Formato del Futuro…
Por disposición del Poder Ejecutivo, su Asamblea Nacional Comunal convocó a más de 20 millones de venezolanos inscritos en el Registro Electoral Permanente a participar en un proceso electoral el 20 de mayo del año en curso.
Se trata de las elecciones presidenciales y con cuyos resultados habrá 3 efectos. La posibilidad de que, como hecho casi seguro, el actual Presidente Nicolás Maduro se mantenga en el cargo durante seis años más, por vía de un evento que lo reelegirá para ello; que se le conceda y reconozca autoridad institucional – que hoy no la tiene- a la llamada Asamblea Comunal, a la vez que se le desconoce aquella de la que sí goza la Asamblea Nacional desde finales de 2015 por voluntad ciudadana.
Y, por último, que con el funeral de la vigente Constitución Nacional, que se dará de inmediato, será inevitable la desaparición del respaldo político internacional de los diferentes países democráticos, a la necesaria solución de las crisis que hoy mantienen a Venezuela en una condición de crisis humanitaria, por escasez de alimentos y de medicinas, como de servicios públicos ineficientes, entre otros.
En la actualidad, de acuerdo a lo que arrojan las diferentes encuestas que realizan firmas tradicionales en la materia, como centros académicos universitarios de diferentes partes del país, la población votante rechaza en más de un 80% la gestión del Gobierno actual. Se lo atribuyen a los dramas, carencias y gran inseguridad reinantes en el país y que, a diario, empeora la situación que, desafortunadamente, obliga a la población a migrar en masa.
El Gobierno, prematuramente en campaña electoral desde hace meses, y valiéndose para ello del uso de recursos públicos y ventajas que les garantiza su comportamiento ante las normas electorales, a pesar de estar legalmente prohibido, le sigue sacando provecho a lo que siempre se identificó como una ventaja a su favor. Especialmente, porque de la alternativa de la prohibición, ya se sabe que las limitaciones siempre estarán en contra de los candidatos no afines al Gobierno en ejercicio.
Lo que no deja de sorprender, sin embargo, es que el partido de gobierno, promotor y gestor de los errores que condujeron al país a su situación actual , no deja entrever una sola señal dirigida a imponer un cambio alguno. Su propósito, sin duda alguna, es la reelección de la manera que sea, jamás la presentación de disposiciones que se distancien de su apego a la doctrina comunistoide,
Adicionalmente, mientras tanto, la otra interpretación con la que convive más del 80% de los 30 millones de ciudadanos que reclaman cambio, a la vez que demandan condiciones electorales ajustadas a derecho para optar por una transición en condiciones de paz, es que su participación no sea planteada como una concesión. Tampoco a que cuando exige libertad y derechos constitucionales para validar su participación, eso equivalga a un estoico y sumiso sometimiento al derrumbe económico venezolano.
Lo cierto es que a pocos días de haberse puesto en marcha la “campaña electoral” que concluirá con la celebración de los citados comicios, los votantes han sido informados que a la contienda aceptaron concurrir, además de el partido oficialista con su candidato Nicolás Maduro, otros tres candidatos opositores.
Es decir, sólo tres, de los cuales dos, según lo que indican los resultados de sondeos que se vienen realizando, a propósito del evento, no parecieran tener ninguna opción competitiva. Mientras que la atención, entonces, se vuelca realmente a favor del grupo opositor liderado por el Exgobernador del estado Lara, Henry Falcón, quien aspira a convertirse en el gran receptor del respaldo de los votos de la oposición.
Cuando el Consejo Nacional Electoral procedió a cumplir con la orden impartida por la Asamblea Nacional Comunal, de convocar al proceso del 20M, y los interesados expresaron su disposición a participar, suscribieron un convenio de fiel cumplimiento. Un acuerdo con base en cuyo contenido, y por ante el CNE, se garantizaba respetar toda la normativa y condiciones electorales que permitieran una contienda limpia, justa e imparcial. También quedó entendido que los candidatos opositores, de no cumplirse lo prometido, se retirarían de la contienda.
Con el inicio de la campaña, también ha comenzado el incumplimiento de diversos aspectos contenidos en el descrito acuerdo o convenio. Un hecho que, por lo demás, ya se ha convertido en una situación rutinaria en los procesos electorales venezolanos. También en un emplazamiento a las autoridades electorales para que ejerzan su autoridad, honren sus obligaciones legales y constitucionales. Y, además, para que se ocupen de alentar, motivar y activar la participación ciudadana, y no su alejamiento, su abstención.
Dirigentes partidistas comprometidos con el llamado a votar, sencillamente, ya han dicho que las autoridades electorales tienen que hacer posible el cumplimiento de lo acordado. Porque, de lo contrario, es la imparcialidad lo que está en entredicho. De hecho, su actitud silenciosa ante la reedición de la libre manera como se continúan utilizando los recursos del Estado en favor del candidato oficial.
Y esto sucede después que se inhabilitaron los principales partidos opositores y sus posibles candidatos de la contienda, además de otras tantas ventajas dadas y utilizadas exclusivamente por el candidato oficialista. Todas ellas les son negadas a los candidatos opositores. Es por eso por lo que plantean un efecto indiscutible: una vez más, los venezolanos con derecho a votar, están asistiendo a una contienda electoral en donde no hay contendientes ni competencia. Únicamente un evento en el que participa alguien que lo tiene todo a su favor.
Desde luego, ante este truculento panorama con nombre de proceso electoral, organizaciones de la sociedad civil, incluyendo Universidades, Iglesias, Gremios, Sindicatos y otros, han hecho lo que correspondía: el diferimiento del citado evento, para que se celebre cuando corresponde, de acuerdo a lo que establece la vigente Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Se trata de un llamado que también ha encontrado eco y respaldo en organizaciones internacionales, como en una multiplicidad de países a nivel mundial. Ellas, por su parte, están proponiendo postergar el proceso. Pero, además, desconocer las elecciones convocadas, hasta que se garantice un proceso con serias demostraciones de imparcialidad, y en el que se respete el derecho a participar la concurrencia de todos los partidos y candidatos, entre otras exigencias. De no ser así, entonces, internamente habría que hacer un firme llamado a la abstención, es decir, a no votar.
A la vez que la cuenta regresiva hasta el 20M avanza sin que haya un solo asomo modificatorio de aquello que hace fácil un supuesto triunfo electoral del candidato que opta por su reelección, desde ya, se vaticina una abstención que compromete la transparencia comicial, una vez que se describan hechos, números y evidencias de aquello alrededor de lo cual, obviamente, no habrá credibilidad. Pero ¿y qué haría el candidato Henry Falcón si esa fuera la realidad planteada, antes del, para él, ansiado día del evento?.
Al día de hoy, y mientras conversaciones y debates de ciudadanos se vuelcan hacia el tema, toma fuerza la tesis de que, “si las cosas no varían”, desde ya, hay que exhortar a los candidatos, en su totalidad, a que se nieguen a cohonestar un hecho que, por supuesto, los destruiría políticamente. Para ellos, sin duda alguna, más provechoso individualmente, y más saludable para el país, sería dejar sin efecto la participación. 0ptar por una ausencia que haga desierto el proceso.
Con este dramático panorama electoral y tomando en cuenta que es potestativo y no obligatorio concurrir al proceso, cada ciudadano está en libertad de hacer aquello que le dicten su conciencia y su verdadero compromiso con el país. Porque, al final, el hecho y la historia se ocuparán de determinar quién, realmente, estuvo equivocado cuando le correspondió asumir dicha decisión: ¿el que decidió votar o el que se negó a hacerlo?.
Egildo Luján Nava
Coordinador Nacional de Independientes Por el Progreso (IPP)
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