Los comicios
parlamentarios del próximo 6-D se van a realizar en medio de características
muy especiales.
Por primera vez, desde el fraudulento plebiscito de Pérez
Jiménez ocurrido en 1957, vamos
a unas votaciones sin que exista una campaña electoral propiamente
dicha, en la
que la oposición pueda exponer sus puntos de vista
a través de los medios de comunicación.
El secuestro de la prensa escrita y radioeléctrica
ha permitido la progresiva liquidación del debate público y ha impuesto un
hermético silencio informativo. Con la excepción de Cuba, nuestro país es el
único en América privado, en la práctica, del derecho a la información y a la libre expresión del
pensamiento. Estos derechos consagrados en nuestro constitución han sido
liquidados mediante la compra de la mayoría de los grandes rotativos nacionales
y regionales, y el control casi total de la radio y la televisión, adquirida por
oficialistas o sometidas mediante rígida censura. Apenas a través de las redes sociales y de
algunos heroicos medios, que aún resisten las amenazas y presiones del régimen,
podemos acceder precariamente al conocimiento de los desastres que
cotidianamente sacuden a la sociedad venezolana. A esta realidad se suma la
agresiva campaña mediática caracterizada por las amenazas y el
acoso permanente, no sólo contra la disidencia política, sino contra la
ciudadanía en general. De esa manera se usa la fuerza que da el
poder para intentar doblegar al colectivo nacional tratando
de hundirle en
la pasividad el hastío y la resignación. Y a la violencia
ejercida de manera permanente por el gobierno, a través de sus organismos
represivos, se suma la de la delincuencia organizada que ha tomado posesión de nuestra vida cotidiana.
Así las
cosas, en medio de una espantosa crisis económica y social Venezuela se dispone
a asistir a una de las más importantes y trascendentales consultas electorales
de su historia. A pesar de la imposibilidad de transmitir sus opiniones y planteamientos
en los medios de comunicación, y a pesar de los escasos recursos con los cuales
sufragar los gastos que implican las campañas electorales, los candidatos
opositores superan ampliamente a los oficialistas. Esta verdad no ha podido ser
escondida por el régimen, al punto que Nicolás Maduro ha dicho públicamente que
estas elecciones “serán las más difíciles en la historia de la revolución”. Igualmente, Maduro ha declarado que el régimen
está dispuesto a vencer en esos comicios “como sea”, y que frente a un resultado
adverso la revolución entraría en una etapa de mayor radicalización para
impedir la pérdida del proceso socialista. En este mismo sentido se han
pronunciado los cabecillas más importantes del Psuv, así como los ministros y
otro altos funcionarios que actúan en abierta e ilegal campaña proselitista. Y
lo más grave, en la misma comparsa participan los altos mandos militares,
convertidos desde hace tiempo en
inconstitucional brazo armado del proceso totalitario en curso. Los canales de radio
y televisión del gobierno, incluyendo la estación televisora de la fuerza
armada, dan agresivo respaldo mediático a esta abierta manifestación de
voluntad continuista que amenaza colocarse por encima, y si es necesario, en contra de la
voluntad de cambio que el pueblo exprese en las urnas electorales. Además, el CNE, el Tribunal Supremo de Justicia, la Contraloría, el Defensor del Pueblo, y por
supuesto la Fiscal General, han respaldado de manera reiterada y
permanente, el tejido fraudulento construido
de cara al 6D, constituyéndose en el muro institucional que protege el descarado
ventajismo oficialista. Gracias a ello, ninguno de los reclamos formulados por
la Mesa de la Unidad ante el organismo electoral han sido considerados. Por el
contrario, las denuncias han sido desechadas y calificadas recientemente por
Tibisay Lucena como argucias planteadas por “grupúsculos minoritarios” destinadas
a desestabilizar al país y a desconocer de antemano los escrutinios que finalmente
anuncie el CNE
La próxima elección
parlamentaria venezolana es la única consulta comicial latinoamericana objeto
de cuestionamientos por los más importantes sectores de la comunidad
internacional. En ninguna de las votaciones celebradas recientemente en nuestro
continente se ha puesto en duda la imparcialidad de los árbitros institucionales.
En ninguna de ellas han participado los militares como instrumentos políticos
al servicio del gobierno. Y en todas se
ha preservado la independencia de los poderes públicos y la voluntad ejercida
libremente por los ciudadanos. Por el contrario, en nuestro caso, la precaria
condición de nuestro agonizante sistema de libertades se ha puesto en evidencia
de manera cada vez más evidente ante los ojos de la comunidad internacional,
incluyendo a sectores que han sido cómplices activos o silenciosos de los
gobiernos de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro.
En los países
integrantes del Mercosur y Unasur, se ha debilitado sensiblemente el respaldo
al gobierno de Caracas, ante las injustificables prisiones de los dirigentes democráticos,
la represión, la censura, el acoso a la oposición, y la violación de derechos humanos fundamentales. Todos estos
atropellos acrecentados en las
proximidades de las elecciones del poder legislativo.
En Brasil el
Tribunal Superior Electoral rechazó el veto del gobierno de Venezuela al
reconocido jurista de ese país Nelson Jobim, propuesto para presidir la comisión de
observación de Unasur. Es de recodar que
Jobim fue miembro del Gabinete del expresidente Lula. Como consecuencia de estos hechos el vecino país decidió
abstenerse de participar en la misión.
El Secretario
General de la OEA Luis Almagro, en comunicación enviada a la Presidente del Consejo
Nacional Electoral Tibisay Lucena, afirma
que el rechazo del CNE a la observación electoral
por parte de la Organización de Estados Americanos, se corresponde a un “posicionamiento
político”. Y le advierte en el extenso documento de doce cuartillas, que sin la
observación con plenas garantías “usted estará faltando a obligaciones que
hacen a la esencia de las garantías que debe
otorgar”. Dice además que las elecciones venezolanas se preparan en “un terreno
de juego desnivelado”, y que “las condiciones no están garantizadas al nivel de
transparencia y justicia”. Mientras tanto, el candidato de oposición en
Argentina Mauricio Macri ha anunciado que luego ganar la presidencia, solicitará
la aplicación de la Carta Democrática Interamericana a nuestro país, debido a
la reiterada violación de sus principios por parte del gobierno de Nicolás
Maduro.
En medio de estos
factores que van conduciendole a un
aislamiento cada vez mayor, el gobierno parece decidido a enfrentar la
adversidad profundizando la cuota de violencia y de hostilidad que siempre le
ha caracterizado. Sólo que ahora el régimen tiene ante
sí un adversario desconocido, al
que le va resultando imposible dominar. Estas elecciones del 6D no las deciden
las tareas proselitistas, ni las campañas partidistas que en nuestra vida
democrática hemos protagonizado los venezolanos. Es la descomposición de
nuestra vida económica y social, con sus terribles consecuencias sobre las
grandes mayorías, la que está marcando el camino político de la nación. Para
Venezuela las elecciones parlamentarias aparecen hoy como una última esperanza
de conducir por vías pacíficas la recuperación del país.
Las amenazas
que desde Miraflores y desde los otros centros de poder nos lanza el oficialismo,
parecieran conducir a la implementación de mecanismos que permitan adulterar el
resultado electoral. Se trata del fraude como respuesta a una derrota segura. Es
la opción de una cúpula oficialista acorralada por el repudio que se extiende
más allá de nuestras fronteras, y que se traduce en solidaridad activa con la
causa de la libertad venezolana. Por ello, al acercarse el día decisivo, suenan
las alarmas democráticas.
Noviembre 2015.
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