El régimen practica el despilfarro y el enriquecimiento ilícito, y en tiempos de la mayor bonanza, luego de ser dispendioso y regalón, transforma al país en un pordiosero, amarrado a la deuda pública más grande de su historia. A cambio, petróleo y riquezas básicas quedan hipotecados en oscuras transacciones
Julio César Moreno León
Venezuela se encuentra inmersa en un proyecto totalitario
que dejó de ser amenaza para convertirse en realidad.
De manera acelerada el régimen controla la vida individual y
colectiva, conduce a la república a su ruina moral y material, destruye el
Estado de Derecho, coloca a las instituciones al servicio de su poder ilegítimo
y ejerce la represión como instrumento para detener la protesta social y
perpetuarse en el gobierno, utilizando el terror y alimentando la desesperanza.
En el empeño de destruir lo que llaman el viejo modelo, los
protagonistas de este nefasto proceso han desmembrado el Pacto Social que normó
la convivencia y nos garantizó una sociedad democrática y pluralista, dejando
como resultado el caos que sufre el país en todos sus órdenes.
El régimen practica el despilfarro y el enriquecimiento
ilícito, y en tiempos de la mayor bonanza, luego de ser dispendioso y regalón,
transforma al país en un pordiosero, amarrado a la deuda pública más grande de su
historia. A cambio, petróleo y riquezas básicas quedan hipotecados en oscuras
transacciones.
Las ilegales expropiaciones y la pésima administración de
las empresas estatizadas, extinguen la generación de riqueza estable y de
bienes y servicios, necesarios para garantizar la calidad de vida de la
población. Se destruye la industria nacional, la producción interna y el
empleo, y nuestro signo monetario, el Bolívar Fuerte, es la moneda más débil de
todo el continente. Mientras tanto los índices de corrupción, de inflación y de
escasez son los más altos de la región situándose al lado de los existentes en
los países más pobres e inseguros del mundo.
Nos convertimos en una economía de puerto que atrapada por
las mafias cambiarias, exhibe la más espantosa corrupción conocida en nuestra
historia republicana. La inseguridad jurídica y la concepción estatista del
régimen liquidan la inversión extranjera y nos distancian del progreso y el
desarrollo logrados por otros países de América Latina. Y ahora, sin recursos
que aportar al festín populista, se evidencian en su verdadera dimensión el
crecimiento gigantesco de la pobreza y la miseria, con graves trastornos
sociales que se materializan en el auge de la delincuencia, el crimen y la
inseguridad.
Las protestas laborales, ante el incumplimiento de las
obligaciones contractuales por parte del Estado- Patrón, paralizan
continuamente a nuestras empresas básicas, sin que el reclamo de la clase
trabajadora sea escuchado.
Petróleos de Venezuela sufre el deterioro ocasionado por los
negociados, por la ineficiencia y por la distorsión de los fines propios de la
industria. Financiera y gerencialmente, PDVSA
es una triste caricatura de lo que ayer fue la más fuerte y más sólida
base de nuestra economía. La explosión de la refinería de Amuay, con su trágico
saldo de muerte y destrucción, así como otros graves accidentes, cuyas causas
quedan ocultas en la maraña de las complicidades, son pruebas de la salvaje
ineficiencia de quienes han tomado por asalto el manejo de la industria
petrolera.
La revolución que enarboló las banderas del nacionalismo
deja morir nuestra histórica reclamación en el Esequibo. Y la calculada
indolencia de la Cancillería pone en
riesgo el ejercicio de la soberanía sobre nuestro mar territorial, hoy
diligentemente reclamado por la vecina República Cooperativa de Guyana.
En nuestras extensas y abandonadas fronteras el gobierno
real es ejercido por las FARC, el ELN y
demás grupos irregulares que establecen allí paraísos de narcotráfico,
subversión y delincuencia internacional. Esto lo sufren los habitantes de esas
poblaciones y lo saben los militares a quienes se les impide, por orden
superior, ejercer la protección de la integridad territorial. Sin duda, la negligencia en estos temas vitales para
nuestra soberanía, forma parte del tutelaje que la dictadura cubana ejerce
sobre la nuestra, en atención a sus intereses geopolíticos y estratégicos.
La violación de las libertades de expresión y de información
es práctica cotidiana del sistema impuesto. Durante quince años hemos derivado
hacia la institucionalización de la autocensura y de la censura. El cierre de
televisoras y emisoras de radio, la compra de medios de comunicación, el
monopolio partidista de televisoras y
radioemisoras del Estado, así como la restricción del papel periódico,
establecen el silencio informativo y la desinformación. Estas medidas son
reforzadas por tribunales que penalizan la opinión e impiden la denuncia, y por
el establecimiento de normativas ilegales que agilizan los mecanismos
represivos y de coacción.
Las instituciones partidistas, las organizaciones de la
sociedad civil, los gremios estudiantiles, obreros y profesionales son amenazados
e impedidos en el desarrollo de sus actividades, al ser perseguidos y detenidos
sus dirigentes y militantes.
Como consecuencia de la ofensiva represora, más de cuarenta
venezolanos murieron en las jornadas de protesta cívica iniciadas en febrero de
este año. Centenares han sido heridos, torturados y vejados por ejercer sus derechos, y miles han sido
apresados o sometidos a régimen de presentación.
Hace apenas unos años, el compatriota Franklin Brito murió,
testimoniando con su protesta la resistencia al ilegal despojo de sus tierras.
Y violentando garantías universalmente consagradas, se niegan medidas
humanitarias a prisioneros del régimen enfermos de gravedad e ilegalmente
enjuiciados y condenados. Hemos vuelto en pleno siglo XXI a los tiempos de la
cárcel, la tortura y el exilio.
La Asamblea Nacional, institución que de acuerdo con la
Constitución Bolivariana debería representar a la voluntad popular, es
desvirtuada de su legítimo rol y convertida en cuota de poder de uno de los más
intransigentes e iracundos personajes de la cúpula oficialista.
Conformada de acuerdo con la tramposa matemática del CNE, la
lista menos votada en las elecciones parlamentarias pasó a ser la mayoría que
impide, mediante métodos infamantes, el ejercicio legislativo y de control que
corresponde al parlamento.
Alcaldes de oposición, electos por abrumadora mayoría,
fueron destituidos y condenados a prisión. Los recursos que corresponden a las
gobernaciones y al poder municipal son escamoteados y se condicionan de acuerdo
a los intereses y caprichos del gobierno central. Por encima de la Constitución, en nuestro
país se ha consagrado un rígido centralismo y una abusiva concentración del
poder cuya naturaleza es claramente dictatorial.
Acosado por la presión popular que tomó las calles y
enfrentó la maquinaria represiva, Nicolás Maduro simuló unas jornadas de diálogo, utilizando a gobiernos
socios con el fin de cubrir la apariencia democrática y de quitarles los
efectos políticos a las manifestaciones de descontento colectivo. Las
exigencias de los grupos económicos y sociales, y de los dirigentes de
oposición fueron desestimadas, y tan sólo días después de ocurridos los
encuentros, el régimen continuó su política de persecución y la implementación
de sus planes totalitarios.
Frente a estos hechos, que forman parte del proceso de
destrucción de la vida democrática, queremos asumir ante el país y ante nuestra
conciencia la responsabilidad de trabajar por la recuperación de la legalidad,
por el retorno a la libertad, por la reconciliación nacional y el progreso con
justicia social como derechos comunes de todos y cada uno de los venezolanos.
La inexistencia del Estado de Derecho, la violación
permanente de la Constitución y de las leyes, y el caos generalizado en el que
se hunde aceleradamente nuestra patria nos imponen la necesidad de promover una
poderosa corriente de opinión que canalice, a través de un proceso
constituyente, los anhelos mayoritarios de cambio democrático y constitucional.
Nos encontramos a las puertas de una gran conmoción. Una
salida de fuerza pudiera producirse si el liderazgo civil no asume firmemente
la conducción de este difícil momento. En la crucial hora histórica que vivimos
no hay una tarea distinta, ni más importante.
La vía constituyente promovida por iniciativa popular, de
acuerdo con lo que establecen los artículos 347 y 348 de la Carta Magna, es el
mecanismo mediante el cual una vasta movilización ciudadana puede lograr la
restructuración del Estado, la relegitimación de las instituciones, el retorno
de los miles de venezolanos ausentes de su patria, la libertad inmediata de los
presos políticos y la normalización plena de la vida nacional.
Afianzados en esos valores avanzaremos hacia el Estado
Federal de Poder Descentralizado que ha permitido a naciones de primer mundo
alcanzar la más alta calidad de vida y los mejores niveles de desarrollo
humano. Sólo así superaremos el modelo centralista y clientelar que ha sido una
de las más importantes causas históricas de nuestro atraso y subdesarrollo.
La Asamblea Nacional Constituyente, producto de la
iniciativa popular, es el único mecanismo viable en el marco constitucional
para unir a los venezolanos en el esfuerzo impostergable de un cambio urgente,
profundo, incluyente, participativo y descentralizador. La Asamblea Nacional
Constituyente, así concebida, representa el verdadero encuentro y el auténtico
diálogo nacional, en el que el pluralismo y la democracia resurjen desde su
fuente primaria: la voluntad popular.
Frente a quienes, con razón, afirman que los procesos constituyentes
venezolanos han sido instrumentos de legitimación de actos de fuerza o de
construcción de hegemonías, nosotros creemos que hoy, por primera vez en
nuestra historia y precisamente mediante ese mecanismo, la sociedad plural
puede reconstruirse por sí misma y
consagrar por sus propias manos un verdadero modelo democrático y
participativo.
Y en relación con la propuesta de concentrar todos los
esfuerzos en ganar la elección de la Asamblea Nacional el próximo año, estimamos
que aun en el caso de una contundente victoria en esas votaciones, una Asamblea
Nacional electa sin alterar y superar la ilegitimidad institucional impuesta
por el régimen, no tendría ni fuerza ni
competencias suficientes como para enderezar el rumbo tormentoso que lleva el
país, y seguramente desde las trincheras de los otros poderes públicos
secuestrados por el régimen se burlarían las decisiones de ese débil y acosado poder
legislativo.
Igualmente expresamos nuestro desacuerdo con aquellos que
proponen esperar el año 2016 para intentar un referéndum revocatorio del
mandato presidencial. Esta propuesta desestima la gravedad de la tragedia
venezolana y pone de relieve la insensibilidad y la resignación de algunos
sectores frente a la destrucción de la república.
Reiteramos la necesidad de sustituir al actual gobierno y al
actual sistema en el tiempo más cercano posible, y dentro de los términos que
de forma meridianamente clara establece la Constitución. Sólo así podremos
impulsar la reconciliación nacional, la recomposición del Estado Democrático y
la construcción de un país soberano y digno.
CARACAS, AGOSTO DE 2014
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