lunes, 15 de febrero de 2016

PEDRO PABLO PEÑALOZA, Diario Las Américas: El Poder Judicial se ha convertido en el arma predilecta del presidente Nicolás Maduro en su afán por liquidar a la mayoría opositora de la Asamblea Nacional (AN).

Seis militantes del chavismo dominan las salas del TSJ que atacan a la Asamblea


La justicia venezolana está teñida de rojo
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Nicolás Maduro, aplaude a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Gladys Gutiérrez, en el acto que da inicio al año judicial venezolano en Caracas. (EFE)
CARACAS.-PEDRO PABLO PEÑALOZA
PUBLICADO EL 15 DE FEBRERO EN DIARIO LAS AMÉRICAS
Todo mundo tiene su corazoncito ideológico o partidista. Pero estos jueces han tenido hasta carnet. De los 13 miembros que conforman las salas Constitucional y Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, seis han militado públicamente en el chavismo.
El Poder Judicial se ha convertido en el arma predilecta del presidente Nicolás Maduro en su afán por liquidar a la mayoría opositora de la Asamblea Nacional (AN). El TSJ está compuesto por seis despachos, pero han sido dos –Electoral y Constitucional- los más activos en la estrategia que busca atar de pies y manos al Parlamento.
El primer golpe lo dio la Sala Electoral en diciembre de 2015, al aceptar la impugnación presentada por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) contra los resultados de las elecciones del estado Amazonas y del representante indígena del sur del país. Esta decisión le ha arrebatado –por los momentos – tres diputados a la Unidad Democrática, cantidad que necesita para asegurar la mayoría de 2/3 en la Cámara.
Luego llegó la Sala Constitucional con su decisión del 11 de febrero, que admite la vigencia del decreto de emergencia económica dictado por Maduro y que había sido improbado por la AN el 22 de enero. “Los magistrados le niegan el valor jurídico al control político del Poder Legislativo. Demeritar el control político es darle una patada a la mesa. Esta sentencia puede extrapolarse a muchos otros aspectos hasta concluir que el control político de la AN no es válido en lo absoluto”, alertó el diputado opositor Juan Miguel Matheus, experto en Derecho Constitucional y miembro de la Comisión de Política Interior.
Con una sonrisa socarrona, Maduro celebró el fallo de los altos jueces de la República. “¡Ha hablado el Tribunal Supremo de Justicia. Santa palabra, que debe ser acatada por todos los sectores de la vida nacional y de todas las instituciones!”, expresó el Jefe de Estado el mismo 11 de febrero.
Detrás de una “santa palabra”, siempre hay justos y puros. Entonces, ¿quiénes son los virtuosos que firman las sentencias del TSJ que complacen al Gobierno chavista y amenazan el desempeño de la AN opositora?
1. Malaquías Gil. 2. Jhannett Madriz Sotillo. 3. Christian Tyrone Zerpa. (CORTESíA)
De pura cepa
La mitad de la Sala Electoral –integrada por seis togados- ocupó distintos cargos políticos en defensa de la revolución bolivariana. Su vicepresidente, Malaquías Gil, representó al estado Trujillo en la AN por el Gran Polo Patriótico. Durante dos años encabezó la Comisión de Desarrollo Social Integral del Parlamento, levantando la bandera del PSUV.
Jhannett Madriz Sotillo estuvo en las filas del extinto Movimiento Quinta República (MVR) y del PSUV. Con el apoyo del chavismo, fue electa para tres períodos en el Parlamento Andino entre 1998 y 2010. Antes de llegar al TSJ, se desempeñó como embajadora de Venezuela en Canadá.
El último de este trío es el más polémico. Se llama Christian Tyrone Zerpa y fue diputado del PSUV por el estado Trujillo hasta el 23 de diciembre de 2015, cuando sus colegas lo ungieron en una sesión especial magistrado de la Sala Electoral. Su experiencia política-partidista se remonta a 1994, cuando fundó en la Universidad de Los Andes (ULA) el movimiento estudiantil Utopía 78.
Recordado como un dirigente relevante del MVR en el estado Mérida, Zerpa fue responsable de Política Electoral del Comando Miranda (para la segunda reelección del difunto presidente Hugo Chávez en 2006) en el estado Trujillo y jefe de Política Electoral del comando de campaña de Hugo Cabezas (PSUV) a la Gobernación de Trujillo en 2008.
1. Juan José Mendoza. 2 Calixto Ortega. 3. Luis Fernando Damiani Bustillos. 4  Lourdes Benicia Suárez Anderson. (CORTESÍA)
Los más pesados
La Sala Constitucional es la más influyente del TSJ. Ni siquiera la Sala Plena, que agrupa a los 32 togados del organismo, está por encima de ella. Sobre la Constitucional, quizás, sólo cabe introducir un recurso ante la Corte Celestial.
La presidenta del Poder Judicial y de la Sala Constitucional, Gladys Gutiérrez, fue candidata a la gobernación de Nueva Esparta y diputada suplente a la Asamblea Nacional por ese mismo estado con el MVR.
Persona de confianza de Chávez, Gutiérrez fue cónsul general de Venezuela en Madrid, embajadora ante el reino de España y procuradora general de la República. Es decir, la abogada del Gobierno chavista.
Juan José Mendoza salió de la Asamblea Nacional en 2010 y aterrizó en el TSJ. En su condición de diputado del PSUV por el estado Trujillo, dirigió la Comisión de Seguridad y Defensa. En sus tiempos de parlamentario oficialista, denunció que en el país circulaban entre “9 y 15 millones” de armas ilegales.
Al igual que Zerpa, Calixto Ortega pasó de diputado a magistrado el 23 de diciembre de 2015. Estuvo en la lista que postuló el PSUV para las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre en el estado Zulia, y además de acumular millas como diputado en la AN, este dirigente zuliano también fue vicecanciller para Europa y encargado de negocios de la embajada de Venezuela en Estados Unidos.
La renovación del Poder Judicial que ejecutó el chavismo antes de perder la mayoría de la AN, sirvió para incorporar a Ortega y a otro par de figuras con pasado rojo: Luis Fernando Damiani Bustillos, antiguo viceministro de Desarrollo Académico del Ministerio de Educación Universitaria y vicerrector de la Universidad Bolivariana, y Lourdes Benicia Suárez Anderson, hermana del fiscal Danilo Anderson, víctima de un atentado el 18 de noviembre de 2004.
Estas cinco personas, junto con los veteranos Carmen Zuleta de Merchán y Arcadio Delgado Rosales, imponen sus criterios, suscriben las decisiones del Gobierno y desafían a la Asamblea Nacional desde el estrado más empinado de la República.

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