoluta se produjera antes de la toma de posesión de su cargo, como en la práctica hemos visto recientemente.

Este subterfugio jurídico-constitucional le resultó muy útil al régimen durante los hechos del 11 de abril de 2002, cuando habiendo abandonado su cargo Hugo Chávez, al no poder encontrarse al Vicepresidente Diosdado Cabello, quien se había  escondido temiendo por su suerte, creo el vacío de poder que dio paso al llamado “Carmonazo” y a todas sus consecuencias.

Pero no se limitan a estas las aberraciones jurídico constitucionales contenidas en la Constitución Bolivariana: También se crean con ella dos nuevos poderes públicos: El llamado Poder Moral y el Poder Electoral.

El primero ha demostrado  ser el mas amoral e ineficaz de todos los poderes públicos con fiscales generales, contralores y defensores que han actuado y actúan como funcionarios al servicio y amparo del régimen, garantizando la inviolabilidad de personeros del gobierno comprometidos en graves delitos, incluido el jefe del Estado y su inmunidad frente a numerosas denuncias por violaciones a los derechos ciudadanos y humanos, corrupción, colaboración con bandas terroristas, narcotráfico, etc.

Y del Poder Electoral sólo podemos decir que ha sido el instrumento que, dotado de los avances de las nuevas tecnologías y de funcionarios afines, ha permitido al régimen mantenerse en el poder a través de la sucesiva realización de procesos comiciales y referendarios,  fraudulentos e inescrutables. Nunca olvidaremos el referéndum revocatorio del 15 de agosto del 2004 y el anuncio de sus resultados a altas horas de la madrugada.

Con ello la Constitución Bolivariana cerraba el círculo perfecto desde el punto de vista jurídico, con unos poderes públicos absolutamente plegados al servicio del régimen, en detrimento de nuestra democracia, al socavar de forma rotunda el principio de la Separación de Poderes.

Para maquillar esta “camisa de fuerza” con la que la Constitución de 1999 sometió a la sociedad venezolana, fue necesario generar un discurso que creara la “ilusión” de participación ciudadana. Así se incluyó en su Preámbulo la noción de “refundar la República para establecer una democracia participativa y protagónica, multiétnica y multicultural...”

Nuestros ciudadanos conocen ahora en que consistía aquello de la participación en este nuevo modelo constitucional: Hacer colas interminables para conseguir alimentos y productos de primera necesidad, mientras que “otros participantes” se enriquecen eternamente como consecuencia de la corrupción económica-financiera, del narcotráfico  y del crimen organizado desde las mas altas esferas del poder.

Hoy Venezuela ha despertado, pero se encuentra maniatada, no sólo por una tiranía militar y autoritaria que utiliza los poderes públicos para perseguir al adversario político y la fuerza de las armas para reprimirlo y mantenerse en el poder, sino también  por una Constitución Bolivariana hecha a la medida de los opresores.

Constitución 1961: Arts. 135, 151, 185 y 187.

CRBV 1999: Arts. 230, 232, 233, 273 y 292.