INFORME DE LA MISIÓN INTERNACIONAL INDEPENDIENTE DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

-El presente informe, presentado al Consejo de Derechos Humanos de conformidad con la resolución 42/25 del Consejo, de 27 de septiembre de 2019, contiene las conclusiones de la misión internacional independiente de investigación sobre la República Bolivariana de Venezuela.

-La misión ofrece un panorama general de sus hallazgos con respecto a las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, cometidos en el país desde 2014.

-La Misión elaboró dos informes: el presente informe y un documento ampliado, en el que se proporcionan más detalles sobre incidencias, análisis y conclusiones.

-Se envió correspondencia oficial al Gobierno en seis ocasiones entre enero y agosto de 2020 y no recibió respuesta.

-La falta de acceso al país y las restricciones de viaje, llevaron a la misión a tener un enfoque más restringido.

No obstante, se identificaron patrones e incidentes acerca de violaciones del derecho internacional de los derechos humanos, junto con crímenes de derecho penal nacional e internacional.

-La Misión recolectó datos a través de: entrevistas con víctimas, familiares, abogados y testigos con conocimiento directo de los hechos; entrevistas con ex funcionarios gubernamentales, policiales, de inteligencia y militares y otras personas con conocimiento directo de casos o instituciones específicas; entrevistas con miembros actuales y anteriores del poder judicial; entrevistas con miembros de las fuerzas de seguridad activos; información digital certificada (videos, imágenes de satélite, fotos o contenido de redes sociales); declaraciones de representantes gubernamentales a disposición del público; y revisión de las leyes, políticas y directivas venezolanas

-La Misión investigó 223 casos individuales, de los cuales 48 se incluyen como estudios de caso detallados en el informe completo. Además, examinó otras 2891 denuncias de violaciones de derechos humanos para corroborar patrones. Debido a limitaciones de tiempo y recursos, la Misión no pudo investigar todos los contextos que involucraron violaciones relevantes a su mandato, incluidos aquellos del Arco Minero, y violaciones contra pueblos indígenas.

FACTORES ESTRUCTURALES QUE CONTRIBUYEN A LAS INFRACCIONES

-Las violaciones documentadas en este informe ocurrieron en medio de un colapso gradual de las instituciones democráticas y del estado de derecho en Venezuela desde 2014.

-Venezuela continúa sufriendo hiperinflación, severa escasez de alimentos y medicinas y una grave crisis humanitaria, agravada por el Covid-19. Esta situación ha obligado a más de cinco millones de venezolanos, aproximadamente una sexta parte de la población, a abandonar el país en 2020.

-La Asamblea Nacional, el poder legislativo del Estado, se ha visto obstaculizada continuamente, En septiembre de 2016, el Tribunal Supremo sostuvo que toda la legislación de la Asamblea Nacional era nula y sin valor.

-Desde agosto de 2017, la Asamblea Nacional Constituyente, convocada por el presidente Maduro en mayo de 2017 y luego establecida por votación popular, ha actuado como una rama legislativa de facto, reemplazando las funciones de mandato constitucional de la Asamblea Nacional.

-Desde la designación de los jueces del TSJ, en 2015, las decisiones del Tribunal se han alineado con el ejecutivo. En marzo de 2017, el Tribunal Supremo asumió funciones legislativas levantó la inmunidad parlamentaria de todos los diputados de la oposición, decisiones que posteriormente revocó parcialmente tras la protesta pública.

-Desde 2014, el Gobierno ha implementado al menos 27 cambios en el marco de seguridad, adoptando leyes planes y políticas a través de órdenes ejecutivas o planes ad-hoc, que eluden el proceso legislativo. Muchos de ellos aumentaron la participación militar en tareas de seguridad ciudadana y permitieron o alentaron a las fuerzas de seguridad del Estado a coordinarse con “ciudadanos privados” para mantener el orden público.

HALLAZGOS

REPRESIÓN POLÍTICA DIRIGIDA

-En 2014, el movimiento de oposición venezolano intensificó sus esfuerzos para cambiar de Gobierno. Ante amenazas de desestabilización, el aparato estatal venezolano respondió con tácticas y medidas represivas. De acuerdo con su metodología, la Misión investigó 110 casos relacionados con estas violaciones, identificando patrones centrales.

PERFILES DE VÍCTIMAS

-Los principales objetivos de las violaciones eran a menudo críticos del gobierno con un alto perfil público o personas que representaban una amenaza debido a sus acciones: activistas sociales y líderes políticos al frentede las protestas, políticos de oposición y disidentes militares acusados de rebelión o conspiración.

-Las agencias de inteligencia también se centraron en otros perfiles que consideraban que desafiaban las narrativas oficiales, incluidos funcionarios públicos, jueces, fiscales, abogados defensores, defensores de los derechos humanos, periodistas, blogueros y usuarios de redes sociales seleccionados.

-Familiares, amigos y colegas de los principales objetivos o defensores de los derechos humanos también fueron blanco de ataques. Las preguntas que hicieron las autoridades a estas personas parecían sugerir que fueron detenidas para extraer información o ejercer presión sobre los principales objetivos.

-Desde el 1 de enero de 2014 hasta el 15 de julio de 2020, la ONG Foro Penal registró 3.479 casos de detenciones por motivos políticos, de los cuales 902 (26%) fueron detenciones selectivas (y el resto en el contexto de protestas).

-A partir de 2014, una primera ola de objetivos incluyó a personas afiliadas a las protestas de La Salida y asociados. Esto incluyó a líderes de partidos de la oposición, alcaldes de la oposición, activistas de derechos humanos, usuarios de redes sociales, líderes estudiantiles y personas que se consideraba que estaban en la primera línea de las manifestaciones. La represión se extendió a líderes políticos y otras personas que adoptaron posturas críticas contra el Gobierno durante las crisis políticas de 2017 y 2019.

-Seis alcaldes de la oposición fueron detenidos entre abril de 2014 y diciembre de 2017, por períodos que van

desde 72 horas hasta más de cuatro años, por cargos que incluyen rebelión, conspiración y omisión de actos para prevenir el desorden público. Las familias de los alcaldes de la oposición también se han enfrentado a ataques.

-En diciembre de 2015, los parlamentarios de la oposición se convirtieron en foco de represión. Desde 2014, la Corte Suprema ha solicitado que se levante la inmunidad de 32 parlamentarios de la Asamblea Nacional; en 28 de estas decisiones, se acusa a los parlamentarios de encontrarse en “estado permanente” de cometer delitos en flagrante delito de traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, desacato al tribunal y delitos de odio. Seis miembros de la Asamblea Nacional fueron arrestados y detenidos, y todos menos uno estuvieron retenidos durante más de dos años.

-Desde 2017, ha habido una serie de arrestos a militares actuales y anteriores presuntamente involucrados en rebeliones o intentos de golpe de Estado para derrocar al Gobierno de Maduro. A medida que aumentaron las supuestas conspiraciones, también aumentó el número de actos de operaciones de contrainteligencia en su contra. A partir de 2018, los civiles vinculados a los objetivos militares, como familiares, amigos y asociados, también fueron cada vez más víctimas de la represión.

INFRACCIONES

-Los servicios de inteligencia del Estado han jugado un papel integral en los patrones de violaciones cometidas. Las agencias de inteligencia identificaron objetivos, llevaron a cabo arrestos, detenciones e interrogatorios y torturaron o trataron inhumanamente a los detenidos. Los detenidos fueron recluidos principalmente en la sede de los servicios de inteligencia en Caracas, fuera del ámbito del sistema penitenciario.

a. SEBIN

-La Misión investigó 33 casos (donde las víctimas fueron 21 hombres y 12 mujeres) en los que encontró fundamentos razonables para creer que el SEBIN arrestó, detuvo y / o torturó o maltrató arbitrariamente apersonas por motivos políticos. De estos, 13 se detallan como estudios de casos en el informe completo.

Los arrestos ocurrieron en una variedad de circunstancias: en la casa del arrestado, en lugares públicos o mientras los arrestados conducían por la carretera. SEBIN registró las casas de los detenidos y confiscó artículos sin presentar una orden de registro.

-Un ex empleado del SEBIN dijo a la Misión que las órdenes para determinar quiénes serían investigados a menudo provenían del presidente Maduro y Diosdado Cabello. Las órdenes fueron entregadas al Director General del SEBIN, quien pasó instrucciones a las direcciones operativas.

-El SEBIN realizó detenciones con frecuencia sin orden judicial, en particular antes de 2019. En varios casos investigados, los funcionarios del SEBIN utilizaron la fuerza o la violencia durante los arrestos: ingresaron por lafuerza a las casas, derribando puertas o entrando por las ventanas.

-La Misión tiene motivos razonables para creer que en varios casos el SEBIN falsificó pruebas, incluida la colocación de pruebas sobre las víctimas, especialmente armas de fuego, y / o distorsionó los resultados de allanamientos domiciliarios o de automóviles

-La Misión tiene motivos razonables para creer que en varios casos el SEBIN falsificó pruebas y / o distorsionó los resultados de allanamientos domiciliarios o de automóviles.

-Un patrón común que detectó la Misión fue que funcionarios del régimen de alto nivel hicieron declaraciones públicas refiriéndose a las detenciones poco antes o poco después de las mismas y comentando sobre la responsabilidad penal de los acusados.

-Los detenidos fueron trasladados a la sede del SEBIN en Plaza Venezuela o al edificio SEBIN El Helicoide, ambos en Caracas. Una vez allí, los funcionarios del SEBIN interrogaron a los detenidos sin la presencia de un abogado y / o se negaron a permitirles contactar con sus abogados cuando se les solicitó.

-La Misión tiene motivos razonables para creer que algunos opositores políticos y personas asociadas con ellos fueron objeto de desaparición forzada a corto plazo durante el período que se examina. La Misión documentó casos en los que funcionarios del SEBIN y otras autoridades negaron tener a la persona detenida o dijeron a familiares y abogados que intentaban localizar a los detenidos que no tenían información. El paradero de los detenidos permaneció desconocido durante períodos que iban desde unos pocos días (la mayoría de los casos) hasta varias semanas.

-La Misión encontró motivos razonables para creer que agentes del SEBIN torturaron o sometieron a los detenidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes. Muchos ex detenidos también fueron testigos de la tortura de otros detenidos no políticos en las instalaciones del SEBIN.

-Los actos se cometieron generalmente durante los interrogatorios para obtener confesiones o información incluidas las contraseñas de teléfonos y redes sociales, o para coaccionar a los detenidos a incriminarse a sí mismos o a otros, en particular líderes de la oposición de alto perfil, en la comisión de delitos. En el caso del diputado Juan Requesens, funcionarios del SEBIN presuntamente administraron psicofármacos para inducir una confesión.

-Los casos examinados por la Misión ocurrieron principalmente entre 2014 y 2018. Entre las técnicas de tortura que la Misión documentó se encuentran: las posiciones de estrés, asfixia, golpizas, descargas eléctricas, amenazas de muerte, amenazas de violación contra la víctima y / o familiares, tortura psicológica que incluye privación sensorial, iluminación constante y frío extremo, y desnudez forzada.

-En siete casos investigados, agentes del SEBIN perpetraron actos de violencia sexual o de género contra detenidos en un intento de obtener confesiones o información que implicara a otros.

-La Misión investigó el caso de Fernando Albán, quien falleció mientras se encontraba bajo la custodia del SEBIN. Funcionarios de alto nivel consideraron públicamente la muerte de Fernando Albán como un suicidio, aunque la evidencia forense suscita dudas sobre esta conclusión. Este examen no aplicó los estándares requeridos por los Protocolos de Minnesota o Estambul. Su familia no pudo realizar una autopsia independiente ni enterrar su cadáver, a pesar de las numerosas solicitudes.

-El análisis de los relatos de ex detenidos por parte de la Misión indica que entre 2014 y 2018 se cometieron torturas en presencia o bajo la supervisión de más altos funcionarios, incluido el Jefe de la Dirección de Investigaciones Estratégicas y otros comisionados de alto rango de esta unidad.