La política de admisióna las universidades que pretende implantar la OPSU


Humberto García Larralde
Representante Profesoral 
ante el Consejo Universitario de la UCV.

Recientemente fuimos sorprendidos por la arbitraria medida de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), de arrogarse la decisión sobre quienes deben ingresar a las universidades nacionales, en violación de la Ley que las rige, la Constitución Nacional y los acuerdos existentes entre las autoridades de las distintas casas de estudio y esa oficina. Esta medida inconsulta representa una enorme estafa al país, a las universidades y a los nuevos bachilleres que aspiran cursar estudios en ellas.

En primer lugar, atenta contra la aspiración de excelencia académica de las universidades nacionales. La universidad debe ser un instrumento de desarrollo de primer orden en la Sociedad del Conocimiento, capaz de interactuar con la incesante expansión de las fronteras del saber mundial y de formar los talentos que requiere el país para superar sus numerosas insuficiencias y procurar el mayor bienestar posible a su población. A las universidades nacionales deben entrar los mejores. La medida que pretende implantar la OPSU utiliza como criterio académico el promedio de notas del bachillerato, pero lo diluye a sólo un 50% del total, otorgándole un 30% a las condiciones socioeconómicas del aspirante, 15% a un criterio de “territorialidad” que no ha sabido explicar en qué consiste y un 5% a “actividades extracurriculares” que representa un misterio aun mayor. El análisis realizado por el equipo de especialistas de la UCV que examinó la lista entregada por la OPSU comprobó que el criterio académico en absoluto priva en la selección realizada por esa oficina, que privilegió más bien a bachilleres que no presentaban las mejores notas. Se menoscaban así las potencialidades que representan para el país la formación de profesionales altamente calificados con base en quienes exhiben mayor talento. La medida de la OPSU representa una estafa al desarrollo de la nación.

En segundo lugar, voceros del gobierno todavía pretenden esgrimir que la medida obedece a un criterio de “justicia social”, pues a las universidades nacionales van mayoritariamente estudiantes de colegios privados, integrantes de una “élite”; “burgueses”, pues. ¡Por favor! Si hubiese un ápice de intencionalidad “social” sincera de este régimen habrían hecho esfuerzos –serios, sostenidos- por mejorar la educación pública desde pre-escolar hasta la finalización de la secundaria. La baja proporcionalidad de bachilleres de escasos recursos se debe a la pésima formación del sistema público, que no les dota de las herramientas con las cuales competir exitosamente con los egresados de escuelas privadas de calidad en las pruebas de admisión. A eso se añade un entorno familiar que suele ser menos favorable para que un muchacho destaque en sus estudios –dificultad o ausencia de libros, de espacios para concentrarse en sus estudios, de acceso a internet, buena alimentación, seguridad, etc.- lo cual representa un drama social que este régimen, con 16 años en el poder y percibiendo los mayores recursos de toda la historia del país, ha fracasado rotundamente en mejorar. Pretender enrostrarle a las universidades el remedio a tal fracaso, obligándolas a aceptar bachilleres cuyo “mérito” más notorio es el de ser pobres, representa el colmo del cinismo y la irresponsabilidad. Ser pobre NO ES un mérito; es una condición a superar con esfuerzos propios, de la familia y con la provisión de condiciones propicias, por parte del Estado, para que los de menores ingresos puedan aprovechar la igualdad de oportunidades que le confiere la ley. Pero el cinismo de estos “revolucionarios” es aún mayor, pues la UCV y otras universidades nacionales han desarrollado programas dirigidos especialmente a fortalecer las competencias de estudiantes egresados de liceos públicos para que puedan ingresar y desempeñarse exitosamente en la universidad –Programa Samuel Robinson de la UCV- pero el gobierno les niega los recursos para que puedan instrumentarse provechosamente. Una estafa a las aspiraciones de equidad social.

En tercer lugar, la medida que pretende implantar la OPSU desconoce el régimen autonómico de las universidades nacionales, consagrado en la Ley y la Constitución, que propicia que las decisiones en estas Casas de Estudio sean tomadas en apego a criterios académicos que procuran la excelencia. La admisión de nuevos bachilleres es un asunto académico, así como lo es su prosecución en el estudio y graduación, y se debe regirse por las políticas que, al respecto, decide el Consejo Universitario:

Ley de Universidades (vigente):
Artículo 26, Atribuciones del Consejo Universitario, # 9: “Fijar el número de alumnos para el primer año y determinar los procedimientos de selección de aspirantes, según las pautas establecidas por el Consejo Nacional de Universidades en el numeral 6 del artículo 20 de esta Ley.”

Artículo 20, Atribuciones del Consejo Nacional de Universidades, # 6: “Determinar periódicamente las metas a alcanzar en la formación de recursos humanos de nivel superior y, en función de este objetivo y de los medios disponibles, aprobar los planes de diversificación y cuantificación de los cursos profesionales propuestos por los respectivos Consejos Universitarios, y recomendar los correspondientes procedimientos de selección de aspirantes.”

A la OPSU le correspondería el papel de apoyar, técnicamente, la formulación de metas de formación de recursos humanos a decidir en el CNU –conformado por los rectores y el ministro- pero de ninguna manera decidir sobre la admisión. La medida que pretende implantar esta oficina estafa el régimen autonómico de las universidades nacionales.

En cuarto lugar, la medida crea expectativas en los jóvenes que pretende seleccionar para que cursen estudios superiores en las universidades de mayor prestigio, difíciles de cumplir si éstos no poseen la formación adecuada, contribuyendo con su frustración y sensación de fracaso. La prosecución exitosa de estudios de calidad y su grado como profesional competente, en absoluto está asegurada con la mera admisión de un bachiller a una universidad nacional. Por otro lado, aquellos estudiantes que sí poseen los méritos para cursar provechosamente una carrera universitaria pero que no logran entrar por la imposición de criterios ajenos a lo académico, se sientan timados de su derecho al estudio:

Artículo 103 de la Constitución:
“Toda persona tiene derecho a una educación integral de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones. La educación es obligatoria en todos sus niveles, desde el maternal hasta el nivel medio diversificado. La impartida en las instituciones del Estado es gratuita hasta el pregrado universitario…”

La medida de la OPSU es discriminatoria y puede convertirse en una estafa al estudiantado.   

En quinto lugar, la inclusión de los alumnos seleccionados por la OPSU no puede ser a expensas de quienes tienen legítimo derecho a cursar estudios en la UCV y en otras universidades nacionales, por haber demostrado tener los méritos para ello. El Ejecutivo Nacional viene sometiendo a estas universidades a un ahogo presupuestario que dificulta cada vez más el cumplimiento de sus propósitos con la calidad esperada. Adicionalmente, el nivel de remuneración de los profesores y del personal universitario en general, después de años padeciendo de la inflación más alta de América Latina –y ahora del mundo-, es la más baja de la región y no permite cubrir las exigencias de una vida digna. Ello desestimula fuertemente la dedicación a la academia, minando la capacidad de estas instituciones por cumplir con su elevada misión. Ahora se pretende que las universidades nacionales prácticamente dupliquen los alumnos a admitir, pero sin compensar en nada las drásticas insuficiencias que hoy confrontan. La medida de la OPSU es una estafa a la calidad y representa una afrenta a las condiciones de trabajo de profesores y demás personal universitario.

Por último, los especialistas que analizaron la lista de bachilleres que pretende asignarle la OPSU a la UCV llegó a la conclusión que los criterios utilizados para su confección son inauditables, es decir, que no hay forma de saber, con la selección hecha, la metodología ni la ponderación con que supuestamente fueron evaluados los aspirantes. En un gobierno que evidencia de manera creciente estar colonizado por mafias que buscan aprovecharse de la discrecionalidad y falta de transparencia con que se toman las decisiones, de los controles, regulaciones y prohibiciones arbitrarias a las actividades económicas, y de la ausencia de rendición de cuentas para cosechar fabulosos negocios, esta “inauditabilidad” abre una nueva fuente para corruptelas. Además, ningún aspirante podrá reclamar por qué no fue admitido si no conoce cómo fue evaluado:

Artículo 51 de la Constitución:
“Toda persona tiene el derecho de representar o dirigir peticiones ante cualquier autoridad, funcionario público o funcionaria pública sobre los asuntos que sean de la competencia de éstos o éstas, y de obtener oportuna y adecuada respuesta. Quienes violen este derecho serán sancionados o sancionadas conforme a la ley, pudiendo ser destituidos o destituidas del cargo respectivo.”   

La medida que pretende imponer la OPSU representa una estafa para los sanos procedimientos administrativos que deben guiar la gestión pública.

La decisión de la OPSU atenta contra el desarrollo de universidades de calidad, y contraría los principios de democracia, universalidad y equidad que fundamentan su acción. Parece obedecer a una acción desesperada por ganarse el favor de una generación de jóvenes que han visto frustradas sus aspiraciones de futuro por las políticas gubernamentales, en vísperas de unas elecciones nacionales. Con razón los estudiantes de la Simón Bolívar se refieren a ella como un “Dakazo” académico. Quizás abrigan la vana ilusión de dominar eventualmente el voto estudiantil, privilegiando la admisión de los suyos. Más allá, esta medida se inscribe en el propósito de destruir las universidades nacionales, que viene exhibiendo el régimen desde sus inicios. A la oligarquía milico-civil que nos desgobierna no le conviene la existencia de universidades críticas, capaces de desmontar las mentiras con que pretende legitimarse y denunciar los errores, injusticas y barbaridades con que ha venido destruyendo el país. Al fascismo no le interesa que se discuta el “qué” ni el “por qué” que animan toda investigación académica; les interesa solo el “cómo” instrumental. El “qué” y el “por qué” son para ellos verdades reveladas en los mitos épicos y mistificaciones maniqueas que inspiran su vocación desmedida de poder. Quieren “universidades” que sirvan para ampliar su dominio sobre la sociedad: todo lo que sirva para reforzar su control del poder. Pero esto que pretenden no es una Universidad.

En momentos en que la caída en los precios de exportación del barril de crudo pone de manifiesto que el bienestar de la población no puede supeditarse al incremento de la renta petrolera, debería ser responsabilidad del Ejecutivo poner en marcha políticas que estimulen el desarrollo productivo del país como fundamento imperioso de toda mejora sostenible en sus niveles de vida. En este empeño las Universidades Nacionales tienen un papel crucial que jugar. La riqueza y prosperidad de las naciones depende hoy de la aplicación provechosa del talento en la búsqueda de soluciones a los diversos problemas que afectan a la humanidad. Así lo demuestran los países más avanzados y exitosos del globo. La misión central de las universidades es precisamente formar estos talentos con altos niveles de calificación, capaces de interactuar con las fronteras del conocimiento mundial para poder asimilar sus avances y poder traducirlos en respuestas eficaces a los desafíos del desarrollo.

Los profesores UCVistas estamos comprometidos a velar por que la Universidad cumpla los propósitos para los cuales fue creada. No podemos permitir aquello de que se quejaba un ilustre profesor alemán, ante la obsecuencia de las universidades de aquel país ante los designios del totalitarismo nazi:

“Las universidades alemanas faltaron, cuando todavía había tiempo, en oponerse públicamente, con todo su poder, a la destrucción del conocimiento y del estado democrático. Fallaron en mantener el faro de la libertad y del derecho encendido durante la noche de la tiranía”.
Profesor Julius Ebbinghaus, Shirer, The Rise and Fall of the Third Reich, Simon and Schuster, 1966, Pág. 251-2.[1]

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