Juan Guaidó se adelantó al 5 de enero de 2020. Esa es la fecha que establece la Constitución para renovar la directiva del Parlamento venezolano. Se suponía que ese sería el día para medir fuerzas dentro de la Asamblea Nacional (AN). Para saber con cuántos de los 113 diputados del bloque original opositor aún puede contar Guaidó, del total de 165 que componen a la AN. Ese debía ser el momento de la verdad.
Nicolás Maduro viene desde 2017 rebanando la mayoría opositora del Parlamento mediante la persecución política. Ya se cuentan en más de 30 los diputados exiliados, más uno asilado en una embajada en Caracas y otro preso.
Más recientemente ha aplicado el método de comprar voluntades, menos efectivo en números, pero más destructivo moralmente para la causa opositora.
Todo eso, junto con explotar las divisiones de la oposición, los posibles descontentos que nunca faltan, más la incorporación de los 50 diputados del PSUV, hacía posible que por las buenas y por las malas se impidiera a Guaidó repetir como presidente del Legislativo. Un golpe casi mortal para el campo democrático venezolano.
Sin el control de la AN no hay presidencia interina, no hay reconocimiento de las 58 democracias más importantes del mundo, no hay liderazgo opositor visible dentro y fuera del país.
Pero algo ocurrió en el camino hacia enero. Este pasado martes, 93 diputados opositores aprobaron la modificación del Reglamento de Interior y Debate para permitir el voto de sus colegas exiliados en las sesiones a través de plataformas tecnológicas. Con ello adelantaron sorpresivamente la medición de fuerzas prevista para enero.
Fue una celada a los diputados del PSUV, pues la reforma se aprobó en su presencia y contra sus protestas, al punto de solicitar verificación de quorum.
En el PSUV están indignados. Se creían con el monopolio de ese tipo de maniobras que en Venezuela se llaman “viveza criolla”. Su actitud recuerda aquella anécdota del cristiano enterrado hasta el cuello en la arena del circo romano a quien le sueltan un león para que lo devore; el cristiano en su desesperación logra morder y arrancar un testículo al animal, la reacción del público es acusarlo de no jugar limpio.
Pues la oposición encabezada por Guaidó no les jugó “limpiamente” a los representantes de un régimen que siempre juega con la ventaja de poder torcer la Constitución y las leyes a su antojo. Con esto, el joven presidente de la Asamblea subió la apuesta.
Si Maduro le quiere poner la mano a la AN el 5 de enero tendrá que aplicar acciones de manera directa.
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| 93 diputados opositores aprobaron la modificación del Reglamento / Foto: AN |
Cada vez está más cerca de hacer lo que no se ha atrevido desde 2016: cerrar la Asamblea por la fuerza. Meter la policía política, la Guardia Nacional (GNB), los colectivos o los tres al mismo tiempo. Eso fue lo que el general Néstor Reverol, entonces comandante de la GNB, propuso cuando la AN desafió la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que la declaró en desacato por incorporar a los tres diputados de Amazonas. Eso fue a lo que el también general, y ya entonces ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, se opuso.
Hoy dentro del régimen hay un sector que lo presiona para que negocie. Otro para que no lo haga y termine de cerrar ese estorbo que es la Asamblea Nacional. Maduro no hace ni lo uno, ni lo otro. Apuesta por las divisiones internas de la oposición, a su desgaste, consciente de que las debilidades de ella son directamente proporcionales a su propio poder. Pero vio una oportunidad de acelerar el proceso y apostó por ella.
Ahora está tentado a dar un paso en falso. Ese que espera Juan Guaidó. A Maduro lo convencieron de que podía desalojar a Guaidó de la presidencia del Parlamento fabricando una nueva mayoría con diputados disidentes del bloque opositor. Este no era su plan original, que consistía en dejar languidecer a la AN mientras preparaba el terreno para elecciones legislativas.
Pero al haberse aventurado a tomar el control de la AN el 5 de enero, le regaló a la oposición una probable victoria que a esta le hace falta. Maduro lo sabe. Lo saben sus operadores políticos.
Por eso el TSJ se tardó menos de 24 horas en sentenciar la supuesta nulidad de la reforma del reglamento interno de la Asamblea Nacional. Muy distinto a los cuatro años que lleva sin decidir sobre la supuesta compra de votos en la elección de los tres diputados de Amazonas (causa original que ha usado como pretexto para declarar en desacato a la AN), o sobre las sentencias judiciales que paralizaron el referéndum revocatorio de 2016, o la impugnación por la elección de gobernador del estado Bolívar en 2017.
Quedan 15 largos días para el 5 de enero. Días sin espíritu de Navidad ni en el Palacio de Miraflores ni en la Asamblea Nacional. ¿Optará Maduro por aplicar una razzia sobre todos los diputados opositores que siguen en Caracas? Y si lo hace, ¿de qué le servirá? ¿Le quitarán las sanciones? ¿Mejorará su imagen internacional? ¿O por el contrario esa es la demostración al mundo de que Josep Borrell tiene razón y él es el hombre fuerte de Venezuela?
¿Podrá Guaidó por su parte aprovechar una probable victoria para reimpulsar la causa opositora el próximo año?
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