Los actos de terrorismo y de violaciones a los derechos humanos deben ser el tópico prioritario en las Naciones Unidas para llegar a acuerdos de alcance mundial que permitan erradicar esos flagelos.
Es inaceptable que en el siglo XXI ocurran estas demostraciones de barbarie que son posibles por el apoyo directo o indirecto de algunos gobiernos. No cabe justificación alguna, sea por alegados motivos religiosos, por imponer algunas llamadas revoluciones, para presionar por la independencia de un territorio o por la ambición de un autócrata de permanecer en el poder.
Sin duda son terroristas son los que asesinaron en Francia a trabajadores de la revista Charlie Hebdo, los del grupo Boko Haram que secuestran niñas en Sudán, los que lanzan cohetes desde la Franja de Gaza hacia Israel, los chiitas que atentan contra sunitas y a la inversa, los integrantes de las Farc, del ELN y paramilitares en Colombia, más de medio siglo de Régimen Castrista, los hoy arrepentidos de ETA en España y del IRA en Irlanda del Norte, los que asesinaron estudiantes en México, pero también los que por mantenerse en el poder desatan un terrorismo de estado para combatir a sus adversarios.
¡Ya basta!
El mundo civilizado no puede permanecer indiferente ante estos actos de barbarie. Ningún gobierno que apoye estos hechos bochornosos o que los practique pude alegar su soberanía para oponerse a las intervenciones que debería realizar una coalición de países democráticos por mandato de la ONU.
La situación ha llegado a un grado tal de gravedad que hoy en día nadie está a salvo y con el tiempo la situación se agravará si no se toman medidas contundentes en contra de los gobiernos que apoyan o que practican el terrorismo. La violación a los derechos humanos es un acto de terrorismo practicado por cuerpos militares o paramilitares autorizados por autócratas que no aceptan la disidencia. Regímenes como los de Cuba, Siria, Bielorrusia y Zimbawe no deben existir. Tampoco el encabezado por Maduro ya que, aunque hay una gran diferencia cuantitativa, no es menos cierto que en Venezuela también se violan los derechos humanos, tanto por las policías del estado, como por integrantes de la Fuerza Armada y por grupos paramilitares oficialistas eufemísticamente denominados colectivos.
En algunos casos será necesaria la intervención de fuerzas militares, pero en otras sería suficiente una ruptura de relaciones diplomáticas, una condena moral como puede ser la expulsión de la ONU y de otros organismos internacionales o sanciones a individualidades. Los bloqueos económicos han demostrado ser contraproducentes por afectar más a la población que a los gobernantes violadores. En el caso de Venezuela sería suficiente una condena de la mayoría de los países democráticos. El resto del trabajo nos corresponde a los venezolanos. Seguramente esta petición es una utopía, pero en algún momento, por simple supervivencia, las principales democracias del mundo deberán tomarlas y ojala no sea tarde.
eddiearamirez@hotmail.com Noticiero Digital, 8/1/15
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