La Academia Nacional de Ciencias Económicas, en
cumplimiento de sus atribuciones, de acuerdo con el Artículo 2º, numeral 4, de
su Ley de creación, se dirige al Gobierno y a la opinión pública nacional con
relación a las medidas económicas anunciadas por el Gobierno Nacional.
Los problemas económicos de inflación, escasez y
desempleo que Venezuela está padeciendo en los actuales momentos no tendrían
razón de ser si no fuera por la insistencia reiterada del Gobierno Nacional en
tomar medidas contrarias y contraproducentes a las posibilidades de desarrollo
sostenido que permiten los recursos naturales, el capital y el talento humano
con que cuenta el país.
La economía venezolana ha sido expuesta durante los
últimos años a una serie de medidas que han generado importantes desequilibrios
macroeconómicos, afectando seriamente el funcionamiento del sistema económico
interno, especialmente en su capacidad para proveer los bienes y servicios
requeridos para mantener y mejorar el nivel de vida de la población, así como
para incrementar el empleo productivo.
La exagerada expansión del gasto del sector público,
financiado en buena medida con endeudamiento, y la emisión monetaria sin
respaldo por parte del Banco Central de Venezuela, en un marco de hostigamiento
a la actividad económica privada, de inseguridad jurídica y desestimulo a la
inversión, destacan como causas fundamentales del extraordinario proceso
inflacionario que hoy nos afecta.
Asimismo, la escasez de divisas, la incertidumbre
sobre el desenvolvimiento del tipo de cambio, el ineficiente manejo de las
empresas expropiadas por parte del Estado y las distorsiones que los controles
de precios han creado en el funcionamiento de los mercados de bienes, servicios
y factores, deben añadirse como elementos que contribuyen a que Venezuela sea,
ya desde hace varios años, el país con la más elevada tasa de inflación y con
las peores expectativas de crecimiento en América Latina.
Es de destacar que tanto en la esperada alocución del
Presidente de la República del 15 de enero de 2014 como en la del
Vicepresidente para el Área Económica del 22 de enero, ninguna de las medidas
anunciadas permite concluir que se están tomando decisiones de política
económica dirigidas a corregir los desequilibrios y distorsiones estructurales
que hemos señalado como causas fundamentales de los severos problemas
económicos que nos aquejan.
En cuanto a las medidas de política cambiaria anunciadas,
debemos alertar que la devaluación del bolívar, que resulta de trasladar una
porción de las transacciones externas corrientes desde una tasa de cambio de
Bs. 6,30 por dólar a la tasa que prevalece en el llamado Sistema Complementario
de Administración de Divisas (SICAD) no resuelve el problema de la
significativa apreciación de nuestra moneda, factor que tanto daño ha hecho al
desarrollo del aparato productivo interno.
Por otra parte, los anuncios no reducen la incertidumbre
respecto a la disponibilidad de divisas y los tipos de cambios que deberán
afrontar los diferentes sectores de la economía. Asimismo, existen serias dudas
sobre la suficiencia y sostenibilidad del régimen cambiario anunciado, dado el
evidente déficit en la oferta global de divisas, si se tiene en cuenta el
comportamiento histórico reciente de las importaciones de bienes y servicios
del país.
Es un hecho que preocupa sobremanera que la relación
entre la liquidez monetaria y las reservas internacionales, que ya superaba en
más de nueve veces el tipo de cambio oficial para finales de 2013, se siga
expandiendo sin restricciones. La profundización del desequilibrio cambiario y
monetario propicia expectativas adversas que seguirán generando una demanda por
dólares a niveles que superan largamente su oferta a los precios
oficiales.
Al mantener ilegalizada toda transacción con divisas no
realizada a los precios oficiales, es inevitable que continúe operando un
mercado negro donde el tipo de cambio seguirá siendo bastante elevado. Como lo
prevé la teoría económica, el racionamiento de las divisas producto del régimen
de control de cambios estimula un comportamiento especulativo que incrementa la
demanda por dólares “baratos” mientras dispara su precio en el mercado ilegal,
dando lugar a una generalizada corrupción que incrementa aún más las
distorsiones y la ineficiencia en el mercado cambiario. Lamentablemente,
además, el precio del dólar en el mercado ilegal se ha convertido en una
importante referencia para la fijación de precios en muchas transacciones
domésticas.
Pretender combatir la inflación, como insiste el Gobierno,
acentuando los controles de precios, conducirá inevitablemente a mayores
distorsiones, con graves consecuencias para la economía nacional. La estructura
de precios determina la toma de decisiones de los distintos agentes económicos.
El sistema de precios que hoy prevalece en Venezuela desincentiva la inversión
real en los sectores productivos nacionales, estimula las importaciones y las
actividades especulativas, y sobre todo hace más imperfectos y menos
competitivos los mercados, potenciándose los efectos negativos sobre el empleo,
los salarios y el desabastecimiento.
Seguir atribuyendo la escasez y la falta de inversión a
acciones perversas de quienes, a juicio del Gobierno, han desatado una “Guerra
Económica” contra el bien común, obvia la estructura de incentivos que han
propiciado las erradas medidas de política económica a las que hemos aludido.
Es en la radical corrección de estas políticas que debe centrarse la búsqueda
de soluciones y no en respuestas de inspiración bélica o policial que, lejos de
erradicar estas prácticas, aumentan su atractivo.
De la misma manera, centralizar las importaciones, exigir
mayores requisitos e incrementar las penalidades a los infractores, no harán
más que elevar significativamente los costos de la actividad económica en
Venezuela. Pretender controlar, además, las tasas de ganancia elimina el
incentivo principal a la actividad innovadora, condenando el aparato productivo
y comercial al estancamiento y deteriorando aún más el ingreso real de los
asalariados. Cabe señalar que el reforzamiento de los controles y el incremento
de medidas punitivas infringen derechos económicos consagrados en la
Constitución y acentúan la inseguridad jurídica que han venido confrontando las
empresas durante los últimos años. La incertidumbre resultante disuade las
inversiones productivas, sacrifica empleos y alienta la fuga de
capitales.
La Academia Nacional de Ciencias Económicas considera
imperiosa la rectificación de la actual política económica, si es que se quiere
evitar un mayor deterioro de nuestra economía. Insistimos que no es con mayores
controles como se pueden corregir las distorsiones que han propulsado la
inflación, el desabastecimiento, el desempleo y la salida de capitales que
vienen destruyendo el bienestar de los venezolanos. Es menester levantar estos
controles y desmantelar las regulaciones excesivas para sincerar los precios de
los bienes y servicios que se transan en el mercado interno, en un marco de
seguridad jurídica y respeto por los derechos económicos que aliente la
actividad productiva, genere empleos, propicie la sana competencia y reduzca la
dependencia de las importaciones.
Una política macroeconómica que procure restablecer los
equilibrios básicos en los distintos mercados habrá de generar el clima de confianza
necesario para la inversión y el crecimiento económico, para beneficio de la
inmensa mayoría de los venezolanos. En este escenario, debe flexibilizarse el
esquema cambiario con miras a la liberación perentoria de todas las
transacciones en moneda extranjera.
Por último, es imprescindible erradicar el
financiamiento monetario del déficit del sector público, tanto directo como
indirecto. Felizmente el país cuenta aún con una importante capacidad para
generar ingresos por exportaciones de petróleo que, lamentablemente, ha sido
dilapidada por la política equivocada de gerencia del sector petrolero y muy
especialmente de PDVSA.
Aprovechar la potencialidad de los recursos petroleros, a
través de un manejo acertado de la industria, generaría ingresos que,
inteligentemente empleados, podrán paliar los efectos perniciosos sobre el
nivel de vida de algunos sectores de la población que pudiera acarrear,
transitoriamente, la rectificación de políticas que solicitamos, así como
financiar la inversión en infraestructura y en la mejora de los servicios para
la recuperación del aparato productivo.
La Academia Nacional de Ciencias Económicas reitera su
disposición a colaborar con la formulación de los lineamientos que podrían
guiar la rectificación esperada.
Luis Mata Mollejas Presidente
Eduardo Ortiz
Secretario
Caracas, 29 de enero de 2014
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