El Kremlin en Caracas

Moisés Naím / Andrew
Weiss
Una operación violenta
para reprimir a los ciudadanos que se manifiestan contra un presidente
autocrático deja decenas de muertos. La represión empuja a más gente a la
calle, lo cual desencadena una espiral de violencia y una acuciante crisis
humanitaria. Un presidente de Estados Unidos afirma rotundamente que el brutal
dictador debe irse. La Unión Europea está de acuerdo, pero ninguna gran
potencia tiene ganas de llevar a cabo una intervención militar directa. De
pronto, como si surgiera de la nada, Vladímir Putin coloca a Rusia en medio de
la crisis y garantiza la permanencia del dictador en el poder. El presidente
estadounidense queda en ridículo por su ineficacia.
Por desgracia para el
presidente Trump, esta situación, que ocurrió con Siria, está repitiéndose
ahora con Venezuela.
A pesar de sus palabras
beligerantes y sus nuevas sanciones contra Nicolás Maduro, el gobierno de Trump
ha guardado un curioso silencio sobre el papel de Rusia, tal vez porque
prefiere no llamar la atención sobre el hecho de que Moscú se ha convertido en
el prestamista de último recurso del país latinoamericano en plena bancarrota.
A primera vista, puede
parece extraño que Rusia intervenga en un país tan alejado de sus fronteras y
que da la impresión de estar precipitándose hacia la ruina total. Pero los
lazos de amistad entre Rusia y Venezuela vienen de atrás, del primer viaje del
difunto presidente Hugo Chávez a Moscú en mayo de 2001. Después regresó 10
veces, antes de morir de cáncer en 2013. En ese periodo, Venezuela llegó a ser
uno de los mejores clientes mundiales de la industria armamentística rusa.
Entre 2001 y 2011, le compró armas por valor de 11.000 millones de dólares.
A medida que empeoraba su
situación económica, la compra de armas disminuyó de volumen y los intercambios
comerciales pasaron a centrarse de las armas a la energía. Al principio, los
contratos estaban garantizados, en su mayoría, por las ventas de petróleo
venezolano. Pero los acuerdos comerciales fueron volviéndose más complejos
cuando los rusos empezaron a exigir más activos materiales como garantía.
Caracas accedió, y las empresas rusas a través de las que se realizaban los
contratos obtuvieron acciones de las compañías petrolíferas e incluso el
derecho a explotar yacimientos enteros en Venezuela.
Si bien la relación entre
Rusia y Venezuela ha sido siempre esencialmente económica, la política, tanto
nacional como internacional, nunca ha estado lejos. La decisión del gobierno
venezolano de neutralizar a la Asamblea Nacional democráticamente elegida, que
desató una escalada de las protestas callejeras de la oposición en los últimos
meses, se debió precisamente a la necesidad de obtener un préstamo de Rusia.
La Asamblea Nacional es
la única palanca de poder que no controla Maduro. La ley establece que todos
los créditos internacionales y todas las ventas de los activos nacionales deben
someterse a su aprobación. Los líderes opositores que están al frente de la
Asamblea son totalmente contrarios a los acuerdos que estaba ofreciendo el
gobierno a empresas extranjeras, en particular a Rosneft, el gigante energético
ruso propiedad del Estado. El gobierno, muy necesitado de dinero, decidió
eludir el trámite e hizo que el Tribunal Supremo, un órgano que sí controla,
emitiera un fallo por el que se hacía con la autoridad de la Asamblea Nacional,
incluida la potestad de aprobar las nuevas transferencias de activos a
entidades rusas.
Hoy, el gobierno de
Maduro está haciendo todo lo que puede para pagar los 5.000 millones de dólares
de deuda exterior que vencen en los próximos 12 meses. Con las sanciones recién
anunciadas por Estados Unidos, la empresa nacional de petróleos, PDVSA,
principal fuente de divisas, ha perdido la capacidad de pedir préstamos a los
bancos estadounidenses o europeos para poder pagar o refinanciar la mayor parte
de esa deuda.
En esas circunstancias,
resulta especialmente importante que Rosneft prestara a PDVSA en abril más de
mil millones de dólares; en total, los préstamos y créditos concedidos por
Rusia a Venezuela en los últimos años ascienden a más de 5.000 millones de
dólares.
Además, Moscú ha ofrecido
apoyo político. El ruso fue uno de los pocos gobiernos extranjeros que aprobó
la reciente disolución de la Asamblea Nacional, y los máximos diplomáticos
rusos, como el ministro de Exteriores, Serguei Lavrov, acusan de forma habitual
a Estados Unidos de ser la mano oculta que alimenta la crisis venezolana. Sin
embargo, la ayuda del Kremlin no es barata. Según se dice, PDVSA está en
negociaciones para vender a Rosneft acciones en otros lucrativos proyectos de
gas y petróleo a un precio muy bajo. Y Rosneft ha arrebatado a la petrolera
venezolana la rentable tarea de comercializar el crudo entre sus clientes de
Estados Unidos, Asia y otros lugares.
Después de los éxitos
logrados por Putin en sus hazañas de aventurerismo geopolítico, la gran
pregunta es si está pensando en intervenir también en Venezuela. Como
inveterado oportunista que es, tiene que ser consciente de que las palabras
recientes de Donald Trump sobre las posibles opciones militares para resolver
la crisis venezolana no eran más que vanas amenazas. En las agitadas calles de
Caracas, también está cada vez más claro que el régimen controla la situación y
que no parece que vaya a caer a corto plazo.
Lo que no sabemos es si el
Kremlin podrá permitirse los costes económicos y políticos de mantener a Maduro
en el poder. Pero nos sorprendería que Putin deje pasar la oportunidad de
ejercer su influencia en el patio trasero de Estados Unidos y, de paso,
conseguir buenas fuentes de ingresos. En Siria, Putin dio la vuelta a una
guerra civil caótica e impidió que Estados Unidos lograra su objetivo de
cambiar el régimen.
Tal vez dejar al
descubierto la vaciedad de la pomposa política exterior del gobierno de Trump
en Venezuela sea, por sí solo, suficiente recompensa.
Moisés Naím ha dirigido
la revista Foreign Policy y actualmente dirige y presenta Efecto Naím a través
del canal NTN24. Andrew Weiss es director de estudios del Carnegie Endowment y
ha trabajado en asuntos rusos en los gobiernos de George W Bush y Barack Obama
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