El decreto de Simón
Bolívar en 1813 fue: “Nuestro odio será implacable, y los que no conspiren
contra la tiranía y en favor de nuestra independencia, se les considerará
enemigos y traidores a la patria, y se les ejecutará, aunque sean
indiferentes”. Este se concibió a manera de justificación por “crímenes
infligidos por los bárbaros soldados españoles, que habían reducido la
República de Venezuela a la más horrible desolación”.
Por fortuna para
Bolívar, la Corte Penal Internacional no existía en ese momento, de lo
contrario lo habrían enjuiciado por genocidio por actuar deliberadamente con la
intención de un grupo nacional. Siendo ese el caso es sorprendente que 202 años
después Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, haya celebrado en público
el decreto de manera que todos los miembros de las Fuerzas Armadas y los
estudiantes de nivel secundario y universitarios tienen que leerlo y descubrir
“sus valores”.
¿Por qué un jefe de
Estado alaba hoy tal acto y lo considera tan importante que debe ser lectura
obligatoria para todos los venezolanos, principalmente los militares? “Porque”,
en sus propias palabras, “cualquier similitud entre la guerra de independencia
y la situación política actual no es accidental. Es la misma batalla entre el
imperio y la patria, entre traidores y patriotas”. En suma, dice que Estados
Unidos es el imperio que ataca a su régimen y, ellos, los patriotas, luchan
contra los traidores, que son los disidentes, la gran mayoría de los
venezolanos.
Este falso paralelismo
entre el pasado y el presente es un un intento peligroso y alarmante para
intimidar a la oposición venezolana. Precisamente, esa abominable división
entre nuestro pueblo, promovida por la política de odio, racismo y violencia
del Estado, iniciada por Hugo Chávez y fortalecida por Maduro, quien, como
verdadero líder pandillero, se apega al “Odio Implacable” de Simón Bolívar en
1813.
Pero las razones
reales –los valores– que inspiran el odio de Maduro contra la oposición
venezolana es que el país celebrará elecciones legislativas el 6 de diciembre y
las encuestas de opinión proyectan una gran derrota para el régimen. Una
pérdida así significaría el fin del monopolio de los poderes del Estado que los
acólitos de Chávez y Maduro han ejercido sin cortapisa durante los últimos 16
años.
Enfrentados a tal
escenario, las intenciones de Maduro no pudieran quedan mejor documentadas que
con sus propias declaraciones públicas: “Si los grupos de derecha “se roban”
(no dice “ganan”) las elecciones, ocurrirían cosas muy graves, como
enfrentamientos en las calles. En ese caso, yo sería la primera persona en
lanzarme a la calle para defender, con el pueblo, nuestra Revolución.
La
oposición debe orar y encender velas a sus santos para que nosotros ganemos las
elecciones, porque de lo contrario el caos sería total”.
Quizás pensando que no
fue lo suficientemente claro, Maduro agregó: “Juro que mientras esté vivo, no
voy a rendir la revolución bajo ninguna circunstancia. Preparémonos para la
sangre y la masacre, y para defender nuestra patria y ganar, sin importar el
costo”. Pero esta declaración debe tomarse muy en serio: “Si perdemos, algo que
pienso es inimaginable, gobernaré con el pueblo en una alianza cívico-militar”.
Maduro reveló sus
planes después de una pérdida electoral: recurrir a la Ley Nacional del Poder
Popular aprobada en el 2010 como la instancia suprema del poder del Estado que
pudiera reemplazar a la Asamblea Nacional por una Asamblea Popular, con
autoridad para “obligar a los órganos del Estado a gobernar bajo los dictados
de los Consejos del Poder Popular”.
El régimen ha creado
unos 18,000 Consejos Comunales, controlados por el gobierno, de manera que
puedan elegir a los miembros de los consejos regionales, que a su vez elegirían
a los miembros de la Asamblea del Poder Popular. La nueva asamblea tendría
autoridad para implementar órdenes e instrucciones a la Asamblea Nacional en
vigor, lo que comenzaría por desplazarla de su sede legislativa física.
Ya no habría más elecciones
directas en Venezuela. La Asamblea del Poder Popular elegiría al presidente. Un
jaque mate que, de hecho, significaría el fin de lo que queda de una democracia
representativa. En esencia, Venezuela adoptaría el modelo cubano.
Es una
verdadera tragedia ver cómo una nación de gente libre, un pueblo al que tuve el
privilegio y el orgullo de representar en las Naciones Unidas, se haya
convertido en una pandilla criminal, que en este momento está al servicio y
bajo el control militar, político y policial del decrépito régimen de Castro.
La postura política
del régimen venezolano sobre las próximas elecciones no puede ser más obvia.
Pero, parece, no es lo suficientemente clara para los gobiernos de las
Américas. Hasta el momento, no se han mostrado dispuestos a exigir un proceso
creíble de supervisión electoral a la Organización de Estados Americanos,
declarar que el régimen venezolano infringe groseramente la Carta Democrática
de las Américas, ni ha advertido que pudiera suspender a Venezuela en la OEA
por su campaña de sembrar temor e intimidación.
Es una verdadera
tragedia ver cómo una nación de gente libre, un pueblo al que tuve el
privilegio y el orgullo de representar en las Naciones Unidas, se haya
convertido en una pandilla criminal, que en este momento está al servicio y
bajo el control militar, político y policial del decrépito régimen de Castro.
Que nadie se engañe:
el gobierno de Venezuela es un régimen fallido, asociado con narcotraficantes y
grupos terroristas, con un historial abominable, de violaciones a los derechos
humanos. Un país donde el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello,
es objeto de una investigación internacional por narcotráfico y lavado de
dinero, así como dos de los gobernadores y 10 generales del régimen.
La comunidad
internacional tiene que comprender que en Venezuela vivimos bajo un régimen
militarizado decidido a transformar nuestro país en el estado socialista a
cualquier costo y que le es absolutamente impensable aceptar una derrota
electoral y entregar el poder pacíficamente.
Ex
embajador de Venezuela ante la ONU y ex presidente del Consejo de Seguridad de
la ONU, ex gobernador de Caracas.
original
en inglés
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