Formato del Futuro…
En Venezuela, tanto los representantes del Gobierno como de la oposición, declaran con aparente convicción que los venezolanos viven en un país democrático, y van por más: quieren vivir en una mejor Democracia. Lo que no luce claro, es si aquellos que hacen dicha afirmación y hasta multiplican arengas en respuesta a esa apreciación, están perfectamente claros en qué es Democracia, cuándo un país es democrático y qué requisitos se cumplen para que sus líderes políticos aseguren que, en efecto, se vive en Democracia.
"Democracia es un sistema político que defiende la soberanía del pueblo y su derecho a elegir y controlar a sus gobernantes"
"La Democracia es también una forma de Gobierno de Estado en donde el poder es ejercido por el pueblo".
Con esta simple definición, los ciudadanos deberían estar claros en quién debe gobernar, cómo debe hacerlo y a quién se debería elegir para que cada día lo haga mejor, para beneficio de la ciudadanía y el fortalecimiento institucional del tipo de Gobierno que esa misma ciudadanía se dio.
¿Qué duda no debería existir?: que cuando se elige, lo debe hacer es el soberano, el pueblo, único forjador de los mandatos en libertad y para la vida en libertad.
Al analizarse la situación política, económica, social, cultural y moral que se vive en Venezuela actualmente, y que ha hecho posible que ciudadanos y perros compitan para hacer valer el “derecho” a alimentarse disputándoselo entre promontorios de basura, el concepto Democracia es arrastrado hacia su incomprensión y/o justificación,
Asimismo, cuando, por otra parte, no funciona un solo servicio público que pueda ser convertido en ejemplo de mediana respuesta eficiente, apelar a la afirmación de que todo eso sucede en Democracia, equivale a también premiar a una estructura de servidores, convertidos realmente en una insípida e inútil burocracia sobrecargada de ocio.
Pero, además, si la existencia y el derecho a la vida terminan siendo una concesión de las enfermedades y de la muerte, porque no hay medicamentos o son tan costosos que se hacen inalcanzables para enfermos y familiares, ¿cómo es que todavía se insiste en preguntar si acaso eso es aceptable en plena Democracia?
Más aún: ¿Qué Democracia es digna de un reconocimiento ciudadano, cuando a partir de las 6 de la tarde de cada día, es un hecho casi normal que un niño pueda ser asesinado en una acción armada entre bandas, o cuando el objetivo sea despojarlo de sus zapatos, y que le suceda lo mismo a un adolescente que se le trate de robar su celular?.
Ante un cuadro de ejemplos de este tipo, mucho menos resulta aceptable y reconocible admitir la vida en Democracia, cuando la ciudadanía está obligada a someterse a un verdadero y diario toque de queda dentro de sus hogares a partir de la 6 de la tarde, ante los riesgos que se corren por la presencia dominante del hampa en las vías públicas, como en las zonas populares.
Mientras que la burocracia hace alardes sobre la eficiencia de sus acciones en contra de la propagación de la acción delictiva, extendiendo su autoalabanza a una supuesta efectiva conquista de la vida en un ambiente de paz, nadie de ella, sin embargo, admite aquello que hoy es ruido constante en todo el Continente.
Y es que de los posibles más de 4 millones de venezolanos que se han ido en estampida de su Patria, lo han hecho tratando de escapar de la inseguridad reinante en el país; de la delincuencia que crece a diario, gracias a la impunidad. Pero, además, porque gran parte de ella, de la delincuencia, también tiene su asiento y soporte en la propia estructura policial, penetrada peligrosamente por un conjunto de individualidades en proceso de multiplicación.
Definitivamente, el pueblo, los ciudadanos deben elegir a sus gobernantes para que ninguna de estas cosas suceda; también para que no permitan su presencia, activando correctivos y soluciones. Es decir, para que defiendan el bienestar y la soberanía popular.
¿Realmente, los venezolanos tienen derecho a decidir cuándo y a quién elegir?.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) es el organismo que, por ley, regula y controla los procesos electorales; también que, por ley, debe ser dirigido por cinco rectores principales y un personal imparcial, sin filiación partidista. Tiene que ser, entonces, una infraestructura humana que goce del prestigio y del respeto de todos los partidos políticos y de la población en general.
En Venezuela, sin embargo, esto no se cumple bajo ningún aspecto. Y todo sucede, porque, de los 5 Rectores, actúan 4 que son afectos al régimen. Son fichas partidistas.
Obviamente, en estas condiciones no puede haber garantía alguna de imparcialidad. ¿Cómo se puede convocar a elecciones, habiendo inhabilitado ilegalmente a los 4 partidos principales y a sus respectivos líderes.?.
Se han convocado elecciones sin respetar los lapsos constitucionales; se pretende elegir a un Presidente 7 meses antes de que pueda asumir el cargo. Sin dudas, se trata de decisiones que evidencian la anticipada victoria de quien está optando por la reelección; también de quien, por cierto, registra un rechazo de más del 80% de la población electoral. Y que ¿20%? equivale, a decir de los historiadores venezolanos, de la popularidad más baja que ha registrado candidato alguno en toda la historia Republicana de Venezuela, y con pretensiones de ser reelecto.
Por otra parte. ¿cómo se puede entender que una Asamblea Nacional Constituyente ilegítima, organismo que ha sido descalificado y no reconocido internacionalmente, ni tampoco por la propia Asamblea Nacional -que sí fue electa libremente por la sociedad venezolana- haya convocado a unas elecciones presidenciales para una fecha adelantada a la establecida en la vigente Constitución de la Repúblicas Bolivariana de Venezuela?.
Desde luego, abundan las razones para calificar el proceso de fraudulento, írrito, y propio de una jugada política que desdice de la seriedad y responsabilidad de sus promotores, como de los llamados a ser favorecidos. Es lo que han dicho, inclusive, entre otros, la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos, el conjunto de países Latinoamericanos llamado "El Grupo de Lima", integrado por más de 12 países de la región, entre otros.
Palabras más, palabras menos, todos ellos, por consenso, han solicitado, al igual que muchos países en forma individual, suspender esas elecciones por considerarlas ilegales e inconvenientes, hasta tanto se pueda garantizar las celebración de un proceso electoral pulcro, donde puedan participar todos los partidos políticos y sus respectivos candidatos, sin ventajas ni favoritismos.
Ciertas encuestas realizadas en el país arrojan en sus resultados que, por ahora, las abstención se ubica por sobre el 65%. Entonces, ¿cómo se puede entender esta respuesta de parte de una población agobiada por la hiperinflación, el hambre, la carencia de medicinas, de empleo, a merced del hampa y de la más violenta represión contra todo ciudadano que se atreva a disentir y reclamar el reconocimiento al ejercicio de sus derechos constitucionales?. ¿Quiere o no soluciones?. ¿En dónde queda aquí ese emblema recurrente del régimen, cuando habla y hace alarde de soberanía popular?. Definitivamente, es importante releer el concepto de Democracia
Pero el Gobierno, por razones evidentes, sigue adelante en este propósito. Poco pesa e importa que el país se esté cayendo a pedazos y que los ciudadanos, sumidos en un desastre de dimensiones infinitas, se sumen al reclamo internacional, como al reclamo sistemático de la población más frágil.
A la mayoría de la población, la misma que se resiste a votar, se le conmina a hacerlo, a cambio de la oferta de bonos, premiaciones y amenazas. Porque lo que importa, por supuesto, es que la ilegitimidad del hecho sea ignorado, porque lo que cuenta es la dispensa de los bolívares devaluados que garantiza la decisión gubernamental, y el comportamiento del Banco Central de Venezuela al margen de la Ley que le rige.
Curiosamente -porque no deja de ser un hecho curioso- un candidato que se autocalifica de opositor, el exGobernador del Estado Lara Henri Falcón, quien viene de perder las elecciones en su propio Estado, y proviene de las filas del llamado Chavismo, además de ser presentado como un conocedor de las “entrañas del monstruo”, considera que hay que salir a votar; hay que concurrir a esas elecciones. Dicho militar retirado, de paso, alega que si la oposición concurre unida al proceso, Maduro es derrotable.
No obstante, al margen de que su argumento pudiera ser válido, él, el candidato, arrastra la desconfianza propia de una sociedad polarizada, huérfana de voluntad de entendimiento y credibilidad entre algún opositor que despunte, y más si procura sobresalir de entre el revanchismo y el resentimiento, amén del odio sembrado entre los venezolanos durante los dos últimos períodos gubernamentales. Es decir, de todo eso que se percibe en cualquier lugar público. Incluso, entre ciertas familias en donde las opiniones políticas siguen siendo una poderosa causa de distanciamiento de sus miembros.
Con este panorama tan complejo, es muy difícil resolver y estar claros. No se registra la fuerza e importancia de la añeja frase de que "en la unión está la fuerza", indistintamente de que esa verdad existe, es real. Y hechos como el ilícito proceso del 20M, por supuesto, en la fertilidad de la fractura social venezolana, entre desconfianza, hambre y odio, es complicado consolidar ninguna unidad. Porque se percibe que, en efecto, una mayoría no va a votar, además de que lo que sí pudiera suceder es que, conocido el resultado, sea inevitable el agrandamiento del descontento y del peligro de reacciones violentas, capaces de engendrar un final desconocido.
Lo recomendable sería que las elecciones fueran celebradas en la fecha cuando corresponde, de acuerdo a lo que está establecido en la vigente Constitución. También que fueran sometidas a la consulta del soberano para legitimar el camino. De lo que se trata, por supuesto, es de definir la ruta y de encausar al país por el camino del camino a la libertad y de, por lo menos, fortalecer la esperanza entre sus habitantes, sobre la posibilidad de que las futuras generaciones de venezolanos vivan en un ambiente de prosperidad.
Egildo Luján Nava
Coordinador Nacional de Independientes Por el Progreso (IPP)
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