NO ES CUESTIÓN DE MÁS PODERES
Ante la muy compleja coyuntura que hoy enfrenta Venezuela, la solución debe ser profundizar y fortalecer la democracia, pero este no parece ser el camino tomado.
Más espinas que rosas marcan por estos días el presente de Venezuela. Corrupción en el seno del Gobierno, que no se esfuerzan en negar las mismas voces oficiales; indicadores de inseguridad al alza, inflación por las nubes, serias deficiencias en la prestación de servicios públicos básicos, un total desbarajuste de la economía, del que se deriva un creciente desabastecimiento de bienes esenciales, son solo algunos de los nubarrones que hoy se ciernen sobre este país.
Ante tal conjunción de males, su presidente, Nicolás Maduro, logró ayer que la Asamblea Nacional le aprobara una ley habilitante, que le otorga, entre otros, la facultad de expedir leyes sin el aval del Legislativo durante un año para hacerle frente a la tormenta, con énfasis en la lucha contra la corrupción. Y lo consiguió con la cantidad mínima de apoyos requerida y en medio de no pocas dudas sobre las maniobras para alcanzar el voto decisivo.
Muchos en la orilla opositora se preguntan si era necesaria esta maniobra cuando el Ejecutivo ya tiene el control de la Asamblea. Y es que la separación de poderes se desvanece en forma acelerada del otro lado de la frontera, por no hablar de ciertos derechos y libertades que se han convertido en privilegios de unos pocos.
Para entender mejor los últimos acontecimientos, entre los que se tiene que mencionar también la intervención de tiendas de electrodomésticos para obligarlas a vender sus productos a precios dictados por Miraflores, se debe tener presente la proximidad de las elecciones locales del próximo 8 de diciembre. No hay que olvidar el estrecho margen que le dio el triunfo al sucesor del inspirador de la Revolución Bolivariana el pasado 14 de abril, situación que lo pone en la obligación de robustecer la legitimidad de su mandato –hacia adentro y hacia afuera–, sobre todo en tiempos tan convulsionados. Un factor clave aquí es que por primera vez en los últimos 15 años –según las últimas encuestas– los venezolanos responsabilizan en primer lugar al Gobierno de problemas tan sensibles como el citado desabastecimiento o el auge del crimen en las calles.
Independientemente de cuál sea el resultado –algunos incluso predicen que la oposición podrá alcanzar por primera vez más del 50 por ciento del total de los sufragios, aunque esto no se traduzca en la obtención de la mayoría de las alcaldías–, lo cierto es que se anuncian más medidas del corte de las vistas la semana pasada. Ante estas nuevas reglas de juego, que limitarán severamente las ganancias de los comerciantes, será inevitable una agudización de la escasez de bienes de todo tipo. La lectura del documento que justifica la petición de las facultades extraordinarias permite concluir que no existe por lo pronto ningún interés del Gobierno en corregir los marcados desajustes fiscales, mas sí se observa una clara voluntad de seguir con la presión sobre los sectores productivos.
De igual forma, hay escepticismo sobre la utilidad de la citada ley habilitante en la lucha contra la corrupción, en cuanto las señales desde Caracas no son halagadoras y nada permite augurar un giro repentino. Serias denuncias contra altos funcionarios siguen archivadas y una ley en este sentido, respaldada por la bancada opositora, corrió la misma suerte en la Asamblea.
Cuando un país se encuentra ante un camino tan empinado, la respuesta debe ser profundizar y fortalecer la democracia. A juzgar por las señales vistas, lamentablemente Venezuela ha optado por la contravía.
EDITORIAL
No hay comentarios:
Publicar un comentario