El Turbión II Rememoremos:

 

¿Qué respuesta tendría el Gobierno actual, de precipitarse alguna forma de violencia civil como la ocurrida en 1989, y con cuál autoridad, fuerza y poder intervendría?

Corría el año 1989, recién se había inaugurado la segunda administración, como Presidente, de Carlos Andrés Pérez; el país, el sistema democrático y las instituciones venían soportando, de manera incesante, violentos ataques mediáticos que buscaban influir en el imaginario colectivo, la matriz de opinión que degradaba la democracia como sistema y al mismo tiempo creaba una delicada y creciente opinión en el colectivo que insinuaba el rompimiento violento de la paz social, no solo de las clases populares, también en sectores de la institución militar.

 El Presidente Carlos Andrés Pérez intentaba por su parte, junto a su Consejo de Ministros, echar las bases de su programa de gobierno, que reorientara el modelo económico, hasta ahora dependiente de la política petrolera, que facilitase la transición hacia estadios más diversificados y menos susceptibles al vaivén e incertidumbre de los precios del crudo y sus derivados a nivel universal.

Desde el primer momento esta nueva direccionalidad de la política económica tuvo virulentos rechazos de las elites sociopolíticas, de los partidos políticos, del empresariado, del sector financiero, económico y mediático de la Nación. La matriz que se generaba era amenazante, incluía además, desestabilización, violencia social y política, y por si fuera poco, traspasó los vetustos muros políticos de la institución militar. Para nadie es un secreto como se volatilizó este rechazo cuyo centro de gravedad desestabilizador fueron simultáneamente con punto focal en: la población y las Fuerzas Armadas.

Por cierto, las Fuerzas Armadas siempre fueron objeto de penetración ideológica, y Venezuela, siempre, desde 1959, fue penetrada por el Estado Cubano; la revolución guevarista que la 2

Unión Soviética había establecido como parte de un osado plan, como objetivo en Suramérica, durante el conflicto este-oeste.

No solo era Carlos Andrés Pérez el objetivo político y con él la destrucción de la Democracia Venezolana, el pretexto fue el Modelo Económico y las reformas que este implementaría, de allí su nombre descalificador de “paquete neoliberal”. También se resentían por la pérdida de cuotas de poder, de los grandes negocios y otros beneficios directos, las cuotas de poder y la capacidad de influir en las grandes decisiones del gobierno recién inaugurado el 2 de febrero de 1989.

El ardid detonador fue el mediecito del incremento de la gasolina en una economía quebrada que solo tenía 300 millones de dólares en reserva y una cuantiosa obligación por pago de la deuda externa.  

Se planificó, activó y ejecutó un macabro plan de insurgencia civil, el 27 de febrero es fijado como día H; el presidente Carlos Andrés Pérez se hallaba en Barquisimeto. Así pues estallan la violencia descentralizada en Caracas y algunas ciudades del interior. Luego de dos (2) días de violentas manifestaciones armadas, fueron reprimidas primero por la policía y luego por la Guardia Nacional, se da la orden, a pedido de la autoridad civil, para la activación del Plan Ávila, el cual se pone en ejecución “el día 28 de Febrero de 1.989 a las 1800 horas”, se trasladan efectivos del ejército desde el interior para tratar de controlar la poblada que estaba en la calle saqueando y generando mucha violencia, y de francotiradores apostados en las alturas de edificaciones atacando a los efectivos militares. Esto se hizo después de consultar muchas opiniones y decretar el estado de emergencia que dictaba la constitución de 1961.

No se puede ocultar al referirnos a estos actos desestabilizadores y vandálicos que luego se sucedieron, fueron factor muy importante y determinante los grupos radicales. Entre ellos se evidenció la detención de activistas políticos, algunos miembros del actual gobierno y hasta en la oposición, quienes planificaron, activaron y ejecutaron los planes de saqueos a distintos comercios en Caracas. No solo fueron los Céntricos negocios, lo más grave es que no quedó una bodega en pie en el este de Caracas. Muchos de ellos personas de relieve en el actual proceso. Lo importante es la verdad y no el maniqueísmo desatado para tergiversar lo sucedido.

 Importante es la verdad y no el maniqueísmo desatado para tergiversar lo sucedido.

El objetivo y propósito político fue el de producir, como en efecto se logró, una ola desestabilizadora desde los sectores populares del país, con ello, se buscaba igualmente, debilitar al gobierno, hacer impopular sus decisiones políticas y económicas, sin que estas hubiesen llegado a impactar al colectivo. Repito, el objetivo era producir un evento político, social y militar de proporciones inmanejables para precipitar la ingobernabilidad y acelerar la salida del Poder de Carlos Andrés Pérez, tal y como ocurrió en mayo de 1993.

Las acciones iniciales fueron de extrema violencia civil y armada con el empleo de francotiradores, prácticamente imposible controlar por la Policía Metropolitana y la Guardia Nacional, el recalentamiento inducido fue más fuerte en El Valle, donde se disparaba desde las azoteas de los edificios y casas aledañas, con blanco referido a los policías, guardias nacionales y efectivos del Plan Ávila, igualmente sobre Fuerte Tiuna, Palacio de Miraflores, Avenida Sucre, San Martin, San Bernardino y Guarenas entre otros.

Fue muy lamentable, y aun hoy lo sigue siendo, el balance de fallecidos, heridos y pérdidas materiales. Pero también lo es el efecto sembrado en el imaginario ciudadano caracterizado por el temor, desconfianza y credibilidad en las autoridades y funciones que conforman la estructura del Estado venezolano.

Surgen las preguntas, que nadie, hoy por hoy, desea responder:

¿Cómo racionalizar, a la luz de nuestra crítica e ilegítima realidad de gobierno, al concepto político del Estado como Fuerza, Estado como Poder y Estado como Autoridad?.

¿Cómo podía el Estado, defender a los ciudadanos, proteger sus propiedades y otros bienes, ante la violencia política, programada y ejecutada por factores radicales y que desde entonces nadie ha querido investigar y responsabilizar a los actores materiales?. Tal y como lo solicita La Corte Internacional 4

¿Qué respuesta tendría el Gobierno actual, de precipitarse alguna forma de violencia civil como la ocurrida en 1989, y con cuál autoridad, fuerza y poder intervendría?