jueves, 19 de noviembre de 2015

JULIO CÉSAR MORENO LEÓN Las alarmas democráticas




Los comicios parlamentarios del próximo 6-D se van a realizar en medio de características muy especiales. 
Por primera vez, desde el fraudulento plebiscito de Pérez Jiménez ocurrido  en 1957, vamos a unas votaciones sin que exista una campaña electoral propiamente dicha, en la que la oposición pueda exponer sus puntos de vista a través de los medios de comunicación.
 El secuestro de la prensa escrita y radioeléctrica ha permitido la progresiva liquidación del debate público y ha impuesto un hermético silencio informativo. Con la excepción de Cuba, nuestro país es el único en América privado, en la práctica, del derecho  a la información y a la libre expresión del pensamiento. Estos derechos consagrados en nuestro constitución han sido liquidados mediante la compra de la mayoría de los grandes rotativos nacionales y regionales, y el control casi total de la radio y la televisión, adquirida por oficialistas o sometidas mediante rígida censura. Apenas a través de las redes sociales y de algunos heroicos medios, que aún resisten las amenazas y presiones del régimen, podemos acceder precariamente al conocimiento de los desastres que cotidianamente sacuden a la sociedad venezolana. A esta realidad se suma la agresiva campaña mediática caracterizada por las amenazas y el acoso permanente, no sólo contra la disidencia política, sino contra la ciudadanía en general. De esa manera se usa la fuerza que da el poder para intentar doblegar al colectivo nacional tratando de hundirle en la pasividad el hastío y la resignación. Y a la violencia ejercida de manera permanente por el gobierno, a través de sus organismos represivos, se suma la de la delincuencia organizada que ha tomado posesión  de nuestra vida cotidiana.
Así las cosas, en medio de una espantosa crisis económica y social Venezuela se dispone a asistir a una de las más importantes y trascendentales consultas electorales de su historia. A pesar de la imposibilidad de transmitir sus opiniones y planteamientos en los medios de comunicación, y a pesar de los escasos recursos con los cuales sufragar los gastos que implican las campañas electorales, los candidatos opositores superan ampliamente a los oficialistas. Esta verdad no ha podido ser escondida por el régimen, al punto que Nicolás Maduro ha dicho públicamente que estas elecciones “serán las más difíciles en la historia de la revolución”.  Igualmente, Maduro ha declarado que el régimen está dispuesto a vencer en esos comicios “como sea”, y que frente a un resultado adverso la revolución entraría en una etapa de mayor radicalización para impedir la pérdida del proceso socialista. En este mismo sentido se han pronunciado los cabecillas más importantes del Psuv, así como los ministros y otro altos funcionarios que actúan en abierta e ilegal campaña proselitista. Y lo más grave, en la misma comparsa participan los altos mandos militares, convertidos desde hace tiempo  en inconstitucional brazo armado del proceso totalitario en curso. Los canales de radio y televisión del gobierno, incluyendo la estación televisora de la fuerza armada, dan agresivo respaldo mediático a esta abierta manifestación de voluntad continuista que amenaza colocarse por  encima, y si es necesario, en contra de la voluntad de cambio que el pueblo exprese en las urnas electorales. Además,  el CNE, el Tribunal Supremo de Justicia, la  Contraloría, el Defensor del Pueblo, y por supuesto la Fiscal General, han respaldado de manera reiterada y permanente,  el tejido fraudulento construido de cara al 6D, constituyéndose en el muro institucional que protege el descarado ventajismo oficialista. Gracias a ello, ninguno de los reclamos formulados por la Mesa de la Unidad ante el organismo electoral han sido considerados. Por el contrario, las denuncias han sido desechadas y calificadas recientemente por Tibisay Lucena como argucias planteadas por “grupúsculos minoritarios” destinadas a desestabilizar al país y a desconocer de antemano los escrutinios que finalmente anuncie el CNE
La próxima elección parlamentaria venezolana es la única consulta comicial latinoamericana objeto de cuestionamientos por los más importantes sectores de la comunidad internacional. En ninguna de las votaciones celebradas recientemente en nuestro continente se ha puesto en duda la imparcialidad de los árbitros institucionales. En ninguna de ellas han participado los militares como instrumentos políticos al servicio del gobierno. Y en todas  se ha preservado la independencia de los poderes públicos y la voluntad ejercida libremente por los ciudadanos. Por el contrario, en nuestro caso, la precaria condición de nuestro agonizante sistema de libertades se ha puesto en evidencia de manera cada vez más evidente ante los ojos de la comunidad internacional, incluyendo a sectores que han sido cómplices activos o silenciosos de los gobiernos de Hugo Chávez y de  Nicolás Maduro.
En los países integrantes del Mercosur y Unasur, se ha debilitado sensiblemente el respaldo al gobierno de Caracas, ante las injustificables prisiones de los dirigentes democráticos, la represión, la censura, el acoso a la oposición, y la violación  de derechos humanos fundamentales. Todos estos atropellos acrecentados  en las proximidades de las elecciones del poder legislativo.
En Brasil el Tribunal Superior Electoral rechazó el veto del gobierno de Venezuela al reconocido jurista de ese país Nelson Jobim,  propuesto para presidir la comisión de observación  de Unasur. Es de recodar que Jobim fue miembro del Gabinete del expresidente Lula. Como consecuencia  de estos hechos el vecino país decidió abstenerse de participar en la misión.
El Secretario General de la OEA Luis Almagro, en comunicación enviada a la Presidente del Consejo Nacional Electoral Tibisay  Lucena, afirma  que el rechazo del CNE a la observación electoral por parte de la Organización de Estados Americanos, se corresponde a un “posicionamiento político”. Y le advierte  en el  extenso documento de doce cuartillas, que sin la observación con plenas garantías “usted estará faltando a obligaciones que hacen  a la esencia de las garantías que debe otorgar”. Dice además que las elecciones venezolanas se preparan en “un terreno de juego desnivelado”, y que “las condiciones no están garantizadas al nivel de transparencia y justicia”. Mientras tanto, el candidato de oposición en Argentina Mauricio Macri ha anunciado que luego ganar la presidencia, solicitará la aplicación de la Carta Democrática Interamericana a nuestro país, debido a la reiterada violación de sus principios por parte del gobierno de Nicolás Maduro.
En medio de estos factores que van conduciendole  a un aislamiento cada vez mayor, el gobierno parece decidido a enfrentar la adversidad profundizando la cuota de violencia y de hostilidad que siempre le ha caracterizado. Sólo que ahora el régimen  tiene ante   sí un adversario desconocido, al que le va resultando imposible dominar. Estas elecciones del 6D no las deciden las tareas proselitistas, ni las campañas partidistas que en nuestra vida democrática hemos protagonizado los venezolanos. Es la descomposición de nuestra vida económica y social, con sus terribles consecuencias sobre las grandes mayorías, la que está marcando el camino político de la nación. Para Venezuela las elecciones parlamentarias aparecen hoy como una última esperanza de conducir por vías pacíficas la recuperación del país.
Las amenazas que desde Miraflores y desde los otros centros de poder nos lanza el oficialismo, parecieran conducir a la implementación de mecanismos que permitan adulterar el resultado electoral. Se trata del fraude como respuesta a una derrota segura. Es la opción de una cúpula oficialista acorralada por el repudio que se extiende más allá de nuestras fronteras, y que se traduce en solidaridad activa con la causa de la libertad venezolana. Por ello, al acercarse el día decisivo, suenan las alarmas democráticas.   

Noviembre 2015.

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