Como
profesor de Derecho Constitucional y presidente de la Asociación Venezolana de
Derecho Constitucional, hoy emérito, he expresado mi reconocimiento al
excelente trabajo realizado por la Comisión sobre los Derechos Humanos que redactó
el título de los derechos humanos en la Constitución de 1999. Reconozco el
esfuerzo realizado para fundamentar los derechos humanos, darle rango
constitucional a los tratados y convenios internacionales en esta materia, dejar
sentado que los derechos humanos son inherentes a las personas aún aquellos que
no estén fundamentados en normas positivas.
Se llevó al rango constitucional hasta el derecho que tenemos los
venezolanos a disponer de bienes y servicios de calidad. Fue una buena idea permitir
que cualquier juez investigara los delitos contra los derechos humanos tal como
lo señaló usted entre otras ocasiones en su intervención del 21 de octubre de
1999, negada lamentablemente por una interpretación restrictiva de la Sala
Constitucional que se ha atrevido a desconocer el propósito del Constituyente.
Abrir las puertas de la justicia internacional para perseguir los delitos
contra ellos es otra ganancia que la Comisión defendió en su momento, que
también insistió en el derecho a la manifestación pacífica y sin armas y a
prohibir el uso de armas de guerra y sustancias tóxicas para reprimir las
protestas. También en la presunción de inocencia, en el derecho a ser juzgado
en libertad y en las demás garantías procesales, en la responsabilidad del
Estado por la integridad física, psíquica y moral de las personas bajo custodia
su custodia.
La
creación del Defensor del Pueblo fue una de las iniciativas loables. En fin,
usted contribuyó a modernizar nuestra Carta Magna en materia de Derechos
Humanos. He revisado sus intervenciones en la Asamblea Nacional Constituyente y
respetuosamente me permito recordarle la propuesta de la progresividad de los
derechos que supera con creces la disposición de la Constitución de 1961.
Lamentablemente
sus predecesores no creían en eso y se colocaron al servicio del gobierno, de
sus policías, de sus militares que cometieron y comenten abusos de toda
naturaleza. En 15 años las cárceles que se pretendían dignificar son depósitos
inhumanos de seres humanos condenados sin juicio y sin sentencias, antros del
vicio y de todo tipo de violaciones a los derechos que la Constitución les
reconoce.
Al ser
usted designado Defensor del Pueblo, pese al extraño procedimiento que se
siguió, era a mi modesto juicio una garantía para que una vez en el ejercicio
de esa delicada responsabilidad, superara
Venezuela el tristísimo papel de los predecesores suyos que se colocaron en
forma vergonzosa a defender al Estado y a sus agentes en la violación de los derechos
humanos. No existe una sola actuación de la Defensoría del Pueblo que sea un
ejemplo digno de reconocimiento en la defensa de los derechos humanos. Por el
contrario, se convirtieron en encubridores y por lo tanto en cómplices de los
delincuentes.
El
sistema político sostenido en la Constitución de 1999 se fue alejando gradualmente
de los valores y principios en ella consagrados, y degenerándose en un
“socialismo estalinista fracasado” como lo reconoce el ex ministro Felipe
Pérez, con un gobierno que viola sistemáticamente los derechos y desconoce las
garantías procesales. Los sueños de 1999 nadan en un pozo de anarquía, militarismo,
corrupción, despilfarro, violencia criminal, impunidad y autoritarismo y han
degenerado al país que se coloca entre los más corruptos y peligrosos del
mundo.
Usted
sabe que la función de Defensor del Pueblo lo coloca del lado del pueblo y
frente al gobierno que por tener el monopolio de la fuerza y de las armas es el
primer violador de los derechos humanos. No es una situación particular de
Venezuela sino de cualquier país, porque quien está en el poder tiene a abusar
de él, y donde existe la figura del Defensor se escoge alguien con una gran autóritas sin vinculaciones con quienes
gobiernan, precisamente para evitar ataduras y solidaridades que le impidan
actuar con eficacia.
La
muerte del niño Kluiverth Roa es la más actual, dolorosa y cruel muestra de lo
que han hecho con la policía y con la fuerza armada, que muchas veces actúa como
criminales con los que pareciera existe una alianza. Aquí en Mérida hay cientos
de casos de jóvenes heridos de bala, y perdigones de plomo, metras y tornillos.
El derecho a la vida, señor Tarek, es el más violado en nuestro país y usted ha
tenido la valentía, o me temo la osadía, de postularse para su defensa.
Permítame
la satisfacción de seguir señalándolo con orgullo como uno de los autores del
más hermoso título de nuestra Constitución, el de los derechos humanos. Sea
usted consecuente y asuma la tarea de hacer realidad su aporte como
constituyente. Sus predecesores serán cubiertos por el olvido y si acaso serán
recordados por su indigno papel, pero la historia, con usted, será implacable.
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