¿Hoy Petro…
mañana las Farc?
El mensaje
para la democracia es demoledor. Significaría admitir una categoría especial de
ciudadanos: aquellos que están por encima de la Ley. Aceptar el discurso del
Alcalde, es como permitir que él birle la legitimidad y mañana lo hagan los reinsertados
de las Farc
José
Félix Lafaurie Rivera
Diciembre
20 de 2013
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| GUSTAVO PETRO, UN HUMANISTA AL ESTILO CHÁVEZ |
La alcaldía
de Bogotá ha permanecido acéfala en el último lustro. Con Samuel Moreno fuera
de escena –por el carrusel de la contratación– y la pésima administración
actual, la ciudad navega a la deriva. Si los mecanismos de participación
hubieran actuado sin dilación, hace meses que Gustavo Petro habría sido
destituido. Curioso que ahora la Registraduría habilite las urnas
para revocar al Alcalde y que la abogada defensora acuda a notificarse, cuando
antes evadía a los registradores. La estrategia es buscar una suspensión por
parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o a través de recursos que
interponga el ex-fiscal Iguarán ante un juez de garantías, para dar tiempo a la
convocatoria y refrendar el mandato de Petro en las urnas, con el precario
propósito de invalidar la destitución.
Pero Petro
es sólo un eslabón de un engranaje complejo y peligroso. La artimaña está
montada en nombre de la izquierda, la elección popular o el proceso de
paz. La argumentación de que su destitución pone en peligro La Paz en nombre de
una ideología, busca poner en entredicho la Constitución, la Ley y las
instituciones que la soportan. Quienes cuestionamos los diálogos de La Habana,
lo hemos advertido. La Paz no puede ser la claudicación de la sociedad frente a
quienes durante más de 50 años no han dejado de cometer graves violaciones al
DIH. El reclamo de una Constituyente es para imponer su modelo de sociedad, la
misma que Petro intentó imponer violando la ley.
Alcalde
Petro en intervención en la localidad de Keneddy
El mensaje
para la democracia es demoledor. Significaría admitir una categoría especial de
ciudadanos: aquellos que están por encima de la Ley. Aceptar el discurso del
Alcalde, es como permitir que él birle la legitimidad y mañana lo hagan los
reinsertados de las Farc. Bastaría que también argumentaran que son de
“izquierda”, “bolivarianos” o “castro-chavistas” y su desacuerdo con el
modelo de desarrollo, la economía de mercado, la libre empresa o la propiedad
privada, como ocurrió con el esquema de recolección de basuras capitalinas.
El
argumento de la “persecución ideológica” es insustancial. La revocatoria, que
en mayo pasado sumó 641.000 rúbricas –casi el mismo número de
ciudadanos que lo eligió– es una muestra. Un imperativo democrático que fue
obstruido con 224 derechos de petición y tutelas, para callar el reclamo por el
derecho a un buen gobierno. Más aún, la hipótesis de la “exclusión” –la misma
que esgrimen las Farc, improcedente tras la Constitución del 91– no tiene
asidero. ¿Acaso Petro no encarna la tercería de gobiernos de izquierda en la
ciudad? De hecho fundó “Progresistas”, un partido disidente, en
formación, sin programa político ni cuadros en región –entre otras razones para
lavar la imagen de sus predecesores del Polo– y con él alcanzó la alcaldía.
Petro no ha
sido el primero ni el último funcionario destituido e inhabilitado por el
Ministerio Público. Los descabezados –más de mil de todas las corrientes
políticas– deben su fracaso a su propia gestión. Fueron elegidos para
administrar y lo hicieron mal y, lamentablemente, cada día son más los
escándalos por corrupción. Se dirá que no es el caso Petro, pero su estrategia
le costó al bolsillo de los bogotanos más de $60.000 millones, sin contar el
desgreño en otros frentes, que no ha podido solventar.
Es preciso
poner la situación contexto. Aunque la opinión ha dado paso a la
sensatez, para reconocer la actuación en derecho del ente acusador, Petro sigue
aprovechando la coyuntura para desafiar la Ley. Sin embargo, no faltan los que
cuestionan los poderes de la Procuraduría cuando es evidente que, pese a
algunos casos con sanciones desproporcionadas, la corrupción es de lejos el
principal factor que impide al Estado cumplir sus fines sociales. El carrusel
de la contratación de Bogotá es uno más de los que a diario explotan en todas
las regiones y alimentan una recortada democracia, en la que políticos y
contratistas, se quedan con los recursos de los más necesitados.
@jflafaurie
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