RECONSTITUCIÓN URGENTE DE
VENEZUELA
Oswaldo Álvarez Paz
No nos resignamos a ser
testigos de la destrucción institucional y moral de la República. Se reduce la
grandeza de una nación que fue ejemplo extraordinario para propios y extraños.
Está agotado el lamento del diagnóstico, hecho con abundancia en estos tiempos.
No hay secretos. Nada funciona bien y todo indica que, mientras este régimen se
mantenga, las cosas irán para peor. Una suerte de resignación pesimista se
apodera del ciudadano común. Abandonado a su propia suerte, sin intérpretes
adecuados, con temor a reaccionar por su cuenta, pero con una rabia interior
que agiganta la indignación con que enfrenta la vida diaria. La mayoría espera
que otros resuelvan por ellos, pero “en un eterno esperar”, como diría Andrés
Eloy Blanco, se les está yendo la vida.
Quienes ni nos rendimos, ni
nos queremos agotar en un electoralismo insuficiente, aunque no lo
abandonaremos, repasamos a diario las opciones del país. La primera y principal,
si todo se mantiene como hasta ahora, es que no pase nada. Eso es lo peor que
podría suceder, la consolidación progresiva del neorégimen, en medio de una
rutina improductiva con retórica de esperanza opositora por el supuesto
crecimiento que obtendremos en sucesivas elecciones. Mientras tanto, cuesta
abajo en la rodada.
La segunda posibilidad se
manifiesta tímidamente en el día a día. Se trata de protestas sectoriales, de
manifestaciones que expresan descontento por situaciones concretas vinculadas a
los servicios públicos y al grave problema de la inseguridad de las personas y
de los bienes. El régimen les quita importancia, los medios las reflejan
parcial y tímidamente, pero siempre queda clara la responsabilidad
gubernamental y la incompetencia para cumplir con sus deberes. Podrían crecer y
poco a poco, coordinarse acciones en respuesta a problemas diversos y sin
conexión, pero que aumenten la movilización popular consecuencia de la rabia
también creciente. Podríamos estar colocados a las puertas de una confrontación
grave, de consecuencias impredecibles por la violencia creciente entre las
partes.
Esto nos lleva a la tercera.
Sin ley ni orden, sin autoridad respetable ni diálogo posible en las
condiciones actuales, entre el gobierno y la oposición, ni siquiera con
sectores representativos de la nación y al borde de una guerra civil, no
declarada formalmente pero existente, podría
darse una intervención militar
de signo desconocido hasta ahora, destinada a ponerle punto final al caos, a
este despelote innegables, o al avance de la ideologización comunista que se
adelanta. La historia está llena de ejemplos. Golpes y contra-golpes de estado
no son ajenos ni a nosotros, ni al resto de Latinoamérica. El cacareado comando
“cívico-militar” de la revolución podría terminar siendo una caricatura de lo
que debe ser un verdadero Alto Mando Militar.
Sin diálogo honesto, sin
respeto al ordenamiento jurídico establecido y sin nada que indique que las
cosas pueden cambiar para bien en el corto y mediano plano, se abre el camino
constituyente como posibilidad cierta para la reconstitución de un país
destruido institucionalmente. Alternativa posible, civilizada y necesaria en
esta coyuntura: Sabemos que no será fácil. Lo cómodo sería convertirnos en
“corchos” para flotar en todas las aguas, incluidas las que corren junto a los
fraudes y violaciones legales de los organismos electorales al servicio del
régimen. Pero si la firmeza es clara y no vacilamos, la Constitución actual de
la República señala el camino a seguir. Establece en el Artículo 347 que el
pueblo es el depositario del poder constituyente originario, pudiendo convocar
por propia iniciativa, directamente, a una Asamblea Constituyente a fin de
transformar el Estado, crear un nuevo orden jurídico y, si fuese necesario,
aprobar una nueva Constitución.
En el Artículo 348 se
establece que el proceso puede iniciarse a partir del 15% de los electores
inscritos en el REP. Y en el 349 se dice que ni el Presidente de la República,
ni ningún otro poder podrán objetar la nueva Constitución, ni impedir las
decisiones de la Asamblea. Como si todo esto fuera poco, el artículo siguiente,
el 350, no es que nos da el derecho, nos obliga a desconocer “cualquier
régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y
garantías democráticas, o menoscabe los derechos humanos”. Suficiente para
actuar, en mi opinión. En la convocatoria pueden establecerse las condiciones
para la elección y disminuir al máximo, las posibilidades de fraude por parte
de las autoridades. La calle impondrá las reglas. Hacerlas respetar es nuestra
obligación.
oalvarezpaz@gmail.com Martes, 23 de julio de 2013
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