DIÁLOGO ENTRE SORDOS PARLANCHINES
" Camarón que se duerme,
mete la lengua en tapara "
Hasta los refranes están mal.
Formato del Futuro…
Hasta los refranes están mal.
Formato del Futuro…
Son pocos los países del
ámbito occidental en donde no hay consternación por las diversas crisis que
están azotando a Venezuela, más allá, inclusive, de la creencia de que sólo es
alarmante por la manera como se registran las que tienen que ver con lo
económico y lo político.
Desde luego, lo que provoca
semejante reacción son sus ya identificadas repercusiones a nivel global. Y que
no serían tales si, por otra parte, además de la posición que asumió desde el
año pasado la Organización de Estados Americanos (OEA) y particularmente su
Secretario General, Luis Almagro, el propio gobierno venezolano no hubiera
incurrido en tantos errores que se tradujeron en lo peor para él: que la
Organización de la Naciones Unidas (ONU) hiciera esta semana lo que ahora pasó
a ser materia prioritaria para el resto del mundo.
Porque, desde el lunes 18 de
septiembre de 2017 Venezuela, después de todo lo que se expuso ante Asamblea
General de la ONU, además de un país en donde hay severas crisis del tipo más
inimaginable, también es un lugar en donde los derechos humanos son poco menos
que un privilegio; configuran una concesión de sus autoridades. De resto, los
ignoran o violentan.
Por primera vez, un país
latinoamericano es el centro de la atención y de las críticas de parte de
tantas naciones en referencia a la violación de los derechos humanos. Y,
de paso, por otra parte, se le carga un comportamiento asociado a delitos
tan graves como el narcotráfico, que lo colocan en el epicentro del
interés de instituciones no gubernamentales globales, entre ellas las que
consideran que también habría que ventilar cuán oportuno es apelar a los
recursos institucionales y sociales que hacen necesaria la aplicación a
Venezuela de lo que prevé la Convención de Palermo.
El narcotráfico es madre y
padre de una infinidad de males humanos en el mundo. Involucra la atención y
preocupación de todas las naciones por el daño social que repercute en la
degradación moral y física del género humano.
En el caso venezolano, la
Nación está calificada como punto de partida o puente continental para el
tráfico de drogas que se produce en varios países del continente, y siempre con
un propósito: atender la demanda -siempre creciente- de un altísimo
porcentaje del consumo mundial, especialmente el de los Estados Unidos, Europa,
y, en menor escala, de Africa, Asia y 0ceanía.
Ciertamente, dicho
indetenible floreciente negocio tendría otro rostro si, a la vez, no estuviera
asociado y relacionado como producto final con grandes volúmenes de capital
ilícito que requiere ser ocultado o blanqueado con la complicidad de todo
género de organizaciones a nivel mundial, incluyendo a varias que están en los
propios centros de consumo. Pero es precisamente dicha alianza o sinergia
financiera la que, de una u otra manera, provoca las apreciables reacciones en
contra de los países en donde se aprecian desvíos morales de parte de
individualidades gubernamentales. Al final, gobernantes y gobernados saben
perfectamente que el narcotráfico, entre otras consecuencias, y como negocio
ilícito de alto impacto social, genera corrupción, sobornos, delincuencia,
degradación humana, además de un crecimiento exponencial de la violencia
social.
En el concierto global de las
naciones, lamentan que un país que alguna vez se distinguió por ser uno de los
más ricos del mundo, hoy esté sumido en la pobreza y la miseria. Que
sobresalga por su fragilidad institucional e impunidad, y una ciudadanía que trata
de migrar a cualquier parte del mundo en procura de condiciones confiables para
trabajar, prosperar y vivir acorde con el efecto de sus ingresos. Desde
luego, es una migración que también complica y pone en peligro la
estabilidad del Continente, pero que, a la vez, suma otra razón para que
la casi totalidad de los 196 países que conforman a las Naciones Unidas,
apresuren respuestas dirigidas precisamente a rescatar y restituir
la institucionalidad de Venezuela, la recuperación de su economía, la paz, el
orden y el bienestar de sus ciudadanos.
Vista y considerada dicha
realidad como un motivo de fuerza e importancia para que se susciten reacciones
internas acordes con la importancia de revertir esa situación, sin
embargo, no deja de llamar la atención que, puertas adentro, no se produzca un
efecto que se corresponda con esa valiosa posición.
De hecho, una parte
importante de la ciudadanía considera que, salvo contadas excepciones,
los voceros de la mayoría de las organizaciones políticas venezolanas están
negadas a propiciar un acuerdo para bien de todos. Los bandos enfrentados,
sencillamente, mantienen posiciones rígidas, intransigentes en contra de la
utilidad e importancia de dialogar. 0ptan por recurrencias sistemáticas a un
fundamentalismo revanchista, mientras desatienden la utilidad de abrir
puertas con miras a una negociación en la que las partes sean capaces de
transigir, y no de seguir dependiendo de máximas ególatras como las de "quítate
tú para ponerme yo " .
Sólo actúan y trabajan en
función de intereses personales para únicamente empeorar la situación. Y
hasta pareciera que, en algunos, lo que les induce o empuja a actuar de esa
manera, es su casi patológico deseo de prolongar su permanencia en el
poder, a la vez que a otros se les desborda su ambición por conquistarlo.
Entre estas dudas y
apreciaciones de gente ajena al ejercicio del oficio político, son inevitables
sus múltiples conjeturas sobre lo que acaba de suceder en República
Dominicana. Y es que allí, una vez más, sin agenda ni preparación
previa, se convoca a un diálogo, con la participación de otros países
como observadores. Se nombran y conforman dos delegaciones representando a las
partes, que hoy, de paso, tampoco representan a la mayoría de los
ciudadanos. A la vez que, de igual manera, se ignora a organizaciones
independientes, laborales, gremios y Universidades, que deberían estar
representadas en esa convocatoria, y con lo cual se desperdicia así la ocasión
de darle espacio y participación a otras personas de conocida y reputada
trayectoria, independientes y preparadas para actuar como mediadores y
dolientes de su país.
Desde luego, identificar a
los seleccionados en ambos bandos, para quienes se refieren al caso, equivale a
la presunción de haberse optado por la comprometedora conducta del
individualismo grupal. No por descalificación a priori de quienes se
trata; sí por esa apreciable presunción de haberse apelado a la escogencia de
individuos que, en razón de sus características personales, son los
ideales para jamás avanzar en un exigente y de por sí lento proceso de
formalizar acuerdos.
No se puede consensuar ni
mucho menos construir entendimiento, si al sitio de las reuniones se llega con
maletas cargadas de odio, o rodeados de supuestos expertos en irrespetuosa
e hiriente altanería. Presumir que en el infierno todo anda bien, es asumir una
actitud de espaldas a la importancia del encuentro, como a la necesidad de
impedir la reedición de los episodios anteriores y promovidos como pasos en
favor del diálogo.
Por otra parte ¿cómo hacer
posible que haya confianza en los voceros opositores, cuando, a la vez que
insisten en tratar de ocultar sospechosamente su presencia en el lugar,
dejan entrever que insisten en evitar el absurdo supuesto de ser
criticados por asistir, sin entender que el país entero está interesado en que
se comience a llegar a un gran acuerdo que se traduzca en mínimas
condiciones de convivencia?.
Negarlo es subestimar la
sabia apreciación ciudadana. Pero lo cierto es que, definitivamente, las partes
deben admitir que sí existe una expresión mayoritaria de ciudadanos
interesados en llegar a una solución o a un feliz término. Y que, como
interesados, tienen legítimo derecho, entre otras razones, a saber cuál es el
alcance de la agenda que sirve de referencia a las conversaciones;
asimismo, qué se exigen las partes; cuáles serán las condiciones rectoras
de la discusión; cómo es que los países concurrentes se convertirán
en garantes de que este diálogo no fracasará nuevamente.
También, por supuesto, de
cómo y quiénes seleccionaron a las personas de cada una de las comisiones
responsables de trabajar en favor de pasos concretos para avanzar; de cuánto
tiempo se disponen para concluir; y cuál es el alcance de autoridad
de los invitados responsables, de paso, de aclarar si los acuerdos serán, o no,
sometidos a una consulta ciudadana.
Son tantas –y justificadas-
las interrogantes y preocupaciones que flotan en la mente de los venezolanos,
que toda ausencia de explicaciones convalida la creencia de que se está en
presencia de un nuevo intento de diálogo que, como los anteriores, pudiera
terminar siendo otro “corredor de arrugas”, huérfano de soluciones, un nuevo
formato para que una minoría termine ganando tiempo en sus desvaríos, y la
mayoría en una inevitable derrota.
La casi totalidad de
organizaciones multilaterales, como la OEA y la ONU, la Unión de Naciones
Europeas, el Mercosur y la Unasur, entre otras, han criticado y condenado
la situación venezolana. Lo han hecho exigiendo la restauración institucional y
el orden democrático, además de respeto a los derechos humanos. Pero,
internamente, responsables de la situación, y no obstante el reclamo
institucional, además de la imposición de sanciones de países como los Estados
Unidos y Canadá, insisten en jugar a un diálogo entre sordos parlanchines.
Ellos recurren a lo peor: a
apostar que todavía hay espacio para la maniobra y la prórroga, apelando
erróneamente a la convicción de que Venezuela está muy lejos del caos, cuando
ya es víctima de un gran desastre. Y que las mentiras convertidas en propaganda
pueden seguir siendo útiles para ocultar tragedias, cuando la verdad es que el
avance incontenible de la hiperinflación está alimentando la eventualidad de
una gran explosión social impulsada por el hambre y la hambruna que se está
incubando desde hace ya 4 años.
¿Está Venezuela realmente en
condiciones y goza del tiempo suficiente para ser sometida a otro diálogo
entre sordos?.
Ya el ingreso laboral base
conformado por el salario y el bono de alimentación, en su relación con
el único Dólar que se consigue en el mercado negro, equivale a menos de $ 0,50
de ingreso diario, y eso, según parámetros de la ONU, equivale a un ingreso de
miseria. Sencillamente no alcanza para absolutamente nada. El costo de la
Canasta Básica en Venezuela para una familia de 5 personas sería el equivalente
a 8 salarios de ingreso. ¿Qué y cómo, con un ingreso así, están comiendo los
venezolanos ?. ¿Cuál es su verdadero nivel de nutrición?. Un pueblo con hambre
no acepta ni tolera excusas.
Egildo Luján Nava
Coordinador Nacional de Independientes Por el Progreso
(IPP)
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