El Gobierno venezolano armó
una Asamblea Constituyente en la que sus integrantes fueron escogidos por
sectores, comunas y gremios. Y el resto, supuestamente, por libre elección. Los
primeros no están incluidos como procedimiento de elección dentro de los
parámetros contemplados en la Constitución. Porque todos los posibles
candidatos en estos eventos deben ser de elección libre y popular, con vocación
de servicio y que sean ciudadanos probos, autóctonos de su región con
trayectoria conocida y que puedan actuar siempre en favor de sus representados.
Esa fue de las razones por
las que la oposición ciudadana argumentara para no aceptar como legal este
proceso Constituyente. Y que, de hecho, se convirtió en el motivo de peso para
que se produjera una reacción negativa a nivel internacional, incluyendo su
desconociendo por ilegítima.
La otra razón no menos
controversial fue la de no haber convocado al poder originario -al "pueblo
", que no "Ciudadanos"- para consultarle si querían ir o no a un
proceso constituyente, tal y como reza la vigente Constitución venezolana
desde 1999.
Por otro lado, el Gobierno,
no obstante haberse debido enfrentar a 4 meses consecutivos de protestas
ciudadanas por hambre, escasez de medicamentos, inseguridad y pérdida de
esperanzas, y que se tradujo en graves consecuencias, como fue la muerte de
casi 130 ciudadanos, de miles de heridos, de arrestos y enormes pérdidas por
daños materiales, convoca a un proceso constituyente. Y lo hace simulando un
proceso electoral, a su medida y gusto para que “participe” una minoría de
votantes del padrón electoral, consciente del innegable rechazo al que se
enfrentaba. Por supuesto, el resultado de los “electos” no podía ser
otro: únicamente personas pertenecientes al partido de Gobierno o simpatizantes
del mismo. Y con el agravante de que ni esos propios “electos”, tuvieron acceso
a la información objetiva y certificada por las instancias electorales que
demostrara cuál había sido el número de participantes, y con cuántos sufragios
habían sido respaldados.
Bajo esas condiciones, desde
luego, se hacían inevitables las dudas, suspicacias y multiplicidad de las
reacciones adversas dentro y fuera del país.
Desde entonces, aquella
figura comicial que fue promovida como una especie de elixir medicinal útil y
efectivo contra todos los males que vive la Nación, se mantiene entre reuniones
de un lado para otro -y siempre de la mano con el Gobierno- en procura de
ganarse la confianza y el respaldo ciudadano del que han carecido ambos.
Como se esperaba, ha sido una
hermandad política que, según las encuestadoras acreditadas, no ha podido
superar su condición de aliados para atacar, juzgar, condenar a quienes
disienten, cuestionan y se atreven a desenmascarar procedimientos contrarios a
los principios básicos de cualquier democracia. Mientas tanto, a nivel
internacional la duda se convierte en rechazo, desconocimiento y acusaciones,
hasta concluir, inclusive, en la aplicación y solicitud de sanciones
contra las autoridades y el propio país.
La Fiscal del Ministerio
Público, Luisa Ortega Díaz, la misma que se pronunció en contra de la decisión
del Tribunal Supremo de Justicia cuando decidió “borrar” a la Asamblea Nacional
electa por 14 millones de ciudadanos en diciembre del 2015, hasta decir
que aquello equivalía a una ruptura del hilo constitucional, también, dentro y
fuera del país, ha declarado que las elecciones de la Asamblea Constituyente
obedecen a un procedimiento ilegal. Pero, además, que entre los objetivos de
dicho proceso, está el de disponer de una especie de escudo jurídico y político
para confrontar la supuesta existencia de delitos cometidos por altos
funcionarios, como es el caso 0derbrecht.
Dichas acusaciones, que luego
se tradujeron en motivo para que se le destituyera, ahora han pasado a
convertirse en motivo para que se le considere una perseguida política, y se le
ofrezca asilo en varios países. Incertidumbre y dudas distinguen todos los
hechos relacionados con la acusación inicial de la funcionaria y su
posterior persecución, mientras que ahora se espera por la actuación de
las instituciones venezolanas e internacionales, para que se demuestre en dónde
está la verdad y si, en efecto, existen responsables por lo sucedido en Brasil
con una de sus emblemáticas empresas privadas, cuyo nombre y prestigio, sin
embargo, aparecen comprometidos con actos delictivos en 16 países del mundo.
Con todas estas denuncias y
situaciones y ante este peculiar panorama, es poco probable que el Partido de
Gobierno y sus aliados puedan tener posibilidades de éxito en un proceso
electoral regional en estos momentos. Saben que participar se traduce en
jugársela políticamente dentro y fuera del país. Y que a lo peor que se están
enfrentando, es a la posibilidad de sufrir una derrota contundente y
terminal para dicha organización partidista.
Y si esa es la posibilidad que
está radiografiada ante los ojos ciudadanos y los del mundo, y que describe
anticipadamente, además, una fotografía situacional, ¿cuánto se puede
apostar a favor de la celebración de tales comicios?.
Repitiéndose la misma
situación que se generó antes de la celebración del pasado referéndum
revocatorio, no es impensable ni descabellada la idea esgrimida por analistas
en cuanto a que habrá alguna solicitud individual de suspensión y diferimiento,
para que la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia se ocupe de hacer
su trabajo y dejar a los interesados en participar con los crespos hechos.
Otros observadores,
inclusive, han indicado que al mismo grupo que decidió lo de la Asamblea
Constituyente no le quedará otra alternativa que posponer las elecciones para
ganar tiempo, en procura de coger aliento, y todo con base en la excusa
que les ofrece la campaña que ya ha comenzado a desarrollar el Gobierno:
"el cerco económico internacional accionado por el imperio
norteamericano, y aplaudido y provocado por la Oposición traidora a la Patria”.
¿Duda alguien de la posibilidad inclusive, de que en octubre Venezuela se
declare en default, por las mismas acciones antes citadas, al no poder
refinanciar y/o reprogramar pagos, además de recurrir al crédito internacional?.
Luce lógico: no es
posible distraer capital para un evento electoral, en el medio de un huracán
económico, a sabiendas de que se trata de unas elecciones que se podrían
realizar en una mejor oportunidad.
Al Gobierno, ya se le ha
cuestionado por haber adoptado la decisión de donarle hasta 5 millones de
dólares a los Estados Unidos, y participar así en ayudas a los pobladores
que fueron afectados por la tormenta Harvey. Y es un cuestionamiento bien
merecido, después de haber incurrido en la pifia política de olvidarse de
los venezolanos que estaban bajo las aguas en Choroní , y después en Paraparal,
en las del Lago de Valencia. Sin embargo, lo que es igual no es trampa, y más
si lo que está planteado es un hecho electoral que implica un mayor y peor
costo político, en unos comicios que pueden traducirse en esa hecatombe que
visualizan hasta los propios seguidores del régimen.
Realmente, ¿habrá elecciones
regionales en octubre?. ¿ Está dispuesto el Gobierno a seguirse dando un
duchazo de barniz democrático, sacrificando –como ha dicho en privado- que sí
están en condiciones de mantener el control hasta de 10 gobernaciones?.
Amanecerá y veremos. Pero hoy
todos los caminos conducen a Roma, indistintamente de que el Papa Francisco
siga todavía en Colombia, honrando su palabra de hacerse presente, luego que
allí se produjera el bien promovido acuerdo de paz entre el Gobierno y las
Farc. Acuerdo que, de paso, también se ha convertido en serio motivo para que
los Estados Unidos, activista de esa misma causa, se considere mucho más
comprometido con impedir que el desorden -o la “antipaz”- se traslade
integralmente a Venezuela.
Egildo Luján Nava
Coordinador Nacional de
Independientes Por el Progreso (IPP)
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