Formato del Futuro…
En Venezuela, la posibilidad de considerarse ciudadano, es casi una quimera. Existe una Constitución, como en la mayoría de los países democráticos del mundo occidental. Pero mientras que en ellos dicho Documento registra en su articulado la base jurídica de los deberes y derechos que hace posible la convivencia civilizada, y hay precisiones inequívocas sobre las atribuciones y obligaciones por las que se guía la gestión del Estado, en esta parte del mundo, esa misma Carta Magna, sencillamente, es un instrumento al servicio de quienes detentan los cargos públicos
También la Constitución venezolana contiene ese mismo articulado, es verdad. Inclusive, su refinamiento conceptual, y el “derechismo” de los habitantes -por aquello de que es un canto sublime a los derechos de los que ayer, supuestamente, no gozaron de ellos, fue alguna vez suficiente para calificarla como “la mejor del mundo”.
Sin embargo, entre su acatamiento y su cumplimiento todo lo determina una franja que distancia tales componentes básicos. Un factor de disociaciones que hace posible lo que ya sucedió con las otras 26 constituciones y que ahora también se registra con la última. Y es que a la Constitución, en efecto, se le acata. Pero no se cumple. Y es así como en Venezuela, entonces, es normal que ese valioso Contrato Social pase a ser un simple conjunto de apreciaciones que son manipuladas libremente; violadas por la predominante determinación de algunos; usadas para desconocer leyes, hasta llegar a lo indecible: el Estado de Derecho se hace ausente; el Imperio de la Ley desaparece o aparece, según la voluntad de otros.
En atención a esa particular manera de aceptar o de desconocer la norma, no extraña, entonces, que, ante ese reinado de la anarquía administrativa venezolana, en el país existan dos Tribunales Supremos de Justicia. Uno que fue elegido por una Asamblea Nacional saliente a comienzos del 2016 y otro por la entrante para la misma fecha. El primero tiene su sede en la Capital de la República; el Segundo, por su parte, y que denominan erróneamente exiliado, tiene un sede accidental en Washington.
También existes dos Fiscales Generales de la Republica. Uno que despacha desde el exilio, lo que le permite ser reconocido internacionalmente, aunque no así en suelo venezolano. Y otro que sólo es reconocido internamente.
Pero es que, además, como guinda del pastel de tantos desafueros o broches de oro, Venezuela también dispone de un Presidente de la República que fue destituido del cargo por abandono del cargo, según determinó la Asamblea Nacional que fue electa a finales del 2015, pero, además, separado del mismo por acusación y antejuicio de mérito determinado por el Tribunal Supremo de Justicia con sede accidental fuera del país.
Lo cierto es que la acción contra el Jefe de Estado procedió en acatamiento de lo que decidió el Parlamento, atendiendo a una acusación formulada, a su vez, por la Fiscalía que opera desde el exterior. Esta actuó con base en una acusación según la cual el Presidente destituido, presuntamente, aparece como beneficiario del más escandaloso hecho de corrupción continental de los últimos años, el de la empresa 0rdebrecht. Vale decir que se trata de acusaciones que se cruzan entre causas que no han sido comprobadas ni consideradas por las autoridades locales equivalentes, entonces, todo se circunscribe a un limbo jurídico por el que, al final, nadie da la cara ni asume responsabilidades.
Ante este panorama y dualidades de poderes, reconocidos algunos como legítimos en el exterior, más no internamente por el Gobierno de turno. ¿Cómo queda el ciudadano? ¿A qué autoridades debe reconocer?.
De lo que sí está al tanto ese mismo ciudadano es que él es tan solo un habitante sin precisión de sus deberes y derechos. Lo que queda a partir de allí, es decir, a quién acudir ni cómo define su norte o califica su accionar, es que, en su país, está como reza la expresión coloquial: Como “Papagayo sin cola”, y rogándole al Creador que, si sopla el viento, no sea para desplazarse en picada hacia la tierra.
Para dentro de apenas siete días, el 20 de mayo, están convocadas unas elecciones Presidenciales por la Asamblea Nacional Constituyente. Esta figura política, desde su integración representativa de sólo activistas del Partido de Gobierno, ha sido considerada ilegítima fuera del territorio nacional. Internamente, una gran parte de la población ha hecho otro tanto, basándose en que el Consejo Nacional Electoral (CNE) entre otras causas, descalifica y niega participación a los principales líderes y partidos de la oposición, además de permitir ventajismo múltiple y uso de recursos del Estado en favor del candidato oficialista. Y lo hace, por supuesto, atendiendo a un propósito gubernamental y grupal; nunca legal.
Lo que se espera que suceda, es que, en razón de tales connotaciones y señalamientos, se produzca una reacción y gran protesta nacional que se manifieste como abstención. Porque la convocatoria se considera ilegítima, ventajista, írrita y fraudulenta.
No obstante, a pesar de tales consideraciones, y para sorpresa de muchos, se inscribieron tres candidatos que se autocalificaron opositores. De ellos, uno renunció, y se mantienen dos que insisten en decir que son contrarios al régimen y a su candidato.
Todo este “arroz con mango” crea una gran incertidumbre: ¿votar o no votar?. El argumento principal de la mayoría opositora es que no cree en unas elecciones parcializadas e ilegítimas. 0tros, en minoría, argumentan que si se acude masivamente, derrotarían al oficialismo, sin hacer caso a la parcialización o claridad del proceso. Pero, además, que pudiera producirse una respuesta en avalancha, atendiendo a la innegable fractura que se aprecia entre quienes se autocalifican socialistas.
Pero ¿y después del 20 de mayo qué?. Ese es el tema importante, más allá de los escarceos y de los triunfalismos. Porque ¿cómo pretende lidiar Venezuela a nivel internacional, después que se presente ante el mundo con un certificado de resultados de un proceso de votación anticipado al momento que contempla la vigente Constitución de la República, y convocado por un ente político no facultado para ello, como también lo indica esa misma Constitución?.
Mientras que entre candidatos y candidaturas se barajan posibles resultados, mucho de ellos apoyados en previas evaluaciones que han venido realizando firmas encuestadoras, la dudosa y desganada población analiza lo siguiente:
Pudiera ganar el repitiente actual Presidente, quien promete arreglar o recuperar al país. Eso mismo no lo ha podido lograr durante 20 años en el poder y habiendo administrado un excesivo ingreso petrolero. ¿Cómo cree que va a lograrlo cuando le correspondería gobernar a un país arruinado, con su industria bandera y fuente principal de ingresos, PDVSA, prácticamente quebrada?. ¿Cuál es su estrategia financiera para enfrentar el proceso de demandas internacionales, mientras, políticamente, también cuenta con un rechazo en los mercados globales, arrastra un proceso de sanciones gestadas en el seno de los Estados Unidos y otros países?. ¿Cree realmente en que bastaría el respaldo de Rusia, como de China, si acaso, para salir airoso de lo que ya se aprecia complicado, después lo que han planteado ConocoPhillips, Rusoro y SNC-Lavalain?.
Si la victoria favoreciera a Henri Falcón, el candidato de aparente mayor peso electoral entre quienes se autocalifican opositores, tendría que esperar 9 meses para asumir el cargo. Le correspondería hacerlo con base en la desconocida Constitución para otras cosas, pero no para esta eventualidad. Por otra parte, ¿cómo hacerlo, cuando se mantendría activa una Asamblea Nacional Constituyente integrada en su totalidad por partidarios del actual Gobierno?. Ella, de hecho, viene legislando a su mejor saber y entender, en obediencia al propósito de desconocer la vigencia de la Asamblea Nacional. Y lo ha hecho reformando, eliminando e imponiendo cambios constitucionales, inclusive, como ya lo ha hecho a su entera discreción. Por otra parte, ¿qué hacer cuando el oficialismo durante esos 9 meses se sentiría en libertad de actuar con la anuencia de todos los poderes nacionales?.
Lo cierto es que, con base en lo expuesto, y sin entrar en otras consideraciones, nada le garantizaría a Henri Falcón, siendo o no afecto al actual régimen, ninguna garantía de llegar a asumir el poder, porque esa posibilidad quedaría supeditada a cualquier cambio o reforma hecha -o por hacer- de la Asamblea Nacional Constituyente. Pero, además, de hacerlo, serían pocas las posibilidades de que llegara a tener algún poder como tal, por lo que pudiera terminarse convirtiendo en un “jarrón chino”.
Innegablemente, ante ambos potenciales resultados, sólo se puede vislumbrar un muy complicado porvenir de agravamiento económico, rupturas y reacciones internacionales, grandes protestas sociales, mayor hiperinflación galopante, escasez, incremento de la migración ciudadana y una absoluta incertidumbre.
Bajo estas condiciones, no quedaría otra alternativa que las partes depongan actitudes irreconciliables, de odio. Que se vean como dirigentes que se equivocaron, pero que están dispuestos a enmendar errores y a responder a lo que sí les debería unir: al hecho de ser venezolanos. Algún mínimo sentimiento de voluntad en favor de Venezuela y de sus ciudadanos, tiene que existir entre los grupos que se disputan un proceso electoral para luego gobernar.
Gobernar no es mandar; es servir. Y el país necesita que le sirvan. No que insistan en destruirlo, a partir de la incansable disposición de servirse de él. Tampoco en convertirlo en tierra de nadie, obligado a negociar su autoliquidación de activos para honrar obligaciones con un considerable número de acreedores cansados de esperar seriedad y responsabilidad, como de reclamar pagos por los que nadie da la cara desde ninguna instancia gubernamental..
Ante lo que se erige como un conflicto de intereses y de una disputa comicial cargada de identidad con el futuro de Venezuela, a decir de quienes analizan fríamente dicho proceso, prevalece la sugerencia de diferir las elecciones. De iniciar un verdadero -pero muy breve, real y sincero diálogo- para convocar a una consulta nacional, nombrar un gobierno interino, integrado por: Gobierno, Oposición y Fuerzas Armadas y Sociedad Civil. De ese grupo, sin odios, con inteligencia, y con la disposición de asegurar continuidad administrativa, debe surgir el propósito de convocar, en breve plazo, a unas elecciones libres con supervisión internacional.
Posteriormente, y siempre motivada por un propósito incluyente de todos los sectores y regiones del país, se debe nombrar una auténtica Asamblea Nacional Constituyente que se ocupe de reformular y confeccionar un verdadero proyecto de país. Más adelante, de convocar a la celebración de un proceso electoral de todos los poderes, y con la concurrencia de todos los partidos políticos, apoyándose en la majestad de un nuevo e imparcial Consejo Nacional Electoral. Que Dios nos ilumine.
Egildo Luján Nava
Coordinador Nacional de Independientes Por el Progreso (IPP)
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