Luego de la derrota sufrida por el gobierno en la
fraudulenta elección constituyente del pasado 30 de julio, los partidos
políticos desviaron brusca y
sorpresivamente el rumbo de la lucha opositora.
Después de acorralar a la tiranía, demostrar ampliamente su
ilegitimidad y de lograr su condena internacional, en vez de proseguir esa
política justa y correcta los partidos atienden al canto de sirena de las
elecciones regionales.
En los meses previos a la vergonzosa trampa oficialista, las
organizaciones políticas lograron interpretar y asumir los sentimientos
democráticos de los ciudadanos. Funcionó entonces, por primera vez, la unidad
perfecta de líderes políticos y sociedad civil. Y se logró incorporar, también
por primera vez, a los más pobres en la protesta activa, decidida y valiente
contra el gobierno y sus bandas represivas.
A pesar de la criminal violencia desatada, el proyecto
comunista no pudo disimular su debilidad ni ocultar la ausencia de sectores
populares que salieran a la calle en su defensa.
Así quedó demostrada la desaparición del PSUV como soporte
importante de la dictadura, se fracturó la unidad del Proyecto, y acorralada
por la Fiscal General de la República la cúpula militar-civil desluce a la hora
de refutar graves denuncias de corrupción formuladas por su antigua compañera
de ruta. Y gracias a la guardia nacional, los colectivos y las policías, la
represión quedó como única herramienta defensiva de esta caricatura
revolucionaria.
Por eso, tenemos derecho a
preguntar qué ocurrió, y por cuál motivo después de ganar esa batalla se
va participar en elecciones que estarán
bajo la rectoría dictatorial de esa misma asamblea constituyente que los
partidos denuncian como ilegítima, que la ciudadanía repudia, y que la
comunidad internacional desconoce.
Si el país combatió en la forma como lo hizo a la
fraudulenta asamblea, la consecuencia lógica de aquel combate era continuar
luchando contra su ilegítima instalación, contra sus arbitrarios procedimientos
y contra los efectos “jurídicos” de sus ilegales decisiones.
Hoy, nuevamente envuelta en la incertidumbre, buena parte de
la opinión pública considera incoherente aceptar la continuidad del mismo CNE
que instrumentó el fraude, falsificó groseramente los resultados del truculento
proceso, y ratificó luego su incondicional acatamiento a los usurpadores de la
soberanía popular.
Tampoco resulta coherente que los partidos, a pesar de denunciar
la ilegitimidad de la asamblea oficialista acaten su vigencia, al reconocerle
competencias para adelantar elecciones regionales, y para suspender votaciones
de consejos legislativos manteniéndolos bajo control de diputados del PSUV con
mandato vencido.
En vez de desconocer esas medidas, tomadas en un organismo
espurio que cercena derechos electorales y que inutiliza administrativa y
políticamente a los próximos
gobernadores, los líderes partidistas van a participar en esta desventajosa
contienda haciéndose coparticipes de evidentes violaciones de las leyes y la constitución. De esa manera,
quieran o no quieran reconocerlo, en
este caso, la MUD acepta la nueva y forzada legalidad que impone la dictadura.
Mientras esto ocurre, el totalitarismo no duerme y retoma la
iniciativa ante un liderazgo que se baja de su escenario para competir en patio
ajeno, y de nuevo acepta las condiciones que impone el enemigo.
Con calculada frialdad los totalitarios permiten que la
Asamblea Nacional siga funcionando en el palacio legislativo, pero conforman la
“comisión de la verdad” que servirá de tribunal popular para enjuiciar a los
diputados y líderes democráticos, y que además decidirá quiénes de los
candidatos elegidos en las primarias podrán ser efectivamente aspirantes a las
anheladas gobernaciones.
Ya lo dijo Diosdado, “quienes llamaron a la calle no podrán
ser candidatos”.
En esa misma asamblea fraudulenta se anunciaron, el pasado
15 de agosto, algunas medidas con las que aspiran liquidar para siempre a la
disidencia democrática. En esa oportunidad Maikel Moreno, el insólito
presidente del TSJ propuso el aumento de la pena máxima a 50 años de cárcel
para terroristas y enemigos de la patria.
Por supuesto en la lista de terroristas enjuiciables se
encuentran, entre otros, Julio Borges, Henrique Capriles, Henry Ramos, Tomás
Guanipa, Juan Requesen, Miguel Pizarro…
etc; además de los alcaldes perseguidos o encarcelados, y centenares de
miembros de la resistencia, hoy en prisión bajo condiciones vejatorias.
Y demás está decir que a la espera del juicio revolucionario
están también el general Isaías Baduel, el capitán Juan Caguariguapano Scott,
el teniente primero Jefferson García y el grupo de militares y civiles acusados
de haber tomado parte en los sucesos del Fuerte Paramacay.
Maikel Moreno anuncio igualmente, el primero de septiembre
pasado, la creación de una comisión de “alto nivel” para el aporte
constitucional integrada por el ministerio del interior, la fiscalía de Tarek
William, el ministerio para las cárceles y la defensoría pública. Esa comisión
será la encargada de proponer a los constituyentistas las nuevas leyes que,
como trajes a la medida cumplirán la tarea de intentar atornillar al régimen.
Esa comisión definirá también cuales serán las nuevas
competencias de los gobernadores de estado, de los consejos legislativos
regionales, de las alcaldías y de los concejos municipales. El gobierno se
adelanta de esa manera a dejar sin funciones autónomas a los espacios de poder
que la democrática oposición pretende conquistar en procesos electorales de
antemano viciados. Es la respuesta del oficialismo a quienes afirman con gran
simpleza: “si no vamos a votar el gobierno lo toma todo”.
Ocurre que esta ofensiva totalitaria nos muestra a un
gobierno acorralado, pero que actúa con rapidez ante el derrumbe económico y el
colapso social que amenaza dramáticamente su estabilidad.
Condenados por las naciones democráticas del planeta, y
repudiados por el país, Maduro y su equipo necesitan solidificar el control
político interno por medio de la total monopolización de las instancias
oficiales que en el transcurso de estos 18 años han logrado secuestrar.
Para conseguir sus objetivos la dictadura intenta blindarse
con el fin de enfrentar las amenazas que
se ciernen sobre ella. Por esa razón, cuando menos de ingenuos podemos
calificar a quienes concurren a unas elecciones regionales previamente
diseñadas como parte del proyecto de Estado Comunal rígidamente centralizado,
que pretende consagrar la tramposa constituyente.
En su afán de controlarlo todo el régimen no acepta derrotas
y si se ve obligado a reconocer alguna aplica medidas correctivas, como el
despojo de funciones a Antonio Ledezma luego de ganar éste la Alcaldía Mayor; como
las asumidas luego de las últimas votaciones
parlamentarias, cuando se anula a los diputados de Amazonas, se declara en
desacato a la Asamblea y se le arrebatan las funciones constitucionales
mientras se implementa su disolución definitiva.
Procedimientos igualmente ilegales le fueron aplicados a la
Fiscal Luisa Ortega Díaz, sometida a feroz persecución por denunciar la
corrupción de la cúpula oficialista, y por anunciar la muerte del Estado de Derecho en Venezuela.
Mirando esos hechos resulta inexplicable que se acuda a un
nuevo proceso electoral fraudulento que permitirá simulaciones “democráticas”,
y dará respiro a un gobierno en deterioro terminal. Y es igualmente incomprensible
que luego de convertirse el Parlamento en el eje central de la resistencia, la
amañada elección de gobernadores le desmonte su ofensiva política, y contribuya
a disipar su identidad y vigencia como el único poder legítimo que existe en
esta destartalada república.
En ese equivocado camino, las elecciones primarias han
restado tiempo y esfuerzos a una oposición cuya fundamental actividad debería
ser hoy la reactivación de la calle, bajo condiciones y característica
adecuadas a la situación actual, en pleno desarrollo del horror
constituyentista, y el redimensionamiento de la protesta nacional. Sobre todo
cuando la condena al régimen adquiere dimensión universal, y cuando la terrible
debacle económica y social puede llevarnos a un caos inimaginable si no contamos
con un liderazgo que sea capaz de señalar camino creíble y confiable, y que
esté dispuesto a comprender y a canalizar las terribles sensaciones que
desgarran el alma de la población.
Precisamente, el plebiscito de julio pasado en el que
participaron más de 7 millones de ciudadanos, fue claro trazando esos rumbos
que hoy deberíamos seguir bajo una conducción consciente de sus objetivos, y
consecuente en su compromiso y en su acción política.
Ese plebiscito votó por el rechazo a la constituyente
convocada por Maduro, porque la fuerza armada acate la constitución de 1999, por
democráticas elecciones generales, y por
un gobierno de unidad nacional. Hasta
hoy ningún sector integrante de la MUD ha dado explicación valedera que
justifique el abandono de ese solemne compromiso, contraído con Venezuela y
apoyado por la comunidad democrática internacional.
Así las cosas los candidatos de la oposición que resulten
electos en las votaciones regionales de octubre, si las hubiera, serán
gobernadores en el marco de un Estado Comunal que se construye en un ilegítimo orden
jurídico, y que será establecido y
tutelado por la misma constituyente que la MUD hasta ahora ha desconocido.
8-9-2017
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