GOBIERNO DE ALLENDE (2)

LAS EXPROPIACIONES,

 LA  NACIONALIZACIÓN DEL COBRE.

Julio César Moreno León

 Con el ascenso al poder de la Unidad Popular se inicia el primer intento en el mundo de construir un régimen socialista marxista partiendo de la vía electoral, y en los moldes constitucionales de la democracia representativa. “Socialismo con empanadas y vino”, decían. 

            Una semana después de tomar el poder, el 12 de noviembre de 1970, se reanudan las relaciones con Cuba, posteriormente se abren en Santiago las representaciones de Corea del Norte, la República Popular China, Vietnam, Mongolia, Albania, Hungría; el Gobierno Revolucionario Provisional de Vietnam del Sur; el de Camboya y el de Afganistán.  

En sus primeros meses de gestión, el gobierno expropia algunas empresas, sin contar con el soporte jurídico necesario. Para ello se acude a medidas calificadas por la oposición como “resquicios legales”, poniendo en vigencia un decreto ley del año 1932 que permite declarar de “utilidad pública” a empresas dedicadas a producir o distribuir artículos de primera necesidad. Las expropiaciones vienen precedidas de huelgas y conflictos creados por sindicatos en manos de la Unidad Popular. Al producirse la confrontación obrero-patronal, el gobierno interviene con el fin de detectar las “irregularidades” en el funcionamiento de las fábricas, así como las causas de su baja producción. Se expropian de esta manera, numerosas empresas textiles, de la construcción y de los sectores siderúrgicos y metalúrgicos.

Las confiscaciones realizadas con tan precaria base legal, dan lugar a fuertes enfrentamientos con los grupos de oposición que denuncian dichos procesos. Es así como la Contraloría General de la República, organismo facultado para pronunciarse en el ámbito jurídico sobre las acciones del Ejecutivo, cuestiona al gobierno señalando que las expropiaciones de las empresas textiles ocurren por razones políticas.

Iguales acciones se implementan en el medio rural. Para el nuevo gobierno, la reforma agraria de Frei fracasó debido al paternalismo que la Corporación de Reforma Agraria (CORA) ejerció sobre los agricultores. Según la UP el gobierno de la DC estimuló el individualismo en la clase campesina. Más de 1200 tomas ilegales de tierras promovidas por organizaciones marxistas ocurren en los primeros meses del gobierno popular. La lucha de clases justifica estas acciones. Así lo proclaman sus ejecutantes. El gobierno las permite. La oposición las denuncia. La inestabilidad social comienza a desarrollarse de manera inquietante. En diciembre del año 70, el gobierno anuncia un proyecto de ley de nacionalización de la banca privada, ofreciendo la posibilidad de comprar las acciones de esas instituciones financieras. La banca extranjera procede a vender directamente sus activos al Banco del Estado. La democracia cristiana, y los sectores de derecha representados en el parlamento, cuestionan la medida calificándola de inconstitucional. 

En el proceso de estatización de la economía, la nacionalización del cobre significa para la Unidad Popular el punto de arranque hacia lo que  considera como “la verdadera independencia  de Chile”. De acuerdo con el programa presentado por Allende, la nacionalización debe realizarse sin pagar ningún tipo de indemnización a las empresas trasnacionales, por cuanto estas compañías han obtenido ganancias excesivas en detrimento del patrimonio del Estado. El Presidente presenta un proyecto de reforma de la Constitución, con el fin de dar el más alto rango legal a tan trascendental decisión. La propuesta cuenta con el apoyo de la gran mayoría del país. La democracia cristiana y la Unidad Popular la habían planteado durante la campaña electoral como objetivo estratégico del desarrollo económico. La reforma propuesta, establece la modificación del artículo 10 de la Constitución, con el fin de otorgar al Estado la propiedad sobre todas las minas del país y de cualquier otra riqueza o recurso natural. Con esta medida de rango constitucional, quedan abolidos los convenios firmados durante el gobierno de Frei en su programa de "chilenización del cobre", mediante los cuales el Estado pasó a ser dueño del 51 por ciento de ese sector de la economía. La nación ahora se convierte en propietaria absoluta del cobre chileno. La modificación de la Constitución permite a la Contraloría General de la República, al calcular el monto de las indemnizaciones a las empresas estatizadas, deducir las rentabilidades excesivas obtenidas por éstas a partir de 1955. De esta forma, las expropiaciones se realizan sin ninguna compensación monetaria para las empresas extranjeras afectadas. 

Al anunciarse la trascendental iniciativa gubernamental, las agencias de noticias internacionales transmiten las reacciones negativas de las empresas extranjeras afectadas. Según la Kennecott sus inversiones en Chile ascendían en la Mina de El Teniente a 250 millones de dólares en los últimos años, y perderían  la cuarta parte de su producción total en el mundo al realizarse la nacionalización. Por su parte la empresa Anaconda señala que sus propiedades tenían un valor de 400 millones de dólares, y de esa cantidad 170 millones eran bonos y obligaciones del gobierno chileno. La reforma constitucional mediante la cual la Industria del Cobre pasa a manos del Estado chileno, constituye un importante éxito político para el gobierno de la Unidad Popular, al ser aprobada unánimemente en el Congreso Nacional el 15 de Julio de 1971. Sin embargo esta medida es considerada como una de las causas que contribuyeron al derrocamiento de Salvador Allende. Para Aniceto Rodríguez, quien fuera Secretario General del Partido Socialista, parlamentario, diplomático y figura fundamental de la Unidad Popular, la no indemnización constituyó un error: “una sobrecarga de riesgos mayores que el de optar por una indemnización mínima que neutralizara acusaciones en el plano internacional”. Así lo señala su libro “Entre el miedo y la esperanza”, publicado en 1995 por la Universidad Central de Venezuela. Afirma que la negativa a resarcir a las empresas dio pie a que estas  trasnacionales afectaran la colocación oportuna del mineral  en los mercados europeos, mediante embargos lesivos para la economía chilena en los puertos de desembarque. La acción internacional de las trasnacionales del cobre lesionó la imagen externa del régimen de la UP, y deterioró la credibilidad del país ante  posibles inversionistas.