A continuación, estimado amigo, leerá un escrito que una vez terminado, fue corroborado en todas sus partes por el anuncio en el día de hoy de un acuerdo de la Asamblea Nacional en el que da estatus político a quienes no lo merecen por su carácter delicuencial y criminal que mantiene secuestrado al país, y con ello formaliza y legitima la usurpación, al sacarla de la ruta de los tres factores (cese de la usurpación, transición y elecciones libres), la coexistencia, mantiene a la Asamblea Constituyente ilegitima y descalifica el esfuerzo sancionatorio de la Comunidad Internacional contra los altos personeros del régimen y traicionan una vez más al pueblo de Venezuela.
Los venezolanos hastiados de un modelo político y administrativo sustentado en la partidocracia, la corrupción y privilegios de un reducido número de grupos económicos controladores de la escasa producción nacional no petrolera y de la economía portuaria, optan por apoyar el populista cambio prometido por Hugo Chávez, quien asume al poder en 1999, y es a partir de ese aciago momento que Venezuela pasa de ser en Latinoamérica uno de los mejores países, a pesar de las desigualdades existentes para la época, a ocupar los últimos lugares y uno de los peores del mundo, gracias a la aplicación de un sistema comunistoide narco traficante, terrorista y santero, que adicionalmente propicia la pérdida progresiva de la soberanía nacional, denominado Socialismo del Siglo XXI.
Esta inédita e insólita, realidad harto conocida que padecemos, nos ha llevado a niveles de incomprensión a lo interno y externo del país, que política e institucionalmente se expresa de manera patética:
1.- Presidente.- Venezuela es un país que tiene dos presidentes de la república: Uno, Nicolás Maduro, que de facto y de manera ilegítima usurpa junto a su entorno la presidencia, juramentado ante la Asamblea Constituyente ilegitima. Otro, Juan Guaido, que por aplicación del art. 233 de la constitución la ocupa, juramentado inexplicablemente ante los ciudadanos en cabildo popular y no ante la Asamblea Nacional legitima que preside; presidencia que ejerce no en plenitud de sus atribuciones constitucionales, sino conjuntamente gracias a un artificio a mi criterio inconstitucional, con los jefes de los partidos de oposición que controlan la Asamblea Nacional . Cuenta con el apoyo y reconocimiento de mas de 55 países de la Comunidad Internacional y órganos de representación.
2.- Asamblea.- Existen dos cuerpos legislativos: Uno, la Asamblea Nacional Constituyente, convocada ilegítimamente, controlada en su totalidad por el régimen, desde por su carácter supraconstitucional se legisla y gobierna garantizando la permanencia de la tiranía y su proceso. Otro, la elegida legítimamente, asediada y perseguidos sus integrantes por el gobierno de facto, declarada en desacato por el TSJ ilegitimo, que con la incorporación reciente de la bancada oficialista, legitíma la dada en desacato.
3.- Tribunal Supremo de Justicia.– Existen dos TSJ. Uno, designado ilegitima y fraudulentamente por la Asamblea Nacional controlada por el régimen en diciembre del 2015, antes de hacer entrega a la nueva directiva opositora a partir de enero del 2016, tribunal que de inmediato invalida la elección de 3 diputados de la oposición por el Edo. Amazonas para privar de los 2/3 de mayoría alcanzados por las fracciones opositoras y limitando así iniciativas constitucionales y reglamentarias que irían contra la gestión hegemónica del régimen. Luego procedieron declarar en desacato al cuerpo legislativo con el propósito de invalidar su gestión legislativa. Otro, TSJ legítimo, designado por la Asamblea legitima, cuyos magistrados pasaron al exilio ante la persecución de que fueron objeto, desde donde dictaron sentencia condenatoria a 18 años, 3 meses e inhabilitación política, mientras dure la condena, a Nicolás Maduro Moros por el delito de corrupción en el caso Odebrech. Y otra decisión importante de este tribunal es la referida a que todo proceso electoral futuro debe hacerse previa depuración del registro electoral y nuevo sistema de identificación ciudadana y proceso de votación y escrutinio manual, desechando el sistema mecanizado, entre otras consideraciones.
4.- Fiscalía General de la Republica.– Existe igualmente dos Fiscales Generales de la Republica, uno nombrado y ratificado por la Asamblea Nacional Legitima en el exilio y otro ilegitimo nombrado por la Asamblea Nacional Constituyente ilegitima.
5.- Procurador.– Igual dualidad sucede con los procuradores de la Republica.
6.- Canciller.– En el cuerpo diplomático y servicio exterior existen dos cancilleres y servicio consular. Este personal ejerce funciones acorde a la aceptación y reconocimiento que en la Comunidad Internacional tenga el presidente legítimo Juan Güaido o el de facto Nicolás Maduro.
Esta grave dualidad nos conduce como mínimo a preguntarnos:
– Como una nación permite que un grupo delincuencial, sentenciado por tribunales, solicitado por policías del mundo, mediante poderes ilegítimos y declarados usurpadores por legitimas instituciones secuestre y tome por asalto a un país y sus riquezas, tome el poder y aún se mantiene en él, después de ser declarado ilegitimo y usurpador? Usurpación rechaza por más del 94% de la población y buena parte de la Comunidad Internacional y sus órganos de representación.
– Acaso la profunda crisis, humanitaria de subsistencia y éxodo superior a 4.4 millones, crímenes de lesa humanidad, violación de derechos humanos y politicos, pobreza extrema, hambre, enfermedad y muerte. Endeudamiento inflación descomunal y carencia de bienes y servicios masivos,… no son razones más que suficientes para que la Comunidad Internacional entre en auxilio de una población secuestrada, diezmada y desarmada para enfrentar por si sola una tiranía criminal que se apoya en recurso de todo tipo con la complicidad de la Fuerza Armada.
– Acaso después de 20 años de doloroso padecimiento nacional, antes señalado, los factores opositores aun no han identificado el talante tiránico, hegemónico, delincuencial, narcotraficante, criminal y terrorista del régimen, puesto al servicio y bajo los designios de países y grupos dogmáticos e irregulares armados, nacionales y extranjeros, que actúan bajo la protección cómplice de la tiranía, controlan instituciones y poderes del estado, ocupan y explotan recursos en nuestro territorio, hacen tráfico mundial de narcóticos; convertido así en una seria amenaza a la paz y seguridad del continente y el mundo? Y si así los identifican, como no han sido capaces de articular con la gran mayoría nacional y la Comunidad Internacional que les apoya, una acción constitucional, autónoma, deslastrada de la injerencia de factores controlados por la tiranía para poner fin a ésta, hacer justicia, restituir el estado de derecho, la libertad y la democracia en el país.
Esta abrumadora realidad nos coloca en la situación de pensar en primer lugar que los esfuerzos fallidos de la oposición, no han sido por falta de acompañamiento y sacrificio de vidas y bienes por parte de la población junto a la Comunidad Internacional, sino de una errada conducción y definición precisa del objetivo a alcanzar y uso efectivo de los recursos constitucionales e internacionales que se dispone para su logro. Ello deja serias dudas sobre su conducta una vez que se observa el tozudo y terco empeño de colaborar y coexistir con la tiranía, mediante negociaciones contraías al interés nacional, dando estatus político a quienes no lo merecen y vigencia presente y futura con la previsible posibilidad de su retorno inmediato al poder, al disponer de inmensos recursos económicos robados al erario público, comunicacionales, bancarios y de la FANB, corrompida. Serias dudas que se evidencia por la desesperada búsqueda de reconocimiento por parte de la tiranía, cuando un grupo de esta oposición, de insignificante representación negocia con la tiranía, apoyando su ruta electoral y criticando la actuación sancionatoria de la C. Internacional contra los jerarcas de la tiranía, situación que ha puesto al otro sector a revisar la ruta de cese a la usurpación, transición y elecciones libres, que de hacerlo nuevamente estarían traicionando la esperanza, confianza y respaldo que retomaron a inicios del presente año y manifestando un evidente desprecio por el éxodo millonario sometido, aparte de su dolorosa situación, a injustas e innecesarias acciones xenofóbicas.
En esta inédita e insólita situación de Venezuela, no falta la evidente y abierta participación de los llamados enchufados, bolichicos, testaferros y grupos económicos tradicionales, financistas de dirigentes títeres tarifados y encuentros, mediante los cuales buscan mantener, unos y otros privilegios e incrementar fortunas y control de la república.
Con todo lo que parecen ser invencibles, son más frágiles que una galleta de soda, no podrán aguantar la arremetida libertaria de la fuerza popular representada en las grandes mayorías nacionales que afortunadamente hoy sin duda alguna y con profundo coraje y determinación los rechaza; piden justicia y resarcir al país y sus habitantes por los daños infringidos impunemente en vidas y bienes.
El deber y obligación esta en asumir como ciudadanos el ejercicio de la Soberanía Nacional, y su poder originario, mediante la participación protagónica en lo político, que es el caso, además de tener la obligación de colaborar en la defensa y plena vigencia de la constitución, es un mandato constitucional (art. 5, 70, 347, 326, 333 CRBV), en razón a lo cual nos es propio producir un evento masivo, contundente y constitucional, inapelable, de estricto cumplimiento, que nos permita su mandato apartar la usurpación y transitar una transición que inicie la reinstitucionalización libre y democrática del país y el cambio del modelo político, administrativo y constitucional, para luego darnos en elecciones generales transparentes y confiables nuevas autoridades en el marco de un nuevo proyecto de país.
Este evento de fuerza popular no es otro que seamos en una GRAN CONSULTA POPULAR PLEBISCITARIA, consultados todos, mayores de edad, dentro y fuera del país, sin la injerencia del CNE por no ser de su competencia (art. 293#5 CRBV), concertado y apoyado previamente de manera efectiva por la Comunidad Internacional y de su poder disuasivo; de forma de garantizar su convocatoria, realización y cumplimiento de su mandato. La misma dará apoyo constitucional a toda iniciativa dirigida a liberar el país, incluida el uso de la fuerza.
Luis Granados. 01/10/2019
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