DECLARACION POR LA CONSTITUYENTE

Venezuela se encuentra inmersa en un proyecto totalitario que dejó de ser amenaza para convertirse en realidad.

De manera acelerada el régimen controla la vida individual y colectiva, conduce a la república a su ruina moral y material, destruye el Estado de Derecho, coloca a las instituciones al servicio de su poder ilegítimo y ejerce la represión como instrumento para detener la protesta social y perpetuarse en medio del terror y la desesperanza.

En el empeño de destruir lo que llaman el viejo modelo, los protagonistas de este nefasto proceso han desmembrado el Pacto Social que normó la convivencia y nos garantizó una sociedad democrática y pluralista, dejando como resultado el caos que sufre el país en todos sus órdenes.

El régimen practica el despilfarro y el enriquecimiento ilícito, y en tiempos de la mayor bonanza, luego de ser dispendioso y regalón, se transforma en pordiosero que acumula hoy la deuda pública más grande de nuestra historia; a cambio, petróleo y riquezas básicas quedan hipotecadas en oscuras transacciones.

Las ilegales expropiaciones y la pésima administración de las empresas estatizadas, extinguen la generación de riqueza estable y de bienes y servicios, necesarios para garantizar la calidad de vida de la población. Se destruye la industria nacional, la producción interna y el empleo, y como consecuencia de ello, nuestro signo monetario, el Bolívar Fuerte, es la moneda más débil de todo el continente. Mientras tanto los índices de corrupción, de inflación y de escasez son los más altos de la región situándose al lado de los existentes en los países más pobres e inseguros del mundo.

Nos convertimos en una economía de puerto que amarrada a las mafias cambiarias, exhibe la más espantosa corrupción conocida en nuestra historia republicana. La inseguridad jurídica y la concepción estatista del régimen liquidan la inversión extranjera y nos distancian del progreso y el desarrollo logrados por otros países de América Latina. Y ahora, sin recursos que aportar al festín populista, se evidencian en su verdadera dimensión el crecimiento gigantesco de la pobreza y la miseria, con graves trastornos sociales que se materializan en el auge de la delincuencia, el crimen y la inseguridad. Las protestas laborales, ante el incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del Estado- Patrón, paralizan continuamente a nuestras empresas básicas, sin que el reclamo de la clase trabajadora sea escuchado. Petróleos de Venezuela sufre el deterioro ocasionado por el negociado, por la ineficiencia y por la distorsión de los fines propios de la industria. Financiera y gerencialmente, PDVSA  es una triste caricatura de lo que ayer fue la más fuerte y más sólida base de nuestra economía.

La revolución que enarboló las banderas del nacionalismo deja languidecer nuestra histórica reclamación en el Esequibo. Y la calculada indolencia de la Cancillería  pone en riesgo el ejercicio de la soberanía sobre nuestro Mar Territorial, hoy diligentemente reclamado por la vecina república de Guyana. Sobre nuestras extensas y abandonadas fronteras el gobierno real es ejercido por  las FARC, el ELN y demás grupos irregulares que establecen allí paraísos de narcotráfico, subversión y delincuencia internacional. Esto lo sufren los habitantes de esas poblaciones y lo saben los militares a quienes se les impide, por orden superior, ejercer la protección de la integridad territorial. Sin duda, la aparente negligencia en estos temas vitales para nuestra soberanía, forma parte del tutelaje que la dictadura cubana ejerce sobre la nuestra, en atención a sus intereses geopolíticos y estratégicos.

La violación de las libertades de expresión y de información es práctica cotidiana del sistema impuesto. Durante quince años hemos derivado hacia la institucionalización de la autocensura y de la censura. El cierre de televisoras y emisoras de radio, la compra de medios de comunicación, el monopolio partidista de  televisoras y radioemisoras del Estado, así como la restricción del papel periódico, establecen el silencio informativo y la desinformación. Estas medidas son reforzadas por tribunales que penalizan la opinión e impiden la denuncia, y por el establecimiento de normativas ilegales que agilizan los mecanismos represivos y de coacción.

Las instituciones partidistas, las organizaciones de la sociedad civil, los gremios estudiantiles, obreros y profesionales son amenazados e impedidos muchas veces de desarrollar sus actividades, al ser perseguidos y detenidos sus dirigentes y militantes.  Como consecuencia de la ofensiva represora, más de cuarenta venezolanos murieron en las jornadas de protesta cívica iniciadas en febrero de este año. Centenares han sido heridos, torturados y vejados por  ejercer sus derechos, y miles han sido apresados o sometidos a régimen de presentación. Un compatriota muere, testimoniando con su protesta la resistencia al ilegal despojo de sus tierras. Y violentando garantías universalmente consagradas, se niegan medidas humanitarias a prisioneros del régimen enfermos de gravedad e ilegalmente enjuiciados y condenados. Hemos vuelto en pleno siglo XXI a los tiempos de la cárcel, la tortura y el exilio.

La Asamblea Nacional, institución que de acuerdo con la Constitución Bolivariana debería representar a la voluntad popular, es desvirtuada de su legítimo rol y convertida en cuota de poder de uno de los más intransigentes e iracundos personajes de la cúpula oficialista. Conformada de acuerdo con la tramposa matemática del CNE, la lista menos votada en las elecciones parlamentarias pasó a ser la mayoría que impide, mediante métodos infamantes, el ejercicio legislativo y de control que corresponde al parlamento. Alcaldes de oposición, electos por abrumadora mayoría, fueron destituidos y condenados a prisión. Los recursos que corresponden a las gobernaciones y al poder municipal son escamoteados y se condicionan de acuerdo a los intereses y caprichos del gobierno central.  Por encima de la Constitución, en nuestro país se ha consagrado un rígido centralismo y una abusiva concentración del poder.

Acosado por la presión popular que tomó las calles y enfrentó la maquinaria represiva, Nicolás Maduro simuló unas  jornadas de diálogo, utilizando a gobiernos socios con el fin de cubrir la apariencia democrática y de quitarles los efectos políticos a las manifestaciones de descontento colectivo. Las exigencias de los grupos económicos y sociales, y de los dirigentes de oposición fueron desestimadas, y tan sólo días después de ocurridos los encuentros, el régimen continuó su política de persecución y la implementación de sus planes totalitarios.   

Al revisar estos hechos- que forman parte del proceso de destrucción de la vida democrática-, queremos asumir ante el país la responsabilidad de trabajar por la recuperación de la legalidad, por el retorno a la libertad, por la reconciliación nacional y el progreso con justicia social como derechos comunes de todos y cada uno de los venezolanos.

La inexistencia del Estado de Derecho, la violación permanente de la Constitución y de las leyes, y el caos generalizado en el que se hunde aceleradamente nuestra patria nos imponen la necesidad de promover una poderosa corriente de opinión que canalice, a través de un proceso constituyente, los anhelos mayoritarios de cambio democrático y constitucional.

Nos encontramos a las puertas de una gran conmoción. Una salida de fuerza pudiera producirse si el liderazgo civil no asume firmemente la conducción de este difícil momento. En la crucial hora histórica que vivimos no hay una tarea distinta, ni más importante. La vía constituyente promovida por iniciativa popular, de acuerdo con lo que establecen los artículos 347 y 348 de la Carta Magna, constituye el mecanismo mediante el cual una vasta movilización ciudadana puede lograr la restructuración del Estado, la relegitimación de las instituciones y la normalización de la vida nacional.

La Asamblea Nacional Constituyente, producto de la iniciativa popular, es el único mecanismo viable en el marco constitucional para unir a los venezolanos en el esfuerzo impostergable de un cambio urgente, profundo, incluyente y participativo. La Asamblea Nacional Constituyente, así concebida, representa el verdadero encuentro y el auténtico diálogo nacional, en el que el pluralismo y la democracia resurjan desde su fuente primaria: la voluntad popular.

Frente a quienes, con razón, afirman que los procesos constituyentes venezolanos han sido instrumentos de legitimación de actos de fuerza o de construcción de hegemonías, nosotros creemos que hoy, por primera vez en nuestra historia y precisamente mediante ese mecanismo, la sociedad plural puede reconstruirse  por sí misma y consagrar por sus propias manos un verdadero modelo democrático y participativo.

En relación con la propuesta de concentrar todos los esfuerzos en ganar la elección de la Asamblea Nacional el próximo año, estimamos que aun en el caso de una contundente victoria en esas votaciones, una Asamblea Nacional electa sin alterar la ilegitimidad institucional impuesta por el régimen,  no tendría ni fuerza ni competencias suficientes como para enderezar el rumbo tormentoso que lleva el país, y seguramente desde las trincheras de los otros Poderes Públicos secuestrados por el régimen se burlarían las decisiones de ese débil y acosado Poder Legislativo.  

Igualmente expresamos nuestro desacuerdo con aquellos que proponen esperar el año 2016 para intentar un referéndum revocatorio del mandato presidencial. Esta propuesta desestima la gravedad de la tragedia venezolana y pone de relieve la insensibilidad y la resignación de algunos sectores frente a la destrucción de la república.

Reiteramos la necesidad de sustituir al actual gobierno y al actual sistema en el tiempo más cercano posible, y dentro de los términos que de forma meridianamente clara establece la Constitución. Sólo así podremos impulsar la reconciliación nacional, la recomposición del Estado Democrático y la construcción de un país soberano y digno.