Las elecciones de
alcaldes y concejales, realizadas el pasado 8 de diciembre de 2013 en
Venezuela, se realizaron con los mayores desequilibrios históricos en el acceso
a los medios de comunicación y con una cobertura informativa afectada por las
amenazas, inhibición y censura.
Los medios de
comunicación y periodistas, durante el año 2013, fueron sometidos a diversos
mecanismos de intimidación directa e indirecta. Incluyeron la apertura de
procesos judiciales, agresiones a periodistas y recurrentes declaraciones de
altos funcionarios con descalificaciones y criminalización de la tarea
informativa y de opinión.
Recientemente altos
funcionarios del gobierno e instituciones como la Defensoría del Pueblo han
denunciado y criticado a diarios por la publicación de imágenes que reflejan
una realidad violenta: El Universal, Hora Sero y el Diario La Voz han sido
blancos del poder; igualmente Tal Cual fue amenazado de investigación judicial
por la publicación de una caricatura del Alcalde Jorge Rodríguez.
Entre los hechos
registrados durante la campaña se observó una recurrente invisibilización de
los candidatos identificados con la oposición especialmente en los canales de
televisión. Las estrategias de castigo se desplegaron contra medios privados
que procuran mantener una perspectiva independiente o crítica al gobierno
nacional.
Adicionalmente se
registró un abusivo uso de los medios gubernamentales como canales de
propaganda de los candidatos próximos al gobierno nacional. En los diversos
medios gubernamentales se sobredimensionaron las propuestas e intervenciones de
los candidatos del partido de gobierno. La acción de los medios públicos
gubernamentales solo permitía la mención de los candidatos de la Mesa de Unidad
Democrática (MUD) o de otros sectores no identificados con el Partido
Socialista Unido de Venezuela (PSUV) para su descalificación unilateral y sin
mediar réplica alguna.
Los actos
gubernamentales y las cadenas obligatorias de radio y televisión se utilizaron
para la promoción de los candidatos del PSUV. Durante las cadenas se mostraban
actos de gobierno con la presencia de los candidatos y se hacía promoción
abierta estimulando el voto a favor de los mismos.
Todos los hechos
ocurrieron con la deliberada omisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) que
se inhibió frente a las condiciones asociadas el acceso a los medios de
comunicación por parte de todos los candidatos. Igualmente toleró las diversas
cadenas obligatorias de radio y televisión aunque en ellas había elementos
asociados a la campaña de los candidatos progubernamentales.
Reflejo de la ausencia
de información en los canales regulares, emergieron medios basados en
plataformas de Internet para la difusión de información independiente y
relacionada con las perspectivas de la oposición. Los canales
especializados en noticias se convirtieron en una de las pocas opciones para
obtener información. Adicionalmente la campaña también sufrió el impacto de las
limitaciones para el acceso al papel prensa que sufrieron medios regionales
pequeños y medianos.
Durante el 8 de
diciembre de 2013 la cobertura informativa de los medios audiovisuales,
especialmente la televisión, reflejó un desequilibrio a favor de los candidatos
del PSUV y recurrentes omisiones de información sobre los identificados con la
MUD.
La realidad de los
medios venezolanos avanza en el sentido contrario de los estándares del derecho
internacional de los derechos humanos. Cada vez hay menos pluralismo en la
esfera mediática con una mayor concentración gubernamental discursiva y de los
contenidos.
Los funcionarios
gubernamentales tienen la obligación de prevenir amenazas y agresiones, sin
embargo contribuyen al aumento de las mismas con el discurso descalificador. Al
mismo tiempo el Presidente de la República mantiene una intolerancia a la
crítica que se refleja en sus recurrentes descalificaciones a los medios y
periodistas. La impunidad es estructural y con ello el entorno para el
ejercicio del derecho a la libertad de expresión está marcado por la
hostilidad.
El CNE renunció a su
obligación de controlar los abusos electorales en los medios y sus
omisiones contribuyeron a la inequidad en la presencia pública de las
propuestas de los diversos candidatos.
Los medios
gubernamentales cada vez más dejan de estar al servicio público: durante el
período preelectoral no contribuyeron a garantizar que los electores conocieran
las propuestas de los distintos partidos y candidatos; no organizaron ningún
debate entre los postulados a distintos cargos; su propuesta informativa
acentuó la inequidad y no permitió la cobertura igualitaria para todos los
candidatos. Se constituyeron en medios parciales y discriminatorios.
El Estado venezolano
incumple sus obligaciones internacionales en materia de libertad de expresión
en los contextos electorales, situación que demanda un mayor escrutinio por
parte de los organismos internacionales de derechos humanos, incluyendo a las
organizaciones de la sociedad civil y a las instancias de los sistemas de
protección universal e interamericano.
Por su parte la
sociedad venezolana debe exigir claramente unas condiciones que garanticen la
equidad en la propuesta informativa para la realización de elecciones libres y
justas. Esta desigualdad en los medios obliga a las personas a mantenerse
atentas ante las restricciones que se apliquen contra los medios y a rechazar
contundentemente los atropellos. La sociedad venezolana debe exigir
democráticamente el respeto al derecho a la libertad de expresión ya que
genuinamente constituye una herramienta para alcanzar la justicia y mejorar la
calidad de la institucionalidad en el país.
Vía: Prensa CNP
Caracas.
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