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En un importante acto celebrado el viernes 11 de Octubre en el Colegio de Ingenieros de Venezuela, con la asistencia de un nutrido grupo de ciudadanos preocupados por el país, se realizó el lanzamiento oficial de la propuesta de la Consulta Popular Plebiscitaria en el marco de una nueva agrupación de la sociedad civil: Integración Ciudadana (ver https://twitter.com/
Esta nueva agrupación nace acompañando la propuesta de una de sus principales organizaciones fundadoras, la Alianza Nacional Constituyente Originaria, ANCO, quien conjuntamente con el Grupo de Análisis Político, GAP y otras organizaciones de la sociedad civil acogieron favorablemente la idea fundamental de convocar la Soberanía Popular para que decida el futuro de Venezuela a través de un instrumento que la Constitución brinda a los ciudadanos por encima de los Poderes Constituidos del Estado: una Consulta Popular,
Sin embargo lo que nos convoca a los venezolanos, no es deshacernos solamente de un régimen usurpador y castrador de libertades, sino para REPARAR LA SOBERANIA POPULARseriamente dañada en 20 años de desmontaje por una organización criminal internacional. La institucionalidad venezolana está destruida. No es posible la convocatoria a un proceso electoral nuevo en Venezuela sin haber reparado la institucionalidad como un todo. ¿Y a quién corresponde hacer eso? ¿Al Gobierno Encargado de Juan Guaidó? ¿A las Fuerzas Armadas, que ya están destruidas? ¿O peor aún, a algún país extranjero? No. A nosotros, a todos y cada uno de los venezolanos.
La intervención del Dr. Pedro Urrieta Figueredo, Coordinador de Desarrollo Ciudadano de ANCO, lo describe a cabalidad: “Como ciudadanos, identificamos que la mayor usurpación que se ha cometido en Venezuela ha sido contra la soberanía popular, manifestada en: el no acatamiento del resultado electoral del pasado 6 de diciembre de 2015; la suspensión de la tramitación del referendo revocatorio en el año 2016; la autorización por parte del Tribunal Supremo de Justicia del proceso constituyente sin convocatoria popular, y sin la posibilidad de convocarse el referendo consultivo constitucional; la inobservancia de los resultados vinculantes de la Consulta Popular realizada el 16 de julio de 2017; la celebración de procesos electorales, entre ellos, el presidencial, sin las garantías establecidas en el artículo 298 constitucional, durante los años 2017 y 2018”. Esta lesión debe ser reparada. Es de demócratas y de las democracias hacerlo. Entonces, si registramos la magnitud del antagonismo y de la desinstitucionalización imperante, podemos entender nuestra obligación de producir el restablecimiento de los derechos del pueblo venezolano a través de la aprobación de un proceso cívico-democrático afincado en la soberanía popular, con reglas claras y compartidas, cuyos resultados sean aceptados incuestionablemente por la base social, los principales actores institucionales del país y la comunidad internacional, utilizando para ello cualesquiera de los medios de participación y protagonismo del pueblo enunciados en la Constitución, y abordando las materias y casos que vulneran la dignidad de las personas, la justicia y la vigencia de los derechos humanos”. (ver intervención del Dr. Pedro Urrieta Figueredo, en http://vitolopez.blogspot.com/
¿Y en base a qué? Como bien indicó Urrieta Figueredo en su intervención, la Constitución vigente establece claramente una responsabilidad compartida entre el Estado y la Sociedad Civil en los “Principios de Seguridad de la Nación”:
Artículo 326: “La seguridad de la Nación se fundamenta en la corresponsabilidad del Estado y la Sociedad Civil para dar cumplimento a los principios de independencia, democracia, igualdad, paz, libertad, justicia, solidaridad, promoción y conservación ambiental y afirmación de los derechos humanos, así como en la satisfacción progresiva de las necesidades individuales y colectivas de los venezolanos y venezolanas, sobre las bases de un desarrollo sustentable y productivo de plena cobertura para la comunidad nacional. El principio de la corresponsabilidad se ejerce sobre los ámbitos económico, social, político, cultural, geográfico, ambiental y militar”.
Si el Estado dejo de cumplir su responsabilidad como consecuencia de un secuestro criminal, nosotros no podemos evadirla. Eso es como la corresponsabilidad de los padres en el cuido de los hijos en un matrimonio: si uno falla o muere, el otro la asume.
Y esta corresponsabilidad no es nueva. En el trabajo de mi padre para optar el Doctorado en Derecho en la Universidad de Carabobo, datado en los años 60’s (ver Raúl Aguana Figuera, Consideraciones sobre el Derecho Militar Venezolano, en https://tinyurl.com/y4kw78s2), el Dr. Aguana establecía que la concepción ampliada de la Defensa Nacional incluía a todos los venezolanos, no solo a los militares: “…La continuidad del Estado en el orden del tiempo y del espacio descansa en la defensa de su existencia, protegiéndose de los agentes de descomposición que de manera constante inciden sobre el mismo, poniendo en peligro la comunidad organizada en Estado en cuanto a su seguridad interna y a su seguridad externa. Defensa nacional corresponde a todos los miembros de esa comunidad, esto es, a toda la ciudadanía compete, al igual que a los órganos públicos, la realización de los llamados grandes objetivos de carácter permanente de la defensa, que abarcan los campos políticos, económicos, social, militar, la promoción del bienestar ciudadano y de la sociedad en general, la supervivencia de nuestra cultura y los objetivos estratégicos”. (resaltado nuestro)
Y de acuerdo a esa conceptualización todos estamos involucrados en el problema de defender la Nación, no solo los militares. La Constitución de 1999 les asigna a ellos responsabilidades muy claras en su Artículo 328, y a la Sociedad Civil en el Artículo 326. Estamos ante una amenaza cierta a nuestra Seguridad Nacional y los militares, quienes deben ser los llamados a defenderla han sido neutralizados, y su cúpula se ha aliado a una organización criminal con vínculos extranjeros, dejando a la población desprotegida.
Nos toca entonces a los venezolanos una clara responsabilidad en el restablecimiento de la vigencia de la Constitución, por lo demás ya establecida como un deber en el Artículo 333. Integración Ciudadana es algo más que un grupo de organizaciones y ciudadanos comprometidos para darle cumplimento a lo que es un deber de todo venezolano. Es el primer paso de una ciudadanía que se ha dado perfecta cuenta de esta responsabilidad y está actuando en consecuencia, haciendo una propuesta diáfana a los venezolanos. Sumemos todos a ese esfuerzo para rescatar a Venezuela.
Caracas, 14 de Octubre de 2019
Blog: http://ticsddhh.blogspot.com/
Email: luismanuel.aguana@gmail.com
Twitter:@laguana
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