La
amenaza de una guerra civil se ha
convertido en un chantaje para estabilizar al gobierno de Maduro. Y la
presencia del Vaticano en la mesa de negociaciones se usa como paragua para
protegerse de la Carta Democrática Interamericana y del rechazo de la comunidad
internacional.
Antes
de la llegada a Venezuela del Nuncio Emil Paúl Tscherrig en representación del
Papa Francisco, la iglesia católica venezolana definió claramente su
pensamiento sobre la naturaleza totalitaria del sistema político ideológico
impuesto en nuestro país.
Las
palabras de nuestros obispos, expresadas en densos y contundentes documentos,
no dejan dudas sobre lo que piensan los curas que en todo el país palpan en
directo las miserias a las que nos ha conducido el socialismo del siglo XXI.
La
Conferencia Episcopal ha calificado al sistema impuesto en el transcurso de
estos 17 años cómo un proyecto “totalitario comunista”, destinado a controlar
todos los espacios de de la vida ciudadana y de las instituciones públicas y
privadas del país.
Los
documentos suscritos por los Obispos denunciaron que la democracia venezolana
está resquebrajada, y que el diálogo debería tener como escenario a la Asamblea
Nacional, por ser ésta la representante del pluralismo político expresado en el
voto popular.
Por
su parte el Viceprovincial José Virtuoso en documento dirigido A LOS HERMANOS
JESUITAS Y LAICOS (3-10-2016), comparó la situación venezolana con “una olla de
presión sin válvula de escape”. Y definió a la etapa que vivimos como un tiempo
de tragedia, en el que el empobrecimiento es masivo en medio de la frustración
y la rabia colectiva, y expresó que frente a una violencia impune “el
autoritarismo político y la hegemonía comunicacional pretenden imponer un mundo
demagógico y falso”.
Para
la compañía de Jesús el gobierno es ilegítimo, y a pesar de estar en minoría
electoral controla todos los poderes
públicos con excepción de La Asamblea Nacional.
En
nuestro país, según los jesuitas, se vive en medio de una situación de
violencia institucionalizada y de “pecado estructural”, y, “los dones de la vida y de la paz están constantemente
amenazados”.
Esos
conceptos expresados por la jerarquía católica constituyen la más radical
condena de la Iglesia a gobierno alguno en la historia del país. De esa manera,
el clero venezolano sentencia severamente la moralidad del régimen, y se pronuncia
por la salida pacífica de la crisis a través del proceso revocatorio
establecido en la Constitución nacional.
Hasta
el 24 de octubre, cuando el enviado del Papa anunció, desde el Hotel Meliá el inicio de las conversaciones
gobierno-oposición, la conducta de los dirigentes de la UNIDAD parecía
orientada a enfrentar a lo que calificaban como DICTADURA mediante
movilizaciones de calle, intensificación de las protestas, enjuiciamiento de
Maduro y solicitud de aplicación de la Carta Democrática Interamericana.
En
la ruta fijada por la MUD participaban
en perfecta solidaridad, y con renovadas esperanzas, millones de compatriotas
que tomaron las calles exigiendo el revocatorio presidencial y el cambio radical
del régimen.
De
manera reiterada los más importantes líderes partidistas de oposición negaron
los rumores sobre acuerdos con el gobierno sin lograr antes la libertad de los presos políticos y la
convocatoria al referéndum revocatorio. En ese contexto son abundantes las
declaraciones y pronunciamientos aparecidos en los medios de comunicación durante
el tiempo previo a la llegada del enviado del Vaticano.
Vemos
como la Asamblea Nacional denuncia formalmente en sesión del domingo 23 de
octubre “la ruptura del orden constitucional en Venezuela”. Acuerda igualmente
el parlamento solicitar a nivel internacional la activación de “todos los
mecanismos necesarios para garantizar los derechos del pueblo de Venezuela”, y
determinar la situación constitucional del Presidente de la República mediante
el estudio de su doble nacionalidad y la determinación del abandono del cargo.
Además
los diputados emplazan a la Fuerza Armada a “no obedecer ni ejecutar ningún
acto o decisión que sean contrarios a los principios constitucionales”; convocan
a la ciudadanía “a la defensa activa de la Constitución hasta lograr la
restitución del orden constitucional”, y acuerdan denunciar ante la Corte Penal
Internacional a los jueces regionales y rectoras del Poder Electoral que
suspendieron el referéndum presidencial. Los asambleístas calificaron la
arbitraria actitud de esos jueces y del Consejo Nacional Electoral como un
golpe de estado.
Sin
embargo, a la par de esa vigorosa ofensiva opositora circulaban versiones sobre
la inminente instalación de una mesa de diálogo acompañada por la
representación de alto nivel enviada por el Papa Francisco.
La
versión toma cuerpo cuando se conoce la noticia de la entrevista que el Papa
concede a Nicolás Maduro el día 24 de octubre en horas de la noche.
Inmediatamente
después de la inesperada reunión, Maduro explica que en ese encuentro agradeció
al Santo Padre el apoyo dado “para que
por fin y definitivamente se instale una mesa de diálogo entre los distintos
factores de la oposición y el gobierno legítimo y bolivariano que yo presido”.
En
respuesta a esos acontecimientos, el 25 declara el gobernador Capriles: “¿cuál
diálogo?, en Venezuela no se ha iniciado ningún diálogo, la agenda de la MUD
sigue intacta. Ellos pretenden usar la buena fe del Papa Francisco, y la buena
fe del Nuncio para decir…aquí no ha pasado nada”.
Y
Henry Ramos en esa misma oportunidad dice que “si iban los partidos al diálogo
promovido por el Vaticano, acudiríamos. Como ahora todos nos enteramos por
televisión, nosotros tampoco vamos”.
Por
su parte el dirigente de Voluntad popular Luis Florido niega la existencia de
condiciones para dialogar con el gobierno, y en cambio afirma: “vamos a
debatir el juicio político, podemos estar a las puertas de la destitución de
Nicolás Maduro”.
Sin
embargo cuando llega el Nuncio Emil Paúl Tscherig cambia brusca y sorpresivamente
el rumbo de los acontecimientos políticos nacionales, y se produce un viraje
radical en la actitud de algunos de los partidos integrantes de la MUD.
El
emisario del Vaticano al anunciar el inicio de las conversaciones
gobierno-oposición, explica en rueda de prensa realizada en el Hotel Meliá
Caracas, que estos encuentros se vienen preparando desde hace cuatro meses, y
agradece al Secretario General de UNASUR,
así como a los ex presidentes Zapatero, Torrijos, y Fernández las gestiones
realizadas para hacer avanzar el proceso de diálogo.
Y
en un documento que suscriben de manera conjunta los delegados del gobierno,
los representantes de la oposición y el grupo de acompañantes, el representante
de Francisco da a conocer los objetivos de las reuniones a iniciarse.
El
documento leído por el Nuncio señala entre otras consideraciones, que se trata
de lograr pacíficamente, “la superación de las coyunturas económicas, sociales,
políticas institucionales, fundamentales para la necesaria convivencia
democrática que requiere la sociedad venezolana”.
Por
su parte, Chuo Torrealba hace circular algunos mensajes en las redes sociales
en los que entre otros argumentos plantea una supuesta alternativa entre “la
esperanza o la matanza”. En otras
palabras el Secretario General de la MUD indica que si no dialogamos con el
gobierno vendrá un baño de sangre.
En
su muy peculiar estilo discursivo, declara Torrealba que el diálogo con la
participación del Vaticano es un triunfo de la oposición y que han obligado al
gobierno a sentarse a conversar. Califica la mediación papal como un “bálsamo” y
pide que “resignifiquemos la palabra diálogo para construir un país
mejor”. Con estos planteamientos quedan congelada, en menos de 24 horas y por
orden de no se sabe quien, una agenda en la que la mayoría parlamentaria había
aprobado dos días atrás medidas de trascendentales repercusiones para la vida
institucional del país.
Denunciar
la ruptura del orden constitucional, solicitar la intervención de la OEA y
demás organismos internacionales, demandar ante la Corte Penal Internacional a
jueces y rectores del CNE, y llamar a la Fuerza Armada
a desobedecer órdenes superiores, son medidas políticas y jurídicas de gran envergadura
que a al ser aprobadas por la representación popular deben ser obligatoriamente
cumplidas, a menos que esa misma representación popular decida revocarlas en
una sesión formal y con base a sus reglamentos internos.
Sin
embargo, sin dar mayores explicaciones al país, una parte de la MUD acude al
encuentro con el gobierno y asume una especie de investidura plenipotenciaria,
que nadie le ha otorgado, pero que sin embargo utilizan para frenar una
ofensiva democrática, pacífica y constitucional respaldada activamente por las
grandes mayorías nacionales y por la comunidad internacional.
Sin
exigir las condiciones previas que hasta entonces consideraban irrenunciables e
irreversibles esa parte de la MUD suspende el juicio a Maduro, accede a retirar
a los diputados de Amazonas irrespetando la soberanía popular reflejada en los
resultados electorales de esa región, y congela las exitosas gestiones realizadas
en la OEA y ante otras instituciones internacionales.
En
cambio el gobierno liquida el revocatorio, los presos políticos continúan en
las cárceles y frente a una crisis económica, política y social que avanza
indetenible la unidad de la oposición se resquebraja en medio de la
incertidumbre nacional.
Enjuiciando
esos temas, muy bien han dicho los ex presidentes integrantes del foro Iniciativa
Democrática de España y América (IDEA), Laura
Chinchilla, Oscar Arias, José María Aznar, Nicolás Ardito Barleta, Belisario
Betancourt, Armando Calderón Sol, Felipe Calderón, Rafael Angel Calderón,
Alfredo Cristiani, Fernando de la Rua, Vicente Fox, Eduardo Frei, Jorge
Quiroga, Miguel Angel Rodríguez, Oswaldo Hurtado, Luis Alberto La Calle, Jamil
Mahuad, Luis Alberto Monge, Mireya Moscoso, Andrés Pastrana, Sebastíán Piñera,
Alvaro Uribe y Juan Carlos Wasmosy en
carta recientemente dirigida a la OEA, que en la posición expresada en el documento conjunto
de gobierno y MUD “se omite lo sustantivo en cualquier democracia, el respeto a
la soberanía popular y el derecho al voto como vía para superar en libertad los
conflictos políticos y lograr una paz sustentable con fundamento en la
justicia”.
Según
el grupo de ex mandatarios, “ese diálogo, como distracción, prostituye a la
democracia y a su esencia”, “ignora a la Asamblea Nacional depositaria de
la soberanía popular en toda democracia” y deja de lado la libertad de los
presos políticos condición imprescindible para lograr cualquier acuerdo.
Denuncian además que el Tribunal Supremo ha suspendido el derecho a manifestar
y ha prohibido a la Asamblea Nacional realizar el juicio al Presidente. Finalmente
piden a la OEA la elaboración de un informe en donde el organismo regional
plantee las alternativas inmediatas que
permitan recuperar el orden democrático en Venezuela.
Mientras
se agrava la crisis, la oposición sufre su más grave quebranto al persistir,
una parte de la MUD, en un supuesto diálogo que la opinión pública rechaza, que
no representa a nadie y que puede significar la liquidación de un liderazgo
hasta hace pocos percibido como capaz de dirigirnos exitosamente al rescate de la libertad y la democracia.
Caracas,
28-11-2016
juliocesarmorenoleon@yahoo.es
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